¿Qué tan rápido deben aprobarse las iniciativas?

Contrario a lo que se pueda pensar, no hay un tiempo mínimo o máximo para dictaminar una iniciativa. A decir verdad, imagina que cualquier tema, por más que pueda parecer noble o apremiante, pueda ser discutido y aprobado de inmediato: ganaría el grupo o facción que tenga la capacidad de imponerse a través de emociones, sean discursos o amenazas.

Por ello, el proceso de aprobación de iniciativas se pensó para ser lo más lento y tortuoso posible. Es necesario dejar que todas las voces sean escuchadas, para así legitimar el resultado. ¿Subirán a la tribuna personas que hagan show? Claro, el objetivo es liberar tensiones y desarticular pasiones. ¿Se vale que un grupo tome la tribuna? Si no existiese ese recurso, las personas legisladoras podrían usar otros medios para expresar el descontento.

Se pueden identificar diversas etapas en el proceso legislativo, las cuales ofrecen distintas oportunidades para incidir en el proceso de toma de decisiones: la presentación de la propuesta, la remisión a comisiones, la presentación de la minuta, su debate en el pleno y su votación. De ahí, el envío de la minuta a la otra Cámara, repitiéndose el proceso.

Identificar cada etapa no solo es vital para las estrategias que sigan los grupos parlamentarios, sino también para la ciudadanía interesada en incidir en la toma de decisiones. Con lo anterior en mente, revisemos tres temas que surgieron a la discusión durante la última semana, revisando sus implicaciones.

El “madruguete” a la ley de juicio político

El pasado miércoles comenzó la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, cuyo dictamen había aprobado la saliente LXIV Legislatura. 

Aquí entramos en una zona gris: había un documento aprobado, y quizás avalado por varias personas que pasaron a la LXV Legislatura, cierto, pero debió haberse abierto algún espacio para su análisis, especialmente cuando no se han conformado aún las comisiones en San Lázaro. Sin embargo, también se espera que la oposición hubiera tenido un posicionamiento claro sobre el tema, pues no se trata de una ocurrencia espontánea.

Una vez presentado el dictamen, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC pegaron el grito en el cielo y, con girones de tela enredados entre sus uñas, clamaron que el dictamen era inconstitucional. Sin embargo, eso de nada sirvió: fue aprobado con 273 votos a favor y 220 en contra.

¿Qué pasará? Si la oposición en el Senado se pone las pilas, abrirán un debate sobre los efectos de la norma y sus inconsistencias. Si lo logran, podrá modificarse la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados. De lo contrario, seguramente habrá una controversia ante la Suprema Corte, y tendremos una de tantas leyes aprobadas por el Congreso que deberán ser revisadas, como la de remuneraciones de servidores públicos.

Mientras tanto, ni la bancada oficial ni las opositoras están dispuestas a hablar del pésimo diseño del juicio político. De hecho, por más que cambien la ley sin revisar la norma constitucional, seguirán el espectáculo y la simulación. Pero bueno, quizás la oposición sueña con volver algún día al poder para aprovecharse de este petate del muerto, como se comentó en este espacio el 10 de agosto.

La pregunta sobre la revocación del mandato

Después de un ‘estira y afloja’ entre Morena y la oposición en el Senado sobre si la pregunta debería ser por la revocación o la ratificación del mandato del presidente, finalmente se llegó a una pregunta de consenso y a la aprobación del dictamen:

¿Está de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?

El resultado no está mal, pero ¿por qué esta vez Morena cedió? Primero, lo obvio: una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia hubiera hecho que los tiempos se fuesen hasta noviembre, imposibilitando la organización de la consulta para marzo. Sin embargo, también el consenso le quitaría reflectores al tema, hasta que un grupo decida impulsar la revocación, con sus costos de organización y logística.

En todo caso, a la única persona que le conviene hacer ruido con este tema es al propio presidente, pues se afianzaría su popularidad si sale airoso o le serviría de propaganda si hay baja participación. Bajo esos supuestos, tendría la capacidad para guiar su propia sucesión, si acaso no presionar para reformar la Constitución y ampliar su mandato o reelegirse, como dicen algunas lenguas mal pensadas. Al resto de la clase política le conviene quitarle ese reflector, empezando por quienes tengan ambiciones rumbo a 2024.

Democratizar la iniciativa popular

La iniciativa popular existe en la constitución federal desde 2012. Este instrumento ayuda a acercar a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, sabiendo que de todas formas deberá estar acompañada por una estrategia de incidencia clara y realista si desea ser aprobada.

Sin embargo, los requisitos son tan altos que por lo general se requiere del apoyo de un partido para que una iniciativa popular tenga las firmas necesarias para ser presentada: hablamos de más de 100 mil firmas, con sus datos electorales. De hecho, hasta el momento se han presentado 12 iniciativas, de las cuales solo una se ha aprobado.

Para democratizar este proceso, se formó la plataforma Diputadx 501, cuyo objetivo es incentivar la participación ciudadana, presentando iniciativas ante el Congreso de la Unión. De hecho, se cuenta ya con un convenio de colaboración con el INE, para utilizar su aplicación digital. El primer objetivo es lograr que las iniciativas ciudadanas se puedan firmar de manera electrónica, quitándole a los partidos el poder organizativo que hoy tienen.

Si desean saber más, les hago la más cordial invitación a que entren a la página www.diputadx501.com.mx. Afiancemos nuestros derechos: la participación es clave.