El 7 de septiembre
Perístasis

Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Es autor de diversas obras, entre las que destacan los libros “Organismos Constitucionales Autónomos” y “Organismos Constitucionales Autónomos de las entidades federativas”. Es articulista invitado en medios como  “Nexos” y “Abogacía”, y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

El 7 de septiembre
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN. Foto: @SCJN/Twitter.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017 promovida por la entonces Procuraduría General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Coahuila. 

En ella se demandó la invalidez de diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ésta se trató de una resolución histórica, pues con ella se consideró inconstitucional criminalizar de forma absoluta el aborto. 

Además de la trascendencia de este fallo respecto de las garantías que a partir de ahora tendrán las mujeres y personas gestantes para decidir, se debe subrayar que así fue considerado como resultado de una votación unánime de 10 ministras y ministros, lo cual lo hace obligatorio para todas las juezas y todos los jueces del país.

De igual manera es de celebrarse que finalmente se dé un paso definitivo para lograr que todas las mujeres y las personas gestantes en México aspiren a encontrarse ante una regulación homogénea no importando el lugar donde se encuentren dándoles certeza y certidumbre. Es de destacar que en este país se practica un número muy importante de abortos clandestinos que en nada contribuyen a la seguridad y gratuidad que han sido una legítima bandera de lucha de diversos movimientos.

Se debe recordar que en un Estado federal como lo es el mexicano, existe un número de leyes muy importante que además atienden a criterios heterogéneos dependiendo del lugar que se trate, lo que conlleva que en el particular cada entidad federativa determine lo que el legislador local estime conveniente para regular distintas situaciones, entre ellas la interrupción voluntaria del embarazo. 

Asimismo y retomando la unanimidad que se logró con esta resolución, es muy relevante resaltar que no solo es muy importante para efectos prácticos, sino que también lo es por la trascendencia de que un solo tema haya logrado una convergencia de criterios de 10 personas distintas, con historias y formaciones distintas, pero también con un punto común que es el hacer su propia contribución a la visión promotora y protectora de los derechos humanos en México en beneficio no solamente de un grupo determinado de personas, sino definitivamente de toda la sociedad.

Hace dos días se comenzaron a sentar las bases para buscar un cambio cultural lo suficientemente profundo para ir más allá de la sola declaratoria de inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto y lograr lo más pronto posible la eliminación de la estigmatización de la que pueden ser objeto las personas que ejercen su libertad y su autonomía reproductiva.

De ahora en adelante, los Poderes Legislativos y Ejecutivos a lo largo del país se encontrarán ante un importante reto, pues entre sus asignaturas pendientes (aunque no obligatorias) estará el armonizar sus diversos instrumentos normativos e instituciones con el criterio señalado por el tribunal constitucional mexicano. Entre otras cosas, se tendrá que realizar un importante trabajo respecto del papel que las y los profesionales de la salud tendrán dentro de esta nueva realidad, ante la cual un buen número de ellos y ellas no han estado, pero que sin duda parece que estarán ante una tendencia irreversible en México.

Hoy en el país se ha fortalecido el régimen de libertades y el ámbito de protección para garantizar los derechos y la dignidad de todas las mujeres y personas gestantes.