Crimen sin castigo: la imparable impunidad del 98%

El origen de la descomposición del sistema de justicia en México encuentra una clara explicación en los niveles de impunidad que muestran que de cada 100 delitos denunciados, solo llega a recibir sentencia condenatoria en dos. Es decir, sufrimos una impunidad del 98% con un gobierno que ha fracasado en sus ofrecimientos de pacificación y es pasivo a grados de complicidad con los grandes grupos criminales que dominan a placer extensas regiones del territorio nacional.

Con esta escalofriante estadística basada en cifras oficiales del Inegi y de organismos civiles, como Impunidad Cero, las posibilidades de acceso a la justicia de los mexicanos son del 2%.

En la asignatura de seguridad, todos los frentes están abiertos para hundir a nuestro país en una guerra de mediana intensidad que llama la atención a nivel internacional. Tenemos un clima de terror incontrolable, que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dice no existir, con el desparpajo de ignorar una crisis que conoce y evade.

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas denunció hace tres meses la ineficacia y discrecionalidad en la búsqueda de más de 95 mil personas.

Las desapariciones forzadas son un instrumento común entre grupos del crimen organizado, sin embargo, hay miles de mexicanos que sin ser delincuentes son víctimas de estas atrocidades. Familias enteras se organizan en brigadas de búsqueda por iniciativa propia para tratar de saber qué ocurrió con sus seres queridos.

Extorsión, robo, trata de personas, venganzas entre narcos y hasta abusos de las propias fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno son detonadores de las desapariciones. Auténticos crímenes de lesa humanidad que hacen insuficientes los esfuerzos de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Otra bofetada es el reciente Reporte internacional sobre la estrategia de control de drogas del departamento de Estado de Estados Unidos, que refiere la “influencia que poderosas organizaciones del crimen mantienen con altos funcionarios del gobierno mexicano”. Un señalamiento grave y explícito aunque no señale públicamente nombres de los involucrados.

El uso de minas antipersonales sembradas por delincuentes en Michoacán y el presunto fusilamiento en la población de San José de Gracia en esa misma entidad exhiben un inadmisible estado de guerra dentro de nuestro país. Situación similar que enfrentan distintas regiones de Zacatecas, Colima, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.

Para dimensionar la gravedad, hagamos la siguiente relación: solo se denuncian cinco delitos de cada 100 que se cometen y de cada 100 ilícitos denunciados solo se castigan dos.

¿Hace cuánto tiempo no tenemos noticia de la detención de algún gran capo de las drogas que asedia nuestra seguridad? ¿No les parece complaciente la narrativa presidencial en este tema?

La incontrolable impunidad seduce a los criminales para reconocer que en México la vida, la seguridad y la justicia están más devaluadas que nunca. Se asesina, secuestra, roba, extorsiona, defrauda, viola, desaparece, trafica y corrompe con la plena certeza de que no habrá castigo.

EDICTOS

Parece que se viene la noche para Julio Scherer Ibarra. La buena noticia en Palacio Nacional es que se dice que el escándalo del conflicto de interés de José Ramón López Beltrán con la casa gris podría ser eclipsado en los meses por venir. La mala para los fanáticos de la fallida transformación es que desde los círculos especializados del litigio siguen saliendo a la luz versiones de supuestas extorsiones del confeso “hermano” de López Obrador que, durante su paso por la Consejería Jurídica de la Presidencia, dirigió la orientación de diversos asuntos e investigaciones que podrían constituir un escándalo aún mayor para el primer tabasqueño del país.