Párroco pederasta de Venezuela se resguarda en México, alerta víctima
Leandro Araujo (centro). Foto: Cortesía.

Los llamamos abusos sexuales, pero en el ámbito de la Iglesia Católica se refieren a ellos como abusos de consciencia. “Mi confesión me sembró una culpa que no tenía, porque él tenía 46 años y yo, 13”, explicó José Leandro Araujo, víctima de este delito, sobre el día en el que confrontó a su abusador, el padre Juan Huerta Ibarra.

Los hechos se remontan al año 2002, cuando Araujo ingresó a la casa de formación Reina de los Apóstoles, donde se educaban los aspirantes a sacerdote de la Sociedad San Pablo, en el estado de Mérida, Venezuela

El párroco se trasladó a México en 2019, a pesar de que la congregación de los paulinos sabía que estaba denunciado ante las autoridades eclesiales y civiles en Venezuela.

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Araujo se encuentra en México por 15 días porque quiere alertar —de nuevo— a las autoridades eclesiásticas de la Casa Provincial de los Padres Paulinos de Iztapalapa, donde se resguarda Huerta Ibarra, y alentar a cualquier víctima que pueda haber en el país a que denuncie.

Los abusos que él recibió se prologaron por un año. Se daban los sábados, en el cuarto del párroco. Fue hasta 2008, cuando Araujo acudió al psiquiatra, que fue capaz de verbalizar lo que vivió. Él explica que su juventud fue dura.

“Muchas veces pasaba un día llorando, otros días durmiendo. Mi padre se fue de este terreno molesto porque no quise ser sacerdote. No tuve la capacidad de decirle a mi padre que fui abusado sexualmente”, compartió la mañana del lunes, desde la Ciudad de México. 

En su comparecencia ante los medios, Araujo quiso poner énfasis en cómo el sistema de justicia canónico protege a los presuntos abusadores. “Los laicos no somos de segunda. Él es un sacerdote delincuente y como tal la Iglesia tiene que cumplir con las autoridades y entregarlo en manos de la justicia”, denunció.

Laicos de segunda

En 2019, el venezolano denunció al padre Huerta ante el superior general de los paulinos en Roma, Valdir José de Castro; ante el provincial en México-Cuba, José Faustino Hernández Esteves; así como ante la nunciatura apostólica de su país. Le dijeron que se investigaría su caso a fondo.

En los hechos, el padre Huerta fue movido a Chicago y después, a México, y se nombró a un sacerdote jesuita para llevar a cabo la investigación. En enero de 2020, este concluyó que el caso se archivaría hasta que la víctima presentara pruebas más contundentes del abuso. Araujo había evidenciado los peritajes psicológicos y psiquiátricos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, principal órgano de investigaciones de Venezuela, que concluyeron en un diagnóstico de Trastorno de estrés postraumático a consecuencia del abuso.

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En México, en junio de 2020, la nunciatura informó a la víctima que su caso lo llevaría el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de la Arquidiócesis de México, y quedaría a cargo del vicario judicial José Romero Rodríguez. 

Ya debería haber pronunciamiento sobre la culpabilidad del padre Huerta, pero debe ser remitido a la Santa Sede para que diga si está de acuerdo o no”, explica Araujo, sobre un proceso que puede demorarse años.

De ser declarado culpable, con la sanción se le prohibiría al acusado oficiar misa. Por eso es que Araujo habla de laicos de segunda. “La Iglesia tiene que ponerlo a la orden de la justicia”, afirma.

En paralelo, desde junio de 2019 hay una investigación en marcha ante la Fiscalía Superior del estado Mérida, Venezuela. Araujo quiere presentar su propia acusación particular por abuso sexual ante los tribunales de control y demandar a la Iglesia y a la Sociedad de San Pablo por haber encubierto al presunto pederasta y haber omitido su deber de protegerlo. 

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Araujo menciona que se habla de dos víctimas más del padre Huerta que no han querido denunciar. Una estaría en Estados Unidos y la otra, en México, aunque no puede confirmar esta información. 

“Estos señores son los abusadores sexuales. La Iglesia está diciendo que es una infracción al sexto mandamiento. Es un delincuente y tiene que ser tratado como un delincuente”, concluyó la víctima. 

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