La necesaria cláusula de irreductibilidad presupuestaria para el INE

El pasado 5 de noviembre el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) compareció a invitación de la Cámara de Diputados para exponer el requerimiento presupuestal de la institución que encabeza para el ejercicio fiscal 2022, esto algunos días antes de que fuera aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio respectivo.

En dicha reunión, se expuso que el INE buscaría que se le aprobara un presupuesto de casi 24 mil 650 millones de pesos, el cual estaría integrado principalmente por tres rubros: 

• 5 mil 821.8 millones de pesos para el financiamiento público de los partidos políticos.
• 5 mil 743.5 millones de pesos de presupuesto precautorio necesario para la eventual realización de ejercicios de democracia participativa, es decir, la Consulta Popular y la Revocación de Mandato.
• 13 mil 84.1 millones de pesos que incluiría al presupuesto base para la operación del Instituto y a la cartera institucional de proyectos.

Desde hace varios años se ha fortalecido en la clase política mexicana la idea de que realizar reformas legales y preferentemente constitucionales, es suficiente para transformar la realidad; no obstante, ha sido ella misma la que una vez tras otra ha dejado la evidencia de que además de buscar tener un mejor diseño normativo, prácticamente todas ellas deben llevar aparejada la dotación de recursos suficientes para arribar a la importante etapa de implementación con las condiciones ideales para su correcta realización.

En lo relativo al caso que se analiza, en los últimos años la reducción presupuestal padecida por el INE ha sido sistemática y ahora progresiva, siendo ésta directamente proporcional al creciente número de tareas que se le han encargado desde el propio Poder Legislativo. 

Recordando que la Cámara de Diputados es el órgano legislativo que cuenta con la facultad exclusiva para aprobar el PEF, definitivamente es deseable que esto lo haga luego de realizar un examen y discusión (tal como lo señala la Constitución) de los requerimientos presupuestales de todas las instituciones y los proyectos del Estado mexicano. 

A pesar de ello, el pasado 14 de noviembre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2022, resultando revelador que la misma se haya realizado sin atender las casi 2 mil reservas presentadas y con una importante reducción de prácticamente el 20% de lo solicitado por el INE, es decir, aproximadamente 5 mil millones de pesos. Por tanto, el examen y la discusión serios estuvieron ausentes y la comparecencia del Consejero Presidente del INE resultó una oportunidad para muchas cosas, pero no para analizar su propuesta de requerimientos presupuestales.

Frente a esta decisión de la Cámara de Diputados, el Consejero Presidente del INE ha declarado que esta institución tomará las acciones jurídicas procedentes, pudiendo prever que se pueda tratar de alguna controversia constitucional que claramente no será inédita, pero que sí es posible que se convierta en un parteaguas que siente precedentes muy importantes respecto del estricto cumplimiento que este tipo de instituciones tiene que dar a sus mandatos constitucionales y la posibilidad de que desde los órganos políticos este cumplimiento se vea comprometido y, con ello, se vea vulnerada la autonomía constitucional otorgada a los mismos, particularmente su autonomía financiera y presupuestaria.

Aún más importante que lo anterior, realizar recortes que lleven a las instituciones a la asfixia y además hacerlo sin una razón basada en evidencia, pone en riesgo algunos principios como el de progresividad e interdependencia establecidos por el artículo 1º constitucional, lo cual lleva a que en el caso concreto el ejercicio pleno de los derechos político – electorales se convierta, gradualmente, en una expectativa y no en una realidad. 

Promover la democracia participativa en los discursos y en las leyes redunda en una ampliación del catálogo de derechos, implicando dicha ampliación un indispensable incremento de los recursos asignados a las instituciones que los garantizan, o lo que es lo mismo,  ampliar derechos es gastar. Por ello, es importante discutir a posibilidad de establecer a rango constitucional una cláusula de irreductibilidad presupuestaria para las instituciones que fungen como garantías institucionales de los derechos humanos como lo es el INE.