Las coaliciones de gobierno y el abuso de poder
Intringulis Legislativo

Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Socia fundadora de InteligenciaMás, firma especializada en asuntos gubernamentales y análisis del entorno político nacional. Desempeñó cargos de alto nivel en la SHCP encabezando los equipos de negociación en el Congreso, asesora legal en la Comisión de Hacienda de Diputados y abogada especialista en amparo en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Twitter: @jimena_ortiz

Las coaliciones de gobierno y el abuso de poder
Foto: Cámara de Diputados.

La coalición es un ejercicio de coordinación entre, al menos, dos actores políticos para lograr una meta compartida. Pactar una coalición implica precisar los costos y la distribución de funciones entre sus integrantes. Esta noción supone la negociación de acuerdos, compromisos, beneficios y riesgos para cada una de las partes y para el conjunto. 

Las coaliciones políticas pueden ser clasificadas como electorales y de gobierno. Las primeras, así como las candidaturas comunes, son mecanismos de participación política con fines electorales mediante las cuales dos o más partidos políticos deciden postular a los mismos candidatos. Las segundas tienen una finalidad más amplia. Los partidos acuerdan alianzas estratégicas para garantizar que el partido encargado del Poder ejecutivo tenga el apoyo de la mayoría del Poder legislativo. Estas coaliciones tienen por objetivo garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política.

En la mayoría de los regímenes democráticos, las coaliciones están permitidas y se producen cuando un solo partido o grupo político no tiene los suficientes apoyos en la Cámara legislativa correspondiente (Congreso, Senado o ambos), como consecuencia de los resultados electorales. De este modo, los diputados de los grupos que van a formar la coalición suelen votar al candidato del partido más votado, a condición de que los grupos minoritarios reciban contrapartidas no establecidas, como cargos públicos de alto nivel (que se suelen repartir de acuerdo al peso parlamentario) o una orientación determinada de las políticas del nuevo gobierno.

Las coaliciones pueden formarse antes o después de la celebración de las elecciones. Pueden ir a la convocatoria electoral con sus listas fusionadas, en cuyo caso se lo denomina coalición electoral, o bien pueden ir por separado para luego unirse a la hora de formar gobierno. Cuando miembros de varios partidos pertenecen a dicho gobierno, se habla de gobierno de coalición. El problema que tienen si se constituyen después de concluidas unas elecciones es probable que se trate de un pacto entre caballeros, ya que no se les reconoce fuerza legal o vinculativa.

La experiencia de las coaliciones en otros países

En Europa son muy comunes las coaliciones de gobierno, ya que suele haber más de dos partidos mayoritarios, y ninguno suele alcanzar el 50% de los apoyos parlamentarios.

En el caso de España hasta la fecha, todos los ministros que han ido formando los gobiernos sucesivos han sido del partido mayoritario o independientes, debido a que hay un bipartidismo de facto, que suele otorgar una clara mayoría a uno de los dos principales partidos (PP y PSOE). Esto se debe en gran medida al sistema electoral.

En ese país, algunos grupos minoritarios a nivel nacional (generalmente nacionalistas), pero mayoritarios en sus respectivas comunidades autónomas, han apoyado a los gobiernos a cambio de recibir mayores cuotas de autogobierno o financiación para sus regiones, salvo en los casos que ha habido mayoría absoluta. 

Respecto a los gobiernos de coalición en latinoamericana se presentan resultados contrastantes; por un lado, la inclusión de la oposición partidista ha producido, en algunos momentos, una toma de decisiones consensuada. Por otro lado, también ha producido fuertes enfrentamientos entre poderes, lo cual ha afectado negativamente la gobernabilidad. Este instrumento no es una garantía de que habrá un entendimiento entre los actores políticos; es una alternativa que puede posibilitar la cooperación entre los poderes públicos y los partidos políticos en el proceso legislativo y de gobierno.[1]

Las coaliciones en México

La modalidad del gobierno de coalición en México fue aprobada dentro del conjunto de reformas político-electorales que se llevaron a cabo en el año 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, producto del denominado el Pacto por México. 

En estas se acordó reformar el artículo 89 constitucional para otorgar nuevas facultades al presidente de la República y que este pudiera conformar un gobierno compartido, estableciéndose en consecuencia las reglas para su implementación, entre ellas, por ejemplo, que el convenio y el programa del gobierno de coalición fueran aprobados por la mayoría de los miembros de la Cámara de Senadores o la ratificación de diversos funcionarios se hiciera igualmente por la Cámara alta.

En el sistema de partidos actual existe la coalición Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD para competir en las elecciones federales y fue relativamente exitosa, pues logró quitar la mayoría calificada para poder reformar la Constitución de 2/3 partes a la coalición del partido en el gobierno Juntos Haremos Historia. 

La coalición compitió en 219 distritos electorales, de los cuales 77 distritos les correspondieron a candidatos militantes del PRI, 72 a candidatos del PAN y 70 a candidatos del PRD. 

Juntos Haremos Historia es una coalición legislativa tipo alianza electoral formada por el partido Morena, el PT y el PVEM para participar en las elecciones federales de 2021 y así mantenerse con mayoría en la Cámara de Diputados. Su objetivo es aprobar las reformas prioritarias de interés para el Ejecutivo Federal y hacer frente a la coalición Va por México. 

En marzo de 2021, los partidos de esta coalición informaron que ampliaron su acuerdo inicial de llevar 151 candidatos en coalición para llevar ahora candidatos comunes en 183 de los 300 distritos federales electorales, en mucho mejores condiciones de ampliar su mayoría en la Cámara de Diputados.

La ventaja de las coaliciones es que permiten la gobernabilidad y evitan la parálisis gubernamental. La desventaja es que con frecuencia llevan al mayoriteo del gobierno, sin tomar en cuenta los argumentos de la oposición o de otras fuerzas parlamentarias, y que lleva a la nulificación del Poder Legislativo. 

Un ejemplo reciente fue la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica, a la que el Ejecutivo pidió que “se aprobara sin mover ni una sola coma”, y Morena aprovechó su mayoría para desestimar las fuerzas opositoras y dejar de lado el Parlamento Abierto llevado a cabo en la Cámara de Diputados. Aún más, en el Senado de la República, la reforma fue aprobada sólo en cinco días, sin un verdadero análisis y debate. 

Algo similar sucedió con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 prácticamente tal como venía del Ejecutivo federal, sin atender las más de 1,000 reservas hechas por la oposición. Es claro que los mayoriteos que otorgan las coaliciones pueden ser un enemigo de las democracias. Es más, pueden llevar a la muerte de estas.

Como un ejemplo de lo anterior, nos encontramos con las consideraciones que la ministra Norma Lucía Piña Hernández realizó durante la deliberación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar por unanimidad la inconstitucionalidad del controversial artículo décimo tercero transitorio del decreto de reformas de 7 de junio de 2021 en materia de justicia federal, el cual ampliaba por dos años el periodo del presidente actual de la Suprema Corte y de los Consejeros de la Judicatura Federal.

Durante la sesión del 16 de noviembre pasado, y en consideración al proceso legislativo de la norma impugnada, la ministra Piña Hernández destacó que las violaciones al procedimiento legislativo, entendidas como aquellas que afectan de manera significativa a las condiciones de racionalidad de la deliberación política, resultaban “suficientes para invalidar el decreto impugnado porque transcendieron a la calidad democrática de la deliberación”.

La ministra resaltó que la violación a la condición fundamental de deliberación parlamentaria se traducía en la invalidez del proceso legislativo.

En ese sentido vale la pena cuestionarse si la nulificación a la participación deliberativa de las fuerzas políticas minoritarias en el Congreso al ejercerse un mayoriteo durante del procedimiento legislativo, viola los principios democráticos consagrados en la Constitución.

En Argentina un tribunal determinó que en una sociedad mercantil una mayoría –aunque se hubiese votado en asamblea– podía ir contra el interés social por abuso del poder. ¿No podría establecerse aquí una figura semejante para darle más fuerza a las coaliciones de gobierno? ¿Podría la Suprema Corte determinar que ciertos actos votados por una mayoría en el Congreso fueran impugnables por ser contrarios al interés nacional? Pensemos en aquéllos que violentan derechos humanos, como el derecho a la salud, o principios fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de emprender. Hay antecedentes en la figura jurídica del abuso de derecho. No hay ninguna regulación constitucional en ese sentido en México, pero consideramos que ayudaría a reforzar el juego democrático, en el que los grupos parlamentarios minoritarios que representan a un número importante de ciudadanos se ven marginados en el Congreso.


[1] Escamilla Cadena Alberto y López De La Torre René. El gobierno de coalición en México: un instrumento para los partidos políticos y el presidencialismo. 24 de noviembre de 2021. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-69162018000200031