ANÁLISIS | …y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande

Noticias extraordinarias llegan de Francia. El pasado 3 de febrero, el Tribunal Administrativo de París sentenció al Estado francés por incumplimiento en sus compromisos de mitigación del cambio climático. El llamado “El caso del siglo” ha sentado un precedente histórico, inédito, al responsabilizar y condenar al Estado francés por no respetar los compromisos asumidos en la lucha contra el cambio climático. La demanda fue interpuesta por cuatro organizaciones de la sociedad civil y 2.3 millones de ciudadanos en 2018.

Al emitir su sentencia, el Tribunal reconoció el perjuicio moral e impuso un pago simbólico de reparación por perjuicio ecológico de 1 euro por ONG. El monto fue definido en la demanda por las propias organizaciones. Más allá del simbolismo, el Tribunal reconoce que el Estado es quien tiene el poder y el deber de cambiar las cosas.

Si bien los objetivos son ambiciosos, las acciones son insuficientes. Sin un cambio en las políticas públicas, Francia tiene pocas posibilidades de alcanzar el objetivo de carbono neutro al 2050. El tiempo se acaba, cada año cuenta, la retórica ya no es suficiente.  En la primavera, el Tribunal definirá si ordena al Estado tomar medidas más ambiciosas para cumplir con los compromisos asumidos. La decisión será aún más trascendente.

Ante los estragos del cambio climático, la ciudadanía se moviliza a nivel mundial. “La casa está en llamas” clama Greta Thunberg, la adolescente que despertó conciencias, inaugurando huelgas los viernes y recorriendo el mundo con un mensaje claro: “nadie es demasiado pequeño para hacer la diferencia”, no hay medias tintas, la ciencia es clara, es tiempo de actuar. El Papa Francisco I, así como la ex Presidente de Irlanda, Mary Robinson, y otras personalidades abogan por la justicia climática, haciendo de ésta una causa ética, poniendo en el centro a las personas más vulnerables. En un mundo harto de retórica hueca, se recurre al litigio.

A julio de 2020, se han interpuesto 1550 juicios, en 38 países, exigiendo la atención urgente a la crisis del calentamiento global (PNUMA).

¿Y México? Tras darse la primera Ley General de Cambio Climático de una economía emergente, desarrollar el andamiaje institucional necesario, jugar un papel trascendente en la diplomacia climática, y definir mecanismos para acelerar la transición energética, México ha decidido darle la espalda a la lucha contra el cambio climático.

Sin aspavientos, ni declaraciones grandilocuentes, simplemente modificando políticas públicas, bloqueando el despliegue de las energías renovables, quemando combustóleo y metano, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha ido alejando, a pasos agigantados, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

¿Qué acaso no somos vulnerables al cambio climático? ¿es éste un tema de moda entre élites ambientalistas? ¿o simplemente falta conocimiento sobre el tema, como asumen algunos, ante decisiones de política pública que no alcanzan a entender? La respuesta es no, no, no. Contundente no.

Cada año, México padece inundaciones, sequías, huracanes, incendios. Los fenómenos son cada vez más violentos, la destrucción más profunda, el costo más alto, sobre todo para las poblaciones más pobres.

Sin embargo, México cuenta con un potencial envidiable para generar energías renovables, lo que le permitiría reducir emisiones, cumplir con las contribuciones nacionales determinadas dentro del Acuerdo de París que incluyen, de forma incondicionada, una reducción de 22% de las emisiones de gas efecto invernadero (GEI) y una reducción de 51% del carbono negro al 2030. Dado que el sector energético aporta el 71% de las emisiones, la transición energética es clave.

Sin embargo, los avances que se lograron con la Reforma Energética de 2013 que permitieron conciliar los objetivos de seguridad energética y de cambio climático, incrementando la participación de las energías renovables en la matriz energética, están siendo desmantelados por un gobierno que le apuesta al petróleo, al combustóleo y  al carbón.

La vertiginosa caída en el pozo de chapopote es resultado de la obcecación de quienes, desde el poder, le apuestan al auge petrolero como fuente de bienestar y del silencio de los expertos que prefieren callar a correr el riesgo de perder un futuro prometedor.

Así, tenemos el caso de acreedores al Premio Nobel  (2007) por el trabajo realizado dentro del Panel Inter-Gubernamental de Cambio Climático o personas con posgrados en Desarrollo Sostenible, que desde el gobierno o el congreso prefieren callar, defender lo indefendible, levantar la mano, y postergar por lo menos un lustro más, la implementación de medidas para hacerle frente a la grave crisis planetaria del cambio climático.

Hoy, en México, el 91% del consumo de energía proviene de energías fósiles. En 2019, únicamente se destinó 0.21%  del presupuesto a las energías renovables y 0.025% a la eficiencia energética (SustainableFinance4Future.org).

Las decisiones que adopten el gobierno federal y el congreso determinarán el futuro de México.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a un medio ambiente sano y establece que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea sustentable.  

Es tiempo de demandar que nuestros gobernantes cumplan con su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Sin duda, lo sucedido en Francia muestra un camino.

La vida y bienestar de las generaciones presentes y futuras lo exige.

* Lourdes Melgar es consejera @VozExperta