Jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Adjudicación directa: mucha excepción, poca competencia
Dejar de lado un procedimiento que busca que la contratación se haga en las mejores condiciones para el Estado generará consecuencias negativas.
Dejar de lado un procedimiento que busca que la contratación se haga en las mejores condiciones para el Estado generará consecuencias negativas.
La licitación pública es, de acuerdo con el artículo 134 constitucional, el procedimiento de adquisición, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, así como de prestación de servicios y contratación de obra. Al utilizarlo se busca asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado, por lo que es considerado, este procedimiento, la regla general a aplicarse.
No obstante, como toda regla, ésta tiene sus excepciones. En el caso de la licitación pública, encontramos dos procedimientos que lo son: la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. Estos procedimientos excepcionales únicamente pueden ser empleados cuando se presenten supuestos que lo ameriten, por ejemplo, cuando peligre o se altere el orden social, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible contratar mediante licitación pública o cuando se haya declarado desierta una licitación pública.
Por otra parte, buscando dar prioridad a la licitación pública como procedimiento de contratación, se encuentra establecido que el monto total de los recursos ejercidos a través de la adjudicación directa o de la invitación a cuando menos tres personas no podrá exceder el 30% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la autoridad contratante. En pocas palabras, se busca que la selección arbitraria de un proveedor sea el último recurso a utilizar.
Lee también: Durante la 4T, las adjudicaciones directas alcanzan su punto más alto: IMCO
A pesar de lo anterior, en la investigación realizada por Leonardo Nuñez y Javier Martínez para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se señala que “durante los primeros seis meses de 2021, se han entregado un total de 69,077 contratos por 176.9 millones de pesos. De estos, 55,691 contratos (80.6%) han sido entregados vía adjudicación directa por un total de 74,639 millones de pesos (42.2% del total)”. Cabe decir que lo anterior se circunscribe a la Administración Pública Federal (APF).
Dejar de lado un procedimiento que, aunque perfectible, busca que la contratación se haga en las mejores condiciones para el Estado y alienta la libre competencia y la libre concurrencia establecidas en la Constitución generará consecuencias negativas a futuro, entre ellas:
- Desplazamiento de particulares en condiciones de participar.
- Surgimiento de prácticas anticompetitivas.
- Incremento sustancial en el poder de negociación de los pocos competidores que sobrevivan, al grado de llegar a imponer las reglas y condiciones bajo las que se llevará a cabo la contratación pública.
Aunado a lo anterior, otras decisiones como concentrar en pocas áreas de la APF la contratación pública o llevar a cabo compras consolidadas están propiciando las condiciones para que los efectos adversos, tanto en las condiciones con que contrata el Estado como en la promoción de la libre competencia y de la libre concurrencia, sean cada vez más profundos, incrementando además el riesgo de que se presenten casos de corrupción.
En este caso, la excepción no está poniendo a prueba la regla, sino se está conviertiendo en ella.
*Marco Antonio Zeind Chávez es abogado y socio del despacho Zeind & Zeind.
Síguenos en
