La autonomía universitaria (reducida) de la Universidad de Quintana Roo

El 29 de noviembre de 2021, el gobernador de Quintana Roo presentó ante el Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto que generaría cambios en la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo con la finalidad de dotar de autonomía a la misma; ello se realiza con el objetivo primordial de que esta institución pueda autogobernarse, así como elegir de forma interna a sus autoridades, administrar con mayores márgenes de libertad sus recursos y, en consecuencia, contar con un ambiente propicio para que en su seno se facilite un ejercicio amplio de la libertad académica.

Cabe recordar que fue el 31 de mayo de 1991 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo el decreto por el que se creó la Universidad de Quintana Roo como un organismo descentralizado y de interés público y social del estado de Quintana Roo, lo cual la convierte en una de las universidades públicas estatales de más reciente creación en México. Hoy ahí se imparten 21 carreras universitarias y 11 posgrados a más de 6 mil alumnas y alumnos que son parte de su comunidad, por lo que a pesar de sus relativamente pocos años de existencia es la institución de educación superior más importante en Quintana Roo y, por tanto, una de las más importantes en México.

Es de resaltar que si el Congreso local aprueba la reforma propuesta por el titular del ejecutivo (con algunos cambios), el estado de Quintana Roo dejaría de ser la única entidad federativa en México que no cuenta con una universidad dotada de autonomía en su sistema educativo.

Con esta propuesta se busca básicamente reformar siete artículos de la Ley Orgánica, resultando interesante destacar que una de las propuestas versa en reformar su artículo 1º al establecer claramente que esta universidad estaría dotada de autonomía para autogobernarse.

Sin duda, uno de los más importantes cambios propuestos tiene que ver con la junta directiva como una de las ocho autoridades de la universidad. A partir de ahora, esta cambiaría su forma de integración para que cinco de sus nueve miembros sean designados por el consejo universitario, dos por el patronato y dos por el consejo social. En la ley aún vigente, este órgano colegiado se integra por siete miembros designados por el gobernador y cuatro por el consejo universitario.

Por su parte, considerándose el nombramiento de la persona que ocupa la rectoría quizás la facultad más importante de la junta directiva, a partir de la aprobación de la propuesta este órgano colegiado debería integrar en los trabajos para realizar dicho nombramiento al consejo universitario, al patronato y al consejo social, dejando de llevar a cabo este procedimiento por sí misma.

A pesar de este intento de apertura, también se debe decir que de aprobarse la propuesta en estos términos el gobernador no estaría sacando las manos del todo de la universidad (tratándose esta de una condición indispensable de la autonomía universitaria), pues al ser el consejo social de un ente dependiente del consejo universitario, en la propia propuesta se ordena que dos de sus 15 integrantes sean representantes del gobierno del estado y uno del gobierno federal, lo cual se convertiría en un despropósito pues el papel activo que el consejo social pudiera llegar a jugar en la designación de la máxima autoridad unipersonal de la universidad generaría que el poder político pudiera tener una importante influencia y, por tanto, que la libertad académica que con la autonomía universitaria se busca garantizar pueda verse reducida, sufriendo un decremento proporcional el ejercicio del derecho humano a la educación en aquella institución.

En tiempos en que la autonomía universitaria y la libertad académica pueden ser cuestionadas, es una buena noticia que se cuente con iniciativas que, si bien tienen importantes márgenes de mejora, abonan al fortalecimiento de las ya 40 universidades públicas dotadas de autonomía.