Cuando el salón de sesiones se convierte en cuadrilátero
Tácticas Parlamentarias

Analista y consultor político. Licenciado en Ciencia Política por el ITAM y Maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull, en Reino Unido. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Twitter: @FernandoDworak

Cuando el salón de sesiones se convierte en cuadrilátero
Foto: Cámara de Diputados.

Un órgano legislativo es, por antonomasia, la caja de resonancia de cuanto sucede en su respectiva sociedad. Por ello, es frecuente que se calienten los ánimos durante las sesiones, llegándose a veces a provocaciones e incluso peleas. 

Para eventualidades como estas, las presidencias suelen tener atribuciones conocidas como “disciplinarias”, que van desde la amonestación en el acto, la amonestación con constancia en el diario de los debates, suspensión temporal sin goce de sueldo y, en algunos casos extremos, algunos países contemplan la expulsión de quien viole reiteradamente las disposiciones parlamentarias a través del voto calificado de sus pares.

Sin embargo, también es un hecho que los grupos parlamentarios tienen personas cuya función es ser “fajadores”, como los que vemos en cada cantina: les corresponde provocar verbalmente a las demás bancadas, pues buscan que sus oponentes pierdan el control. Si lo vemos en una dinámica de negociación, serían los “policías malos” que se alternan con los “policías buenos”.

Hay una larga genealogía de personas legisladoras que se han destacado en este papel. Por ejemplo, en la LVII Legislatura (1997-2000) hubo un diputado que incluso ganó el mote de “Kid Oceguera”. Otro destacado “fajador” es Gerardo Fernández Noroña, quien ha hecho una carrera sólida jugando ese rol: pueden odiarlo sus detractores, pero para su público es el valiente legislador que, sin tener un pelo en la lengua, les dice sus verdades a los neoliberales.

Tanto influye la presión psicológica en el desarrollo de los debates, que el PRI, cuando era mayoritario, tenía una sección de su bancada conocida como “el Bronx”, formada por todas aquellas personas que venían de los sectores obrero y campesino, cuyo único mérito era que la revolución por fin les había hecho justicia. Su papel era precisamente gritar “¡Duro! ¡Duro!” en las sesiones y confrontar a la oposición.

Incluso “el Bronx” se regía por sus propios usos y costumbres, nombrando cada legislatura a su rey y a su reina. En ocasiones, hacían algunos trabajos sucios para su coordinador de grupo parlamentario. Una vez me tocó estar en el pleno en una legislatura, cuando la reina del Bronx le comunicó a un compañero de bancada que se le había expulsado del partido, mientras aventaba su curul al PRD. Actualmente, Morena tiene a un grupo que desarrolla este tipo de funciones, aunque todavía no he confirmado su nombre informal.

Con lo anterior, se puede explicar lo que fue a hacer el diputado Antonio Pérez Garibay al grupo parlamentario del PAN hace unas semanas, así como el conato de trifulca que provocó. La pregunta sería, en todo caso, si hay un acuerdo al interior de la bancada de Morena para desempeñar ese papel, o si solamente “le nació” hacerlo, de tal forma que a los guinda les ahorra cualquier favor futuro por hacerla de su “fajador”.

Lamentablemente, las presidencias de las mesas directivas del Congreso de la Unión no tienen otra atribución disciplinaria que llamar al orden, el respeto y la cordura.

La investigación de Rementería

El lunes, el senador Julen Rementería presentó, a través de su cuenta de Twitter, el resultado de una “investigación”, según la cual el gobierno federal, el de la Ciudad de México y el cubano desviaron 255,873,117 millones de pesos del presupuesto de salud. Ciertamente es grave la acusación, pero ventilarlo en redes sociales reduce todo a un intercambio de dimes y diretes con el ejecutivo.

Lamentablemente, a nuestra oposición parece interesarle más el espectáculo, en lugar de hablar en serio de fortalecer las atribuciones del Congreso, presionando por una reforma al artículo 93 constitucional, haciendo que se puedan formar comisiones de investigación para todo asunto público, pudiéndose formar a petición de una minoría de entre 25% y 33% según se trate del Senado o la Cámara de Diputados. Ahí sí habría una vinculación institucional clara. Pero bueno…