100 días de la invasión en la UDLAP
Libertad bajo palabra

Periodista y Abogado con más de 33 años de trayectoria profesional. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político. Twitter @jenroma27

100 días de la invasión en la UDLAP
Protestas al exterior de la UDLAP. Foto: Twitter/@udlap.

Se han cumplido más de tres meses de una infamia en Puebla, en la que el gobernador Miguel Barbosa ha patrocinado y facilitado un atropello flagrante para apoderarse de patrimonio privado, bajo la apariencia de lo que pretende hacerse creer es normal, como si una invasión lo fuera.

La incursión violenta con policías estatales en el campus de la Universidad de las Américas Puebla del 29 de junio fue orquestada bajo la complicidad del Juez 24 Civil de la Ciudad de México, a través de diversas irregularidades en un proceso viciado, planeado por despachos especializados en el apoderamiento de recursos privados, con el patrón de comportamiento de casos como el de la cooperativa Cruz Azul.

Un modus operandi redituable para quienes se dedican a este tipo de asuntos, en los que las ganancias pueden ser multimillonarias a costa de la compra de voluntades de juzgadores sin escrúpulos, que son capaces de inclumplir suspensiones de amparo de una forma retadora. Cabe recordar que durante la segunda quincena de julio, dos semanas después de la incursión armada presenciada, grabada y fotografiada por estudiantes, un juez federal en Puebla concedió una suspensión de amparo para revertir el asalto.  

Hay en particular tres litigantes que se han dedicado a calumniar públicamente a la Fundación Mary Street Jenkins y los integrantes de la familia Jenkins de Landa, para omitir mencionar la evasión sobre el cumplimiento de una determinación emanada del Poder Judicial de la Federación que conocen y les obliga a devolver las instalaciones tomadas desde hace 100 días.

Ha trascendido en el medio del litigio el presunto contubernio entre Guillermo BarradasRodrigo Gurza (que se ostenta como apoderado legal del patronato espurio que tomó las instalaciones) y Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, para la operación de diversas artimañas que han provocado que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla exija el cumplimiento inmediato de su decisión para devolver las instalaciones tomadas. 

Incluso se han multando a los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, que han mostrado un abierto desacato que podría derivar en destituciones y sanciones penales contra los responsables de acuerdo con lo señalado en la ley de amparo vigente. Ese es un tema vedado en las entrevistas a medios de Armando Ríos Piter, que se prestó al juego de la invasión que mantiene en vilo a más de 10 mil estudiantes, así como 2 mil 200 académicos y empleados administrativos de la UDLAP.

Para decirlo en términos didácticos, es como si dentro sus casas (patrimonio privado) llegara un grupo de paracaidistas que los acusa sin pruebas de no tener en orden sus cuentas personales y, a través de diversas irregularidades, les inventan delitos que ya fueron revisados y de los cuales fueron exonerados, para meterse con violencia a las salas de sus inmuebles, afirmando que están actuando con el falso argumento de que lo hacen en beneficio de sus familias. Luego de exhibir el atropello y lograr la decisión de un juez federal que reconoce la violación a sus derechos, los paracaidistas hacen caso omiso de la orden judicial obligatoria para salirse tras cumplir 100 días dentro de su espacio vital, con los perjuicios que el abuso genera en sus vidas. 

Al estilo Emilio Lozoya, los autores de esta infamia orquestaron una filtración con la versión de un supuesto “testigo estelar de la Fiscalía General de la República” que se dijo presentó documentos que demostrarían una aparente colusión en un supuesto desvío dentro del contexto de la persecución a la Fundación Mary Street Jenkins, la familia Jenkins de Landa y sus abogados. 

Resulta que el “novedoso descubrimiento del testigo estelar” se trata en realidad de un contrato de prestación de servicios profesionales y de depósito, como se advierte en el propio texto que corrobora el ambiente de hostigamiento que viene sufriendo la fundación desde la época del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla y que obligó a su patronato a proteger su patrimonio por los conductos legales que ya fueron investigados por la Fiscalía General de la República, propiciando desde esa misma institución la determinación para resolver el no ejercicio de la acción penal en favor de los Jenkins de Landa y sus abogados desde 2018. 

Además, el contrato presentado como “prueba novedosa” fue cancelado y los recursos que se manifestaron en depósito se reintegraron a la fundación, dato que omitió comentar el “testigo estelar” de una estrategia perversa para revivir las acusaciones que violentan el principio de cosa juzgada e intentan generar un doble juzgamiento, violatorio de los derechos humanos, del que que tampoco hablan los abogados de la causa espuria.  

La situación expone también las tropelías solapadas por Barbosa Huerta y Alejandro Gertz Manero, al que últimamente le han estallado diversas denuncias en las que se prueba ha utilizado a la institución que dirige para perseguir inocentes en temas de su interés personal.

Así las cosas durante estos 100 días en los que el Estado de Derecho ha sido pisoteado impunemente, sin que la indignación mostrada en diversas manifestaciones allá en la bella capital poblana hagan reaccionar a un sistema desgastado por la corrupción, que dista mucho de haber sido erradicada como se asegura en los discursos y declaraciones oficiales.

EDICTOS

A pesar de la persecución que enfrenta desde hace ocho años, en ese mismo periodo la Fundación Mary Street Jenkins ha donado más de 277 millones de pesos para respaldar diversas causas sociales, sanitarias, deportivas y culturales. Durante la primera etapa de la pandemia del Covid-19, la institución destinó 38 millones para la compra de decenas de ventiladores que salvaron la vida de pacientes en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER),  también entregó a la Cruz Roja Mexicana 7.7 millones de pesos y otros 50 millones de pesos para respaldar la reconstrucción de templos y viviendas afectados por el terremoto de 2017, entre otras muchas obras filantrópicas tangibles y demostrables. 

Nadie en su sano juicio podría atreverse siquiera a sugerir y suponiendo sin conceder que una fundación, con supuestas causas pendientes con la justicia, sostenga ininterrumpidamente una labor tan importante en favor de los más necesitados de nuestro país. ¡Es un atentado contra el sentido común y la inteligencia de los poblanos gobernador Barbosa!