Los estados quieren comprar vacunas, pero ¿con qué dinero?
Llegada de cargamentos de vacunas, el 30 de diciembre, en el AICM. Foto: SRE.

Luego de mucha incertidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, antes de enfermarse de Covid-19, que se permitiría que las entidades federativas pudieran comprar vacunas. El gran condicionante que destacaban las autoridades era si habría suficiente producción, es decir, oferta de vacunas. Pero hay otra limitante: ¿quién y cómo se pagara por ellas?

El 25 de enero la Secretaría de Salud autorizó a las 31 entidades federativas, a la Ciudad de México y a la iniciativa privada a que la “coadyuven”, dice el acuerdo, a implementar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, lo cual, incluye la adquisición de dosis.

El gobierno de Nuevo León así como el de Jalisco anunciaron la formación de comités integrados por empresarios, funcionarios y autoridades locales, para estudiar cómo hacerse con vacunas. 

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional también se puso a la búsqueda aunque AstraZeneca y Pfizer les dijeron que la lista de espera llegaba hasta diciembre de 2021, siendo optimistas.

Dependencia del gobierno federal

Pero las vacunas hay que pagarlas. Tradicionalmente, es el gobierno federal quien finanza la mayor parte del funcionamiento de las administraciones estatales. Y a ello se suma que hoy sus finanzas están debilitadas

Solo 1.2 de cada 10 pesos en promedio de que disponen los estados son propios, el 80% (1.7 billones de pesos), los pone el Gobierno federal, según el IMCO con datos de 2018. De este tamaño es la dependencia económica de las entidades respecto de la federación.

“Esta composición lo que nos indica de inicio es que hay pocos recursos disponibles para que los estados puedan destinarlos la compra de vacunas”, explica a La-Lista el coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, Manuel Guadarrama.

Hay dos grandes grupos de recursos que el gobierno federal da a los estados y municipios: las aportaciones federales y las participaciones. En 2019, las primeras representaron 46 de cada 100 pesos del gasto federalizado; las segundas, 37, según el INEGI.

Las participaciones son el único monto de que los gobernadores pueden hacer uso libre, sin condicionantes. Pero a la práctica, las necesidades básicas de los estados las consumen.  

“Ayudan a cubrir todo aquello que no se cubre con aportaciones. Ahí esta gran parte de inversion de los estados, transferencias a municipios, al poder judicial, entre otros. Y además, pagan el gasto corriente, como los sueldos y salarios de los funcionarios”, asegura Guadarrama. “En términos prácticos, las participaciones no tienen libre manejo”, concluye, a no ser que empiecen los recortes en esos rubros.

En el Paquete Económico 2021, además, se redujo el monto de las participaciones en 6.4%; una tendencia a la baja del dinero transferido a las administraciones locales que se arrastra desde 2015, según México Evalúa.

Y a ello, súmele la crisis económica. El IMCO desarrolló un índice de recuperación económica de las entidades federativas. Hasta el tercer trimestre de 2020, 14 de ellas tenían un nivel de recuperación medio o alto, es decir, su economía estaba entre el 91% respecto de un año sin covid y el 101% (en Sonora, este último). El estado más alejado de su crecimiento esperado fue Baja California Sur, con 20 puntos por debajo a lo que hubiese sido su economía sin pandemia.

Desaprovechan impuestos

Pero hay soluciones. Y no son ni nuevas ni sorprendentes, porque los gobernadores tienen impuestos propios en sus manos y deciden no utilizarlos. De 18 que podrían proporcionarles ingresos, en promedio, solo se usan seis, según el IMCO. 

En un cajón quedaron el impuesto sobre actividades industriales, el de actividades mercantiles y el de explotación de minas. Solo a título de ejemplo, Quintana Roo fue el único que cobró por actividades industriales en 2018.

Los más rentables son el impuesto a la nómina, que les da 7 de cada 10 pesos que recaudan; el de hospedaje (0.3 de cada 10), y el de loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos.

Y luego esta el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, un instrumento que no solo ayudaría a incrementar los ingresos propios, sino que tiene gran potencial para reducir las desigualdades sociales (se podría hacer progresivo, es decir, no pagaría igual quien tiene un Nissan Suru que quien tiene un Tesla) y la crisis climática (quién más contamina, más paga).

“Es un gran instrumento de populismo fiscal”, explica el economista Carlos Brown. “Se eliminó para ganar elecciones, y ahora tienes automóviles de lujo en la Ciudad de México que se emplacan en Morelos porque ahí no pagan tenencia”, asegura. 

En 2019 solo 14 estados cobraron este impuesto, según México Evalúa, una tendencia a la baja que viene registrándose desde 2014. Para el 2021, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que subsidiaría el 100% de la cuota para quienes tengan un vehículo de valor inferior a 250 mil pesos, hasta el 31 de marzo. Ello para paliar los efectos de la pandemia en las finanzas familiares.

“La tenencia tiene buenas externalidades en una ciudad como la Ciudad de México, donde los viajes unipersonales son un problema, solo uno de cuatro hogares tiene automóvil y tiene problemas en el Metro por falta de mantenimiento”, argumenta Brown. “Y deciden renunciar a ella para suavizar el efecto de la crisis, pero ¿a costa de qué?”, añade. 

‘Autonomía fiscal es autonomía política’

“Autonomía fiscal es autonomía política”, asegura el también codirector del Instituto del Sur Urbano . Y eso tanto sirve para las entidades federativas como para los municipios. “Platicando el otro día con un alcalde de Quintana Roo, me decía que no depende del gobernador. La gente del municipio lo ve en un restaurante y le dicen ‘yo ya pagué el predial, ¿qué hubo?’”, explica. 

Ejemplos en el mundo los hay. El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho de banquero del gobierno autonómico de Cataluña con préstamos en tiempos de falta de liquidez.

Bogotá logró crear una cultura tributaria de pago de impuestos a finales de los 90 y hoy, 7 de cada 10 pesos de los ingresos totales del ayuntamiento los ponen los bogotanos.

Y en Canadá, los gobiernos subnacionales recaudan más que el propio ejecutivo de Justin Trudeau (16% del PIB de 2017 los primeros y 13% los segundos, según datos del Instituto del Sur Urbano).

Este debate no es nuevo y los expertos coinciden que si se tiene que solventar, es poco probable que se haga en un año electoral como 2021.

De momento, las entidades tendrán que esperar a que se fabriquen vacunas en masa para poder hacer su comanda. Pero para Brown, eso de que ahora ya se puedan hacer con dosis “es más una simulación que un intento real de permitir que las puedan comprar”.