Designar árbitro electoral siempre ha sido político

La propuesta presidencial de abrir a las urnas la designación de consejeras y consejeros electorales revive el debate respecto a si ese procedimiento debiera ser asunto técnico y no político. En muchos países de la región es alguna Cámara del Congreso (órgano político) la que define a los árbitros electorales. En México, un comité “técnico” evalúa perfiles desde 2014, pero al final es la Cámara de Diputados la que los designa; en Paraguay es el Senado; en Brasil, el Poder Judicial que pesa más en los nombramientos e incluso tenemos casos como el de Chile, donde el presidente propone, aunque requiere acuerdo con el Senado.

Votar de forma directa a consejeras y consejeros puede tener muchos elementos discutibles, pero el dilema de que eso es politizar la decisión “técnica” que hoy tenemos, es, por decir lo menos, maniqueo. Hay que cuidar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), pero es algo contradictorio señalar que no debieran politizarse sus designaciones cuando siempre han estado politizadas. En todo caso, sí pueden mejorarse cada vez más los candados de independencia y el método para los nombramientos, no solo a través de voto, que sería algo atípico frente a los diseños mundiales, pero no necesariamente inviable, depende de cómo se implementaran esa u otras medidas, que no pueden ser impuestas porque la constitución tendría que ajustarse y eso requiere mayoría calificada.

Desde la creación en 1990 de un órgano electoral con cierta independencia del gobierno en turno, este tipo de autoridades en México pasaron de la designación presidencial a un modelo que en la ley supone ciudadanización, pero que, desde entonces, siempre ha sido definido por mejores o peores cuotas partidistas y acuerdos políticos cupulares para definirlas. Con el tiempo se han incorporado algunos candados para dotar a las y los integrantes de estos órganos de una base de conocimiento técnica mínima en su perfil. Hemos tenido buenos perfiles en las distintas designaciones, pero en su nombramiento siempre pesa más lo político, el respaldo de un grupo parlamentario.

El órgano electoral en México es colegiado, es decir, un candado de pluralidad o equilibrio que acota el contexto de las cuotas, porque no decide un presidente del INE en solitario todo lo que ahí ocurre, necesita el voto de sus pares consejeras y consejeros, que son 11 desde 2014 (antes eran nueve). Es cierto que su designación tiene algunos candados de independencia formales que han aumentado tras diversas reformas, de entrada, que sea un colegiado no es menor porque impide que la captura partidista de uno o más integrantes oriente la totalidad de las decisiones, la captura integral.

Algunas fórmulas para evitar subordinación partidista o los gobiernos en turno han funcionado parcialmente, por ejemplo, diseñar nombramientos escalonados que trascienden sexenios (son de nueve años) o pedir el consenso de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y cierta base técnica mínima entre aspirantes a ocupar esos encargos.

Esos candados ayudan, pero no sirven del todo para que partidos gobernando o siendo oposición incidan en la designación de consejeras y consejeros. Todo mundo sabe que los elementos técnicos del proceso vigente para designar existen, pero que son insuficientes para evitar las cuotas cupulares de partido. Es cierto que hoy nuestro modelo de competencia en las urnas es solvente en un aspecto más que sustantivo, en la parte organizativa que instala casillas y hace valer el voto, aunque en el arbitraje lo político todavía contamina el juicio del Consejo en el INE, dependiendo quien impulsó uno u otro nombramiento.

Lo que prevalecen no siempre son los perfiles técnicamente más destacados, sino la cercanía con el grupo político indicado, el cabildeo y el acuerdo para que se ponga el nombre sobre la mesa y alguien lo defienda, cuotas de partido, pues, e intercambios políticos cupulares pesan mucho más que el perfil técnico al momento de las designaciones.

Por eso es un engaño decir que las y los consejeros electorales son personas que llegan sin ningún vínculo político y que cambiar el método de designación sería politizar la designación, o que el comité “técnico” que les evalúa no tiene vínculos políticos o que la Cámara de Diputados, que tiene la decisión final de nombrarles, antepone siempre la independencia antes que la cuota o expectativa de incidencia en al menos una porción del árbitro.

Dicho eso, después de expulsar a la Secretaría de Gobernación como tutela del IFE (hasta 1996 el vínculo todavía era muy relevante), la regla no escrita ha sido que el partido con más fuerza electoral, cuando cambia el sexenio, busca tener mayor fuerza en el árbitro, incidir en el nombramiento de más consejeras y consejeros.

Para evitar eso se diseñaron periodos transexenales (de nueve años), pero no se respetaron ni en el sexenio de Felipe Calderón, en donde una reforma electoral en 2007 removió a buena parte de consejeras y consejeros para replantear equilibrios políticos y hacer (o intentar) una operación cicatriz por la sucia contienda 2006.

Tampoco en el sexenio de Enrique Peña Nieto se mantuvo el árbitro originalmente designado, la creación del nuevo INE implicaba remover a consejeras o consejeros que habían sido designados por periodos más extensos.

Las cuotas con acuerdo entre las principales fuerzas fueron el método real a nivel nacional y en lo local, en ese caso, a cambio de la reforma energética se aceptó en el Pacto por México también una reforma electoral para “nacionalizar” elecciones, aunque la idea se matizó poco después y de una nacionalización total pasó a un modelo mixto, donde todavía existen órganos electorales locales pero ahora designados por el árbitro nacional y ya no por los Congresos locales como ocurría previo a 2014 (donde las designaciones tenían mucho de lógica feudal, donde la subordinación al gobernador o gobernadora es mayúscula).

Pese al pleito permanente entre el gobierno y el INE durante la actual administración, no se han removido consejeras y consejeros electorales. El debate sobre cómo mejorar el modelo de designación es legítimo, pero no depende de una iniciativa presidencial, sino del acuerdo entre dos terceras partes del Congreso para reformar la constitución.

Igual que ocurre en el INE, que es cuerpo colegiado, el modelo de democracia requiere acuerdos políticos y ninguna reforma constitucional en materia electoral será posible sin ese debate de consenso en el Congreso, un debate político, para dotar de legitimidad las contiendas electorales e integrar a sus árbitros de la mejor manera, pero no usando el falso dilema entre designación técnica o designación política porque la designación siempre ha sido, sobre todo, política.