La clausura del casino Winpot en la ciudad de Pachuca ha levantado sospechas sobre posibles intereses que podrían haber favorecido a su competencia más cercana, el casino Vía Dorada. Este cierre, ejecutado por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), encabezada por Luis Alberto Mercado Hernández, dejó sin empleo a más de 200 personas, pese a que el establecimiento contaba con permisos vigentes para operar.
A pesar de las resoluciones emitidas por un juez federal el 9 y 27 de diciembre, que ordenaban levantar los sellos de clausura, la Copriseh no ha cumplido con lo dispuesto. El casino continúa cerrado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la inacción del gobernador Julio Menchaca Salazar en este caso, así como sobre los posibles beneficios obtenidos por otros actores en la industria del juego.
El casino Vía Dorada, ubicado a menos de un kilómetro de distancia, ha sido señalado como uno de los beneficiarios directos tras el cierre de Winpot. Documentos obtenidos por este medio revelan que dicho establecimiento es operado por las empresas Petolof S.A. de C.V. y Hermes S.A. de C.V., en las cuales figuran como accionistas Elías Marianno Gil Valdez, actual secretario de Administración del estado de Hidalgo, y Juan Carlos Martínez Domínguez, conocido en el ámbito político como “el hombre del pantalón”.
Conexiones que generan sospechas
Elías Marianno Gil Valdez, además de ocupar un alto cargo en el gobierno estatal, es hijo de Sergio Jacinto Gil García, principal accionista de Petolof y señalado en 2022 por presuntamente operar una red de corrupción que exigía pagos irregulares a propietarios de casinos para evitar sanciones. Según denuncias de esa época, Gil García habría facilitado la apertura de un casino en San Jerónimo, en aparente contradicción con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se opone a la apertura de nuevas salas de apuestas.
Por su parte, Juan Carlos Martínez Domínguez ha sido relacionado en diversas investigaciones periodísticas con esquemas de corrupción y desvío de recursos públicos. Entre las acusaciones más relevantes se encuentran su participación en la llamada “Estafa Siniestra”, donde se habrían desviado fondos a través de empresas fachada, así como la venta de tabletas electrónicas con sobreprecio a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Martínez Domínguez también ha sido señalado como una figura clave en el manejo de recursos y contratos gubernamentales durante la administración del exgobernador Omar Fayad. Se le atribuye un papel destacado en la adjudicación de proyectos como el desarrollo del complejo comercial Vía Dorada, ubicado cerca del casino que ahora administra.
El casino Winpot, con más de 18 años de operación, contaba con un amparo y suspensión vigentes que le permitían operar bajo ciertas condiciones, incluyendo áreas exclusivas para fumadores diseñadas según la normativa. Sin embargo, el pasado 4 de diciembre, la Copriseh ordenó la clausura del establecimiento, argumentando presuntas violaciones a la Ley General para el Control del Tabaco.
El incumplimiento de las resoluciones judiciales para levantar los sellos ha generado críticas hacia la administración estatal. Representantes del sector empresarial, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial, han expresado preocupación por la falta de acción para resolver el caso y garantizar los derechos de los empleados afectados.
Los vínculos entre los accionistas de Vía Dorada y funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal han aumentado las suspicacias sobre el motivo real de la clausura de Winpot. La cercanía geográfica entre ambos establecimientos y las conexiones políticas de sus dueños plantean preguntas sobre un posible conflicto de interés que aún no ha sido aclarado.
Mientras tanto, más de 200 familias siguen enfrentando incertidumbre debido a un cierre que, según lo determinado por la justicia federal, debería haber sido revertido hace semanas.
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