Tengo 23 años, un título universitario y 40 mil dólares de deuda estudiantil en EU

Sabrina Calazans tiene 23 años y una deuda de 40,000 dólares. La contrajo para graduarse de Relaciones Internacionales en la universidad privada Arcadia de Pensilvania. 

Es estadounidense de primera generación. Sus papás nacieron en Brasil, emigraron a Estados Unidos y se instalaron en Nueva York. La joven forma parte de los 43.2 millones de estadounidenses que soportan la carga de la deuda estudiantil. Entre todos deben 1.7 billones de dólares, según datos de la Reserva Federal para el segundo trimestre de 2021. O lo que es lo mismo, un promedio de 39,534 cada uno. La cifra se acerca al PIB de España en 2020, de 1.1 billones, y el número de afectados, al de su población, de 47 millones.

La situación ha llegado a tal dimensión que ya hay un movimiento que aboga para que se cancele esta deuda. Algunos lo comparan con el the next big thing (el siguiente gran asunto) en el mundo de las crisis financieras, solo después de la de 2008 con las hipotecas subprime.

‘Siempre lo tienes en mente’

De hecho, una de las soluciones para esa primera crisis ha sido de los factores que ha contribuido a la crisis del student debt (deuda estudiantil). Los recortes en educación pública en los presupuestos federal y estatales para combatir los estragos de 2008 trasladaron el gasto a los bolsillos de las familias. “El sistema de educación pública se ha convertido en un sistema de endeudamiento en vez de subsidiar los costos”, explica Amanda Martínez, especialista en Educación de una de las organizaciones que hacen lobby para la reforma educativa y la cancelación de la deuda estudiantil, UnidosUS. 

Otro factor ha sido el aumento del costo de la educación superior en Estados Unidos, lo cual ha afectado más a las minorías raciales. “Hay instituciones que aumentan sus precios para atraer a las comunidades para las que la educación es una herramienta para combatir la pobreza o alcanzar la clase media”, explica Martínez. “En especial, la comunidad latina”, añade. 

Según datos del Centro Nacional de Estadísticas en Educación (NCES, por sus siglas en inglés), el costo total de ir a la universidad (estudios de cuatro años, alojamiento, matrícula, tarifas y pensión completa) era de unos 12,349 dólares en promedio, en precios actuales, para el curso 1999-2000. Para el curso 2019-2020, era de 28,775 dólares, a precios actuales.

“Siempre tienes en mente que tienes que trabajar (para devolver el préstamo)”, asegura Sabrina. Ella echó mano de varias fuentes de financiamiento disponibles para los estudiantes: becas, un préstamo federal de unos 30,000 dólares, uno de privado de 10,000 y estuvo trabajando en el campus universitario por 80 dólares a la quincena, “casi nada”, dice.

Los apoyos pueden proceder del gobierno federal, estatal, la universidad o bien, instituciones privadas. Los estudiantes de grado universitario pueden pedir préstamos federales de desde 5,500 dólares a hasta 12,500 dólares al año, y el tipo de interés es del 3.73% (para el curso 2021-22). El promedio nacional de la deuda federal de cada estudiante al graduarse es de unos 36,500 dólares. Estos préstamos que da el gobierno representan el 88% del total de la deuda estudiantil, con 42.9 millones de estudiantes.

Sabrina se graduó en 2019. Antes de la pandemia, estuvo trabajando en empleos temporales. Durante todo 2020 estuvo parada y justo ahora consiguió un empleo como independiente por la organización Student Debt Crisis. Ante esta situación, pidió un aplazamiento del pago de su deuda federal, que ascendía a unos 350 dólares al mes, pero aún le queda el préstamo privado, de unos 120 y un interés que supera el 8%. “Tuve que pedir apoyo a mis papás”, explica, a pesar de que ello les ponía una carga adicional a ellos. “Me sentí mal”, añade. 

‘Pone tu vida en pausa’

“Esa deuda es más que una cifra”, explica Amanda Martínez, “es un obstáculo que pone tu vida en pausa”, agrega. Lo dice porque además de ser un costo fijo añadido, el retraso o impago de las cuotas permea en todos los aspectos de la vida de los estudiantes. 

En los préstamos federales para universitarios de grado, más de 270 días de retraso en los pagos se considera impago de la deuda. Ello se notifica a las agencias de calificación crediticia, con lo cual, dificulta que los estudiantes puedan comprar o vender inmuebles o recibir sus salarios al completo (los empleadores están obligados a destinar una parte al pago de la deuda), entre otras consecuencias.

Además, quienes más se benefician de la educación superior son las minorías y clases sociales a quienes más les pesa esa carga: “la brecha racial se está ensanchando”, explica la experta de UnidosUS. Según datos de la Reserva Federal de 2010-2020, 19% de los endeudados hispanos menores de 40 años estaban con retrasos en los pagos, en comparación con el 7% de los blancos.

Se estima que hay medio millón de estudiantes indocumentados en instituciones educativas. Ellos solo pueden acceder al mercado privado del dinero porque los préstamos federales no se dan a quienes no sean ciudadanos estadounidenses o tengan estatus de asilo o refugio, entre otras excepciones. Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), tampoco califican para los préstamos del gobierno federal. 

Las soluciones

El 6 de agosto, el secretario de Educación estadounidense, Miguel Cardona, anunció que se extendió la moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles hasta el 31 de enero de 2022. Con ello se terminará la medida que instaló el expresidente de EU Donald Trump y que incluye la suspensión de la devolución de las cuotas y del devengo de los intereses, así como el cobro de los préstamos impagados.

Sabrina se está preparando para solicitar un cambio en sus condiciones de pago, de forma que las cuotas del préstamo federal se ajusten a su nivel de ingresos. La organización para la que trabaja, Student Debt Crisis, así como UnidosUS abogan por una cancelación de la deuda estudiantil lo más amplia posible, en paralelo a una reforma educativa que haga más asequible el acceso a la educación superior. 

Ya hay varias propuestas en el Congreso aunque no hay acuerdo ni dentro del Partido Demócrata, el más favorable a reestructurar la deuda estudiantil. La senadora Elizabeth Warren, por ejemplo, está presionando al presidente Joe Biden para que condone hasta 50,000 dólares de deuda a cada estudiante. Pero congresistas como Henry Cuellar, por el estado de Texas, no lo ven tan claro. “Yo quisiera quitar parte del préstamo, puede ser 10,000 dólares por persona pero no a todos los estudiantes porque los hay que sí tienen dinero”, explica a La-Lista. 

A Cuellar, descendiente de mexicanos, le hace ruido el agravio comparativo que eso supondría con quienes sí tuvieron que completar la devolución de sus préstamos, como él mismo. “Yo fui a la universidad, tuve dos trabajos. Mis papás no tenían dinero para ayudarme”, explica. Además, no ve claro que los republicanos apoyen una política de cancelación así. “La pregunta es quién va a pagar por esto”.

“¿Quién va a pagar por esto?”, pregunta La-Lista a la Sabrina Calazans. “Yo muchas veces no estoy de acuerdo pero pagamos al Ejército y por guerras cuando podríamos estar financiando educación superior”, dice, sobre cómo se gestiona el dinero que sale de los bolsillos de los estadounidenses vía impuestos. “Es parte de la (vida en) sociedad”, concluye.