¿De qué trata el ‘poder del bolsillo’?
Tácticas Parlamentarias

Analista y consultor político. Licenciado en Ciencia Política por el ITAM y Maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull, en Reino Unido. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Twitter: @FernandoDworak

¿De qué trata el ‘poder del bolsillo’?
Foto: José Pazos/EFE.

El pasado 8 de septiembre, el gobierno envió a la Cámara de Diputados el paquete económico de 2022, compuesto por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Este acto dio inicio a la temporada más intensa del año legislativo. Tan maratónicas son las últimas sesiones, donde se negocia el presupuesto, las diputadas y diputados son acuartelados literalmente en San Lázaro para estar en todas las votaciones. Un resultado no deseado de ello, son las fotos de personas durmiendo en sus curules, que circulan el resto del año como si lo estuviesen haciendo en todo momento.

La aprobación del paquete económico, junto con su vigilancia, es una de las funciones principales de todo órgano legislativo, conociéndosele como el “poder del bolsillo”. Para apreciar su relevancia y entender mejor qué está en juego algunos escenarios, van las siguientes notas:

La atribución original

La aprobación del paquete económico es la facultad primaria (e incluso la más antigua) de todo órgano legislativo.  Ya desde la Carta Magna de Inglaterra, firmada en 1215 por Juan sin Tierra, se reconocía el derecho de los nobles a que el rey no les pueda imponer impuestos si no los aprobaban. Hacia 1689 se confirma esta atribución como parte de los poderes del Parlamento.

La vinculación entre la representación política y la función del órgano legislativo apareció en 1791 con la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, ahí nació el adagio no taxation without representation (no impuestos sin representación). Este concepto llegó a México a través de la constitución francesa de 1791 y la Constitución de Cádiz de 1812.

¿Por qué sólo participa la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto y la cuenta pública?

El paquete económico atravesará por tres etapas: aprobación de la Ley de Ingresos, aprobación del Presupuesto de Egresos y el control de los gastos a través de la revisión y votación de la Cuenta Pública. Solo en la primera participan las dos Cámaras del Congreso. Aunque hay todo tipo de interpretaciones doctrinarias sobre este procedimiento, la razón de la diferencia en atribuciones tuvo origen en una negociación que tuvo lugar en el siglo XIX.

La Constitución de 1857 desapareció el Senado, pues los liberales creyeron que así lograrían aprobar más rápido su agenda de reformas. Lamentablemente, la radicalización de los diputados generó tales problemas de gobernabilidad, que de lo primero que hizo Benito Juárez al restaurarse el orden en 1867 fue proponer restaurar a la cámara alta. Las negociaciones tomaron el resto de la vida del Benemérito y buena parte del gobierno de Lerdo, y como parte del arreglo, los diputados aprobaron un contrapeso a cambio de conservar para sí la aprobación del presupuesto y la cuenta pública.

¿Puede el presidente vetar el presupuesto?

Por décadas, hubo un dilema: si el presidente puede vetar las leyes, ¿se podría considerar al presupuesto como una, si solo es aprobada por la Cámara de Diputados? Ese detalle suscitó profundas reflexiones, hasta que se presentó una confrontación sobre las asignaciones durante el sexenio de Vicente Fox, quien impuso un veto parcial a lo aprobado por las personas legisladoras.

¿Qué pasa si el presupuesto no se aprueba en una fecha límite?

De acuerdo con la Constitución, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos. La excepción es el primer año del sexenio, donde no se pone una fecha límite. Una pregunta que ha rondado a la opinión pública desde 1997, cuando dejó de haber mayorías en la Cámara de Diputados, es: ¿qué sucede si pasada la fecha límite no hay un acuerdo? 

La respuesta es: nadie sabe. Algunos podrían agregar: y es mejor que nunca se sepa a ciencia cierta. Si no hay un presupuesto tampoco puede haber gasto y ningún político sensato empujaría las negociaciones para ver si esto de verdad sucede. Aunque las negociaciones han llegado a extenderse en algunos años hasta los primeros días de enero, se ha recurrido a trucos legislativos para no violar al menos nominalmente la Constitución, como “detener el reloj legislativo”.

Hay quienes creen que sería una buena idea instrumentar lo que se conoce como la reconducción presupuestal: si no se aprueba el presupuesto, una vez superada la fecha límite, inmediatamente entraría en vigencia el del año anterior con ajustes inflacionarios. Aunque esto brindaría certidumbre, lo cierto es que también disminuiría los costos para no ponerse de acuerdo. Es decir, podríamos tener la aprobación del presupuesto de un año no en el diciembre anterior sino hasta digamos abril o mayo, si acaso.

¿Podrá la oposición modificar el presupuesto?

Por más que el PRI, el PAN y el PRD se mantengan unidos como un frente, su única fuerza estará en bloquear o negociar reformas constitucionales, si apuestan a adoptar una postura maniquea. Sin embargo, puede ser posible que puedan modificar algunas asignaciones, sea de manera conjunta o cada partido por separado. ¿Podrá implicar o no una fractura? Veamos qué otras cosas se aprueban o no, y quién se beneficia.

Por lo pronto, se celebra que en el Senado se haya aprobado una redacción más moderada a la aprobada en la Cámara de Diputados respecto a la Ley de Juicio Político y Declaración de procedencia. Cierto: esta ley tiene muchas imperfecciones y permanecerán mientras no se reformen los procedimientos a nivel constitucional, pero el resultado quedó mejor en la Cámara revisora.