#3AñosDeGobierno | Balance legislativo
Intringulis Legislativo

Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Socia fundadora de InteligenciaMás, firma especializada en asuntos gubernamentales y análisis del entorno político nacional. Desempeñó cargos de alto nivel en la SHCP encabezando los equipos de negociación en el Congreso, asesora legal en la Comisión de Hacienda de Diputados y abogada especialista en amparo en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Twitter: @jimena_ortiz

#3AñosDeGobierno | Balance legislativo

Tres años de gobierno con una intensa actividad en todos los ámbitos. Nos hemos acostumbrado a que cada mañana se cimbran los cimientos de la nación mexicana, pero ¿han sido de una auténtica transformación?

En el plano legislativo hemos presenciado un gran dinamismo expresado principalmente en reformas constitucionales y legales en la legislatura LXIV en Cámara de Diputados (2018-2021) y la actual LXV Legislatura (2021-2024), ya ha dado muestras de una intensidad de trabajo legislativo equivalente al de la anterior, pero con la importante diferencia de que el partido oficial, Morena, perdió la mayoría simple en Cámara de Diputados, por lo que sus aliados se convierten en factores aun más relevantes para retener el control de la Cámara de Diputados. Además, la posibilidad de contar con la mayoría calificada en la cámara baja se vislumbra cada vez más lejana.

Esto implicó un cambió relevante en el balance de fuerzas al interior de la coalición Juntos Haremos Historia, que establece condiciones de negociación diferentes frente a los desafíos que ha establecido el Ejecutivo federal en su plan legislativo para el cierre del sexenio y que contienen tres grandes reformas constitucionales: la energética, la electoral y la reforma a la gobernanza de la Guardia Nacional. Asimismo, el Ejecutivo y su alianza partidista encaran a tres años señales de cambio en las preferencias electorales reflejadas en las curules ganadas por la oposición que, también en alianza (PAN-PRI-PRD) consiguieron todos aumentar su participación en el Congreso. 

Para seguir la agenda de reformas para este sexenio, resulta útil dar un repaso a los dos tomos del libro Las grandes reformas para el cambio de régimen, del senador Ricardo Monreal. Para distinguirlas, se podrían agrupar en tres categorías:

  • Las reformas torales: Reformas constitucionales acerca de la austeridad republicana y remuneración de los servidores públicos, énfasis en el combate a la corrupción, cancelación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, creación de la Guardia Nacional, personas, pueblos y comunidades afromexicanas, bienestar social, paridad de género, prohibición de la condonación de impuestos, limitación al fuero presidencial, prohibición de partidas secretas en el presupuesto, ley de Fiscalía General de la República, nueva ley de pensiones y reforma a la ley de la Industria Eléctrica –detenida en tribunales, por cierto–.
  • Las reformas discutibles: Reforma constitucional en materia de extinción de dominio, aumento de los delitos en cuestiones de prisión preventiva, consulta popular y revocación de mandato, movilidad y seguridad vial, transformación del Poder Judicial, nacionalidad, juventud, seguridad privada, prohibición del outsourcing, proyecto de ley sobre el cannabis, ley de fomento de confianza ciudadana, ley federal para el fomento y protección del maíz nativo, nueva Ley de Propiedad Industrial, Ley de Amnistía, reforma laboral en conciliación y registro laboral, presupuestos de Egresos de la Federación de 2019 a 2022.
  • Instrumentos internacionales: Nuevo Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), convenio 98 relativo a los principios de derecho de sindicación y negociación colectiva, así como el Convenio 189 sobre el trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos, tratados internacionales contra la discriminación e intolerancia.

Muchas de estas reformas han representado un verdadero cambio de régimen. Varias de estas han sido controvertidas ante el Poder Judicial bien sea por legisladores, poderes autónomos y ciudadanos. En este sentido, hemos observado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado por su falta de apego constitucional en algunas de estas, declarándolas en consecuencia como inconstitucionales (por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos).

La agenda de reformas constitucionales para el 2021-2024

Inmediatamente después de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció enviaría en los meses siguientes tres propuestas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión: en 2022 una reforma en materia energética con un peso específico más potente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente al sector privado, una reforma electoral para 2023 a fin de reducir los costos de los procesos electorales y promover que los encargados de coordinar los comicios sean “auténticos demócratas”, y una reforma en 2024 a fin de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. De estas tres reformas, la única que conocemos actualmente es la primera. 

Al respecto, el presidente la presentó el 30 de septiembre de 2021 y desde entonces ha estado en el centro de la polémica. Aún no se ha iniciado el proceso de dictaminación correspondiente por parte de la comisión de puntos constitucionales y de energía de la Cámara de diputados. La reforma es de gran calado y alteraría, de ser aprobada, toda la organización industrial del sector energético ya que extinguiría la figura jurídica de Empresas Productivas del Estado (EPE) y el ecosistema de regulación con base en el cual el sector energético se diseñó y votó en el 2013 y se atrajeron inversiones tanto extranjeras como nacionales que hoy ya participan en el mercado dando rentabilidad a sus accionistas y financiadores. 

La reforma energética se encuentra entrampada. Morena y sus aliados no han sumado los votos necesarios y el camino se ve largo. Su esperanza es obtener mediante negociación votos de parte de la oposición, principalmente del PRI. Sin embargo, no es claro si esto podría transitar, ya que el PRI también tiene dilemas que le plantean ser un partido en el que algunos de sus miembros respaldan varias de las propuestas de la Cuarta Transformación y otros más leales a las premisas sobre las cuales se realizaron los planteamientos principales que llevaron a lograr el Pacto por México y la Reforma Energética de 2013.  

Y en materia de combate a la corrupción

En materia anticorrupción, el principal diferenciador del voto de 2018, la administración de López Obrador ha impulsado algunas reformas sin articular realmente un sistema que persiga, investigue, y sancione los actos de corrupción. Desde la Secretaría de la Función Pública, se impulsó un sistema de denuncias ciudadanas, del cual no se conoce un resultado que sorprenda. En cuanto al robo de combustible, aun cuando en diciembre de 2018 el presidente lanzó una campaña contra este delito que elevó su popularidad hasta un 80%, lo cierto es que al día de hoy se han detectado 32% más tomas clandestinas este año a nivel nacional, al pasar de cuatro mil detectadas en 2020 a cinco mil 289 en lo que va de 2021.

Asimismo, respecto del Sistema Nacional Anticorrupción que quedó armado en el sexenio pasado, la operación de 10 sistemas locales y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha generado en dos años solo 13 sentencias penales condenatorias de entre 6 mil 173 denuncias penales presentadas, es decir, el 0.023%; además mil 434 servidores públicos han sido sancionados y se han recuperado 2 millones 647 mil pesos por estos hechos y faltas administrativas en el país, de acuerdo con un estudio de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Por último, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) dejó canceladas muchas de las oportunidades que ya se habían logrado al dotar de autonomía al órgano autónomo que tanto trabajo costó separar de la Administración Pública Federal, y que había establecido, en mucho por presión de la sociedad civil, especialmente los colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos y buscadores de personas desaparecidas en el país, generar contrapesos al interior de la fiscalía para promover una mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. Sin embargo, la nueva legislación extinguió estos mecanismos y dejó a una FGR autónoma sin contrapesos. Lo que se observa en recientes meses es muy preocupante, pues la fragilidad institucional da pie a abusos y persecuciones políticas.

Puntos a rescatar

En lo positivo, y para terminar este breve repaso, es necesario destacar algunas acciones que considero correctas, como el establecimiento de límites a la remuneración de los servidores públicos, el aumento al salario mínimo, el impulso a la democracia sindical y a la democracia directa, el apoyo del T-MEC, el respeto a la autonomía del Banco de México y el cuidado de las finanzas públicas. 

Los pendientes son muchos: el combate efectivo a la corrupción, un clima preocupante de polarización social que se refleja en violencia verbal en las sesiones parlamentarias, una concentración evidente del poder presidencial que invade competencias del poder legislativo y una seria y muy preocupante también militarización del país, al que se le dieron aduanas, puertos, infraestructura, distribución de medicamentos y vacunas más la administración del Banco del Bienestar para distribuir los apoyos sociales… Todo en solo tres años.