Chiquihuite: damnificados acusan abandono de las autoridades a un año de la tragedia
Maura muestra el lugar donde la piedra afecto su casa. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Maura Ortega ha vivido en medio de la incertidumbre desde hace un año, cuando una piedra de 200 toneladas se desgajó y golpeó su casa en el cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México. La enorme roca cayó justo donde tenía su tienda, un negocio del que dependían cuatro familias y que empezó a funcionar hace siete años.

“¿Cómo hemos sobrevivido? A como Dios nos dio a entender”, dice la señora Maura luego de perder su fuente de trabajo. Relata que el 10 de septiembre de 2021 iba en su cuatrimoto rumbo al mercado y escuchó un estruendo. Al regresar a su casa vio la piedra que también sepultó a cuatro personas que fallecieron y provocó el desalojo de decenas de familias.

La casa de Maura, todavía inacabada y con paredes de ladrillo, fue el último lugar donde la roca impactó. “Si no se hubiera detenido aquí y se hubiera ido por la calle, quién sabe a cuántas personas habría hecho daño”, dice la mujer de 47 años.

A un año del deslave del cerro del Chiquihuite, algunas personas siguen viviendo con miedo y otras tantas se han resignado a quedarse ahí por no tener a dónde ir. Maura es de este segundo grupo, ella regresó a su casa luego de que las autoridades la obligaron a salirse por tres meses por su seguridad, mientras sus hermanos y sus hijos con sus esposas se fueron definitivamente a rentar a otros lugares porque se espantaban con cualquier ruido.

Maura volvió a su casa con su hija de 16 años que ya tiene un bebé y con su esposo, quien es albañil y con los trabajos esporádicos que encuentra trata de mantener a su familia.

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Foto: Alexa Herrera / La-Lista

La tienda de la familia Ortega les garantizaba un ingreso seguro. Primero empezaron vendiendo frutas y verduras, después metieron carne y pollo y al último ya vendían de todo. “Los mismos clientes nos decían ¿por qué no metes refresco o comida?, así fue creciendo el negocio y ya teníamos tres mujeres que nos ayudaban”, recuerda Maura, ahora lejos de esa estabilidad económica.

Luego del deslave, el gobierno municipal entregó tres apoyos mensuales de 5 mil pesos para que las familias damnificadas pagaran una renta en un lugar más seguro, pero después, en enero de 2022, esas ayudas terminaron y los afectados tuvieron que volver a sus hogares en el Chiquihuite, pese al riesgo de que una vez más ocurra un deslave.

La señora Rosa María Constantino, quien vive casi en la punta del cerro, es otra mujer que tuvo que volver a su casa porque no pudo seguir pagando los 3 mil 500 pesos de renta que le cobraban en otra colonia de Tlalnepantla. La señora vive ahí con uno de sus hijos, un hermano y su cuñada.

El deslave también tuvo un efecto negativo en todos ellos. El hermano de Rosa María, quien era uno de los pilares económicos de la familia, tuvo que dejar de reparar televisores para quedarse en su hogar y vigilar que ningún ladrón se llevara sus cosas. Con los meses fue perdiendo su clientela y ahora que intentó volver a trabajar ya no tiene las mismas ganancias.

Rosa María vive a un costado del lugar donde la piedra de 200 toneladas se desgajó, aplastando todo a su paso. Desde su hogar se ve una cruz blanca gigante y otras tres pequeñas dedicadas a las cuatro personas que fallecieron hace un año por el siniestro.

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Rosa María Constantino y María González, dos afectadas por el derrumbe del Cerro del Chiquihuite, al exterior de su hogar. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Cuando volvió a su hogar, Rosa María, de 48 años, se puso a examinar con detenimiento el Chiquihuite. El cerro que ha sido su casa toda la vida nunca fue visto como una amenaza hasta el 10 de septiembre de 2021, siempre se había sentido segura. Pero ahora que ve riesgos y piedras salidas por donde sea. Su temor de que la historia se repita a veces no la deja dormir.

“Ahorita las lluvias se vienen bien recio y luego por los truenos como que vibra, se siente el temblor, nada más estamos esperando a ver a qué hora se viene una piedra y luego una ya ni puede dormir por estar pensando que va a pasar cualquier cosa”, dice.

En la ‘zona cero’ hay cero apoyos

La familias Ortega y Constantino no solo viven en medio de la incertidumbre por la pérdida de sus fuentes de ingresos, sino porque el 8 de octubre de 2021, casi un mes después del siniestro, el gobierno del Estado de México emitió dos decretos para expropiar y demoler las casa de Maura, Rosa María y otras 11. 

El gobierno estatal notificó a las familias que las iban a reubicar y sus hogares actuales serían demolidos por su seguridad, sin embargo, apenas inició la construcción de las nuevas casas, ubicadas a una hora de distancia de donde ocurrió el siniestro. La-Lista visitó el terreno ubicado en Colinas de San José, Tlalnepantla, donde las autoridades planean llevar a los damnificados del Chiquihuite, y no hay ningún inmueble concluido.

Este ha sido un proceso lento. Hasta el 8 de marzo de 2022, cinco meses después del deslave, el gobierno municipal de Tlalnepantla cedió un terreno al gobierno federal para las nuevas casas de los damnificados. El Instituto Nacional de Suelo Sustentable es la dependencia que se encargará de diseñar el programa de construcción de las viviendas. Para este trabajo se solicitó una entrevista a esa institución para conocer el avance del proyecto, pero al cierre de esta edición la petición no fue atendida.

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Predio donde construirán las casas por los afectados del derrumbe del Cerro del Chiquihuite en Atizapan. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Los damnificados del Chiquihuite también acusan el abandono de las autoridades porque dejaron de recibir los apoyos de 5 mil pesos mensuales que les entregaba el gobierno de Tlalnepantla. Cuestionada por este tema, el área de Comunicación Social de esta alcaldía se limitó a decir que esas ayudas las implementó la administración anterior y no explicó por qué las autoridades actuales, encabezadas por el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado, dejaron de entregar este recurso.

Para familias como Maura, de escasos recursos y con su patrimonio afectado por el deslave, la ayuda de 5 mil pesos era una bocanada de aire. Ella utilizaba el dinero para comprar comida y para pagar el transporte público cuando debía ir a alguna oficina de gobierno a comprobar que el inmueble donde vive estaba a nombre de su mamá, Julia Ortega Almanza.

El artículo 3 del decreto de expropiación del gobierno estatal indica que el monto de la indemnización por los terrenos lo fijará el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, pero hasta ahora las familias que serán reubicadas no saben cuánto dinero recibirán por sus predios.

“Dijeron que va a haber reubicación, pero hasta ahorita el gobierno municipal se lava las manos diciendo que ya donaron el terreno. Hasta ahorita no nos han dicho exactamente ni nos han dado un documento donde diga que ya estamos en un censo”, lamenta Maura, quien critica que se enteró de la expropiación de su casa por los medios de comunicación y después las autoridades le notificaron.

“Ahora sí que estamos en la zona cero y hay cero apoyos”, bromea la mujer al recorrer lo que alguna vez fue su tienda. Los estantes están vacíos, los ha tenido que vender uno a uno para sacar algo de dinero. Los refrigeradores, amontonados y apagados desde hace un año, también podrían ser una fuente de ingresos para ella.

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La señora Rosa María, en la puerta de su hogar, en el cerro del Chiquihuite. Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Aunque Maura quisiera reabrir su tienda no podría. Con una fotografía muestra cómo la roca de 200 toneladas afectó el techo de su negocio, que ahora se sostiene con unas vigas de madera y un castillo que su esposo colocó para que el techo no se venga abajo.

Rosa María dice que ella tampoco puede conseguir un trabajo fijo para ayudar a su familia porque en cualquier momento las autoridades municipales, estatales o federales las llaman para tener una reunión de seguimiento a sus casos.

El último encuentro que iba a tener con las autoridades de los tres niveles de gobierno en el ayuntamiento de Tlalnepantla era el pasado martes 6 de septiembre, pero una noche antes recibió un mensaje de WhatsApp de un enlace del gobierno municipal que le avisó que los representantes de Protección Civil federal cancelaron la reunión.

“Nosotros estamos aquí por la necesidad, porque o pagamos renta o comemos. Nos dicen que nos van a reubicar, pero no nos han dicho cuándo ni cómo va a ser. Estamos en cero porque no sabemos ni qué va a pasar con nosotros”, lamenta Rosa María.