La resistencia de las fiscalías frena la búsqueda de los desaparecidos
Foto: Alexa Herrera/ La-Lista

La resistencia de las fiscalías a brindar información y la negación de facilitar los cadáveres que tienen en su poder ha frenado la posible identificación de restos y la búsqueda de personas desaparecidas.

Ese ha sido el principal obstáculo en materia de desaparición de personas, de acuerdo con especialistas y familiares de víctimas de consultados por La-Lista.

Los familiares de víctimas tienen la hipótesis de que muchas de las personas reportadas como desaparecidas deben estar entre los 52 mil cadáveres sin identificar, pero en los últimos tres años el gobierno federal no ha logrado establecer un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para agilizar la búsqueda e identificación de cuerpos.

El pasado jueves 31 de marzo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa para crear un Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). La propuesta tiene el objetivo de identificar los 52 mil cadáveres que están en calidad de desconocidos en los estados, pero los familiares de víctimas de desaparición valoran que este es un esfuerzo más del gobierno federal para impulsar la colaboración con la FGR y sus homólogas estatales.

La legislación no solo trata de crear un centro nacional forense, sino que obliga a los Ministerios Públicos a realizar los actos de investigación que le requiera la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y sus pares estatales. Por esa razón, la iniciativa del Centro Nacional de Identificación Humana ha sido bien recibida por los familiares de víctimas.

La iniciativa “prevé que, dentro del ámbito de sus competencias, las fiscalías coadyuven en la búsqueda forense de las personas desaparecidas, dando atención inmediata a las solicitudes de actos de investigación que requieran control judicial y proporcionando información necesaria y oportuna que tanto la Comisión Nacional como las Comisiones Locales de Búsqueda les realicen”.

Martín Villalobos, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, expresa que la iniciativa del CNIH “representa una gran esperanza para las familias de las víctimas”, ya que el Centro Nacional es una petición que la sociedad civil ha hecho desde el 2017, cuando se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición.

“Este Centro Nacional va a permitir que se ordenen los procesos de identificación y algo muy importante es que la CNB tenga las herramientas para solicitar información a las fiscalías”, dice Villalobos.

El CNIH quedará a cargo de la CNB, cuya titular es Karla Quintana. Esta funcionaria ha advertido sobre el rezago forense que hay en el país y sobre la resistencia de las fiscalías a colaborar en la búsqueda de desaparecidos. Durante el 2020, cuando el Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley para la FGR, Quintana Osuna cuestionó que esa dependencia apelaba a su “autonomía” para no realizar los actos de investigación que le solicitaban en temas de desaparición.

Virginia Garay, otra integrante del Consejo Nacional, reconoce la relevancia del Mecanismo. “Es una esperanza para todas las familias, esto le va a permitir a la CNB y la comisión local de búsqueda tener la información de las fiscalías que, hasta hoy, no quieren colaborar con hacer la identificación de todos estos cuerpos que se encuentran en su resguardo”.

Aunque los familiares de víctimas se muestran contentos con la creación del CNIH, ellos consideran que luego del reto de coordinarse con la fiscalía está el obstáculo de los recursos económicos. La iniciativa del presidente establece que la CNB será la que absorba los gastos del Centro Nacional, pero no se le darán más recursos además de los que ya se le asignaron este año y lo mismo para los años posteriores. Para este 2022, la Comisión Nacional de Búsqueda recibió 747 millones de pesos en presupuesto.

“Sin duda el tema económico siempre ha sido un tema y lo seguirá siendo, pese a que el gobierno federal ha dicho que los recursos económicos son infinitos o que no hay techo presupuestal”, dice Villalobos, quien también pide esperar a que el gobierno defina cómo va a funcionar el CNIH.

La atención a la crisis forense será un proyecto transexenal

Durante el actual sexenio, el gobierno federal ha creado un amplio andamiaje jurídico e institucional en torno a la crisis forense y la desaparición de personas. Uno de los esfuerzos más relevantes es la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un grupo de expertos nacionales e internacionales que se dedicarán a investigar la identidad de los 52 mil cadáveres que se encuentran en los servicios médicos forenses del país.

Fuentes allegadas a dicho Mecanismo explicaron que, de inicio, este grupo de trabajo tiene el objetivo de iniciar labores de identificación en, por lo menos, tres estados de la República. El objetivo es llegar a las entidades federativas que tienen un mayor problema de desapariciones, aunque esto depende de la voluntad que tengan que las fiscalías estatales para abrir sus archivos y permitir el acceso a los cadáveres que tienen en su poder.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los estados que tienen una mayor cantidad de víctimas de desaparición son Jalisco (14 mil 917), Tamaulipas (11 mil 919) y Estado de México (10 mil 752).

Dentro del Mecanismo Extraordinario tienen claro que la atención de la crisis forense será un proyecto transexenal, sobre todo por la falta de personal. Por el momento solo son siete personas quienes conforman el MEIF, con especialidades en Derecho, enfoque psicosocial, identificación forense, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

En estos momentos el Mecanismo Extraordinario ha abierto una convocatoria para contratar a un experto de Ciencia de Datos, un sociólogo o antropólogo social, un científico forense, un médico forense, un antropólogo forense y cuatro técnicos en criminalística.

El gobierno federal ha ofrecido que el MEIF trabaje en un Centro Regional de Identificación en San Luis Potosí, sin embargo, los siete expertos que coordinan el Mecanismo aún no han visitado las instalaciones.

El CNIH, por su parte, debe estar listo tres meses después de que el presidente López Obrador publique su iniciativa en el Diario Oficial de Federación (DOF). Para que esto suceda, el Congreso de la Unión deberá discutir y aprobar la iniciativa de reforma, por lo que no hay una fecha exacta en la que este centro comenzará operaciones.

El MEIF quedó conformado desde agosto del 2021. En sus primeros siete meses de trabajo, los siete expertos coordinadores se han enfocado en diseñar su plan de trabajo. A decir de las personas consultadas para este trabajo, el principal reto del Mecanismo tiene que ver con su relación con las fiscalías estatales, dependencias que siguen dubitativas en cuanto a la apertura de su información.

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