Este abogado debería ser mundialmente famoso por su batalla contra Chevron, pero está en la cárcel

La mayoría de las personas probablemente han escuchado sobre Chernóbil, o el derrame de petróleo de la empresa British Petroleum (BP). Es posible que también conozcan mi batalla legal por el agua contaminada en California, dramatizada en la película Erin Brockovich. Sin embargo, un número muy inferior de personas ha escuchado sobre lo que ocurrió en el Amazonas ecuatoriano, aunque algunos activistas, periodistas y miembros del Congreso de los Estados Unidos lo consideran uno de los peores desastres ambientales del mundo.

¿Y si te dijera que una empresa petrolera multinacional presuntamente contaminó el Amazonas durante casi tres décadas? ¿Y que la petrolera ha pasado incluso más años negándose a aceptar su responsabilidad? ¿O que un abogado estadounidense que aceptó representar a miles de aldeanos ecuatorianos en una demanda contra esa empresa petrolera perdió su licencia de abogado, sus ingresos, pasó cientos de días bajo arresto domiciliario en Nueva York y en 2021 fue condenado a seis meses de prisión

Entre 1964 y 1990, Texaco, que se fusionó con Chevron en 2001, presuntamente derramó más de 16 millones de galones de petróleo crudo -“80 veces más petróleo del que se derramó en el desastre de Deepwater Horizon de BP en 2010”, según Gizmodo- y 18 mil millones de galones de aguas residuales contaminadas en la selva del Amazonas. La contaminación supuestamente contaminó el suelo y los canales con sustancias químicas tóxicas que, según los demandantes -en su mayoría indígenas y agricultores pobres-, han provocado cáncer, abortos, enfermedades de la piel y malformaciones congénitas. (Chevron declaró que las operaciones de Texaco estaban “completamente en consonancia con las normas de la época” y comentó al New Yorker, en 2012, que “no hay evidencia que corrobore” las acusaciones relacionadas con la salud).

En 1993, Steven Donziger, recién graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y abogado de derechos humanos, comenzó a trabajar en un caso ambiental en nombre de los ecuatorianos supuestamente afectados por las perforaciones de Texaco. Con el tiempo, el caso se convirtió en una demanda colectiva de 30 mil personas contra Texaco en un tribunal federal de Nueva York.

Texaco/Chevron no negó que hubo contaminación y “admite sin reservas que grandes pozos de lodo aún cubren el Amazonas”, informó el New Yorker. La empresa alegó que el gobierno ecuatoriano la eximió de responsabilidades tras pagar una limpieza anterior, y que la empresa petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, era la responsable de los daños restantes. Los demandantes argumentaron que la limpieza anterior fue deplorablemente insuficiente; que Texaco, y no Petroecuador, dirigía las operaciones reales en la zona; y que el acuerdo anterior de Chevron con el gobierno de Ecuador no excluía las demandas de los particulares. (El gobierno de Ecuador también discrepa las afirmaciones de Chevron).

Un juicio con jurado en Estados Unidos podría haber colocado a Texaco en el centro de la atención de forma vergonzosa y costosa, así que, quizás por esa razón, la empresa presionó para trasladar el proceso judicial a Ecuador, país que no realiza juicios con jurado y que depende en gran medida de la industria petrolera. Texaco argumentó que Ecuador tenía un sistema jurídico justo y competente. Un juez estadounidense aceptó trasladar el caso con la condición de que Texaco aceptara el veredicto del sistema ecuatoriano.

Esta medida de Texaco fue contraproducente: En 2011, Donziger y los demandantes ganaron el caso en dicho país. Un tribunal ecuatoriano dictaminó que Texaco, que en ese momento Chevron ya la había adquirido, era “responsable de una vasta contaminación”, según el New Yorker, y “le ordenó pagar 18 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, la sentencia más grande jamás dictada en un juicio ambiental”.

Ambas partes apelaron la decisión: Chevron dijo que era “ilegítima e inaplicable” y acusó a los demandantes de haber redactado un dictamen de un experto en medio ambiente en nombre de otra persona; los demandantes negaron que el dictamen fuera fraudulento y dijeron que, en todo caso, la sentencia monetaria era demasiado baja considerando la magnitud de la contaminación.

La acusación de Chevron de que la sentencia era ilegítima se basó en gran medida en el testimonio de un juez ecuatoriano, Alberto Guerra, a quien Chevron trasladó a los Estados Unidos y, a partir de 2015, pagó un salario de 12 mil dólares mensuales. Guerra testificó que los demandantes lo habían sobornado para influir en la sentencia ecuatoriana contra Chevron. Posteriormente, Guerra se retractó de la mayor parte de su declaración, admitiendo, según informó Vice News en 2015, que “no hay evidencia que corrobore las acusaciones de soborno o de una sentencia escrita en nombre de otra persona, y que gran parte de su testimonio jurado… era exagerado y, en otros casos, simplemente no era cierto”.

(Chevron cuestiona la importancia del cambio de testimonio de Guerra, diciendo a Vice News, en 2015, que las “transcripciones del juicio hacen evidente que Chevron probó su caso ante el tribunal internacional de arbitraje”).

Parte de la sentencia ecuatoriana contra Chevron consistió en una multa por no pedir disculpas por la contaminación; en 2013, la corte nacional de justicia de Ecuador determinó que “no existía base legal para sancionar a Chevron por no pedir disculpas”, según informó Reuters, y redujo la sentencia a 9 mil 500 millones de dólares, pero por otra parte ratificó la decisión original

En lugar de aceptar el resultado legal y las responsabilidades que conlleva la adquisición de una empresa (por ejemplo, Dupont, ahora Chemours, o Monsanto, ahora Bayer), Chevron “dejó en claro que no pagaría la sentencia“, según informó The Intercept, y “trasladó sus activos fuera del país”. La empresa pasó de afirmar que el sistema legal de Ecuador era justo a afirmar que era demasiado corrupto como para confiar en él.

“Lucharemos contra esto hasta que se congele el infierno, y después lucharemos sobre el hielo”, juró un abogado de Chevron, “un comentario que se convirtió en un lema en la empresa”, según señaló el Wall Street Journal. Chevron ha cumplido de sobra esa promesa. Lleva años desarrollando una campaña contra los demandantes, sus abogados e incluso contra todo el país.

La estrategia legal de Chevron está dirigida por Gibson Dunn, un despacho de abogados corporativos notoriamente agresivo que en 2007 el tribunal supremo de Montana lo reprendió, en un caso diferente, por “brutalidad legal” y “real malicia”. Randy Mastro, exfiscal federal y asesor del alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, dirige el expediente de Chevron del despacho. Mastro, un “litigante despiadado”, según el New Yorker, en una ocasión fue descrito como “la única persona de la administración de Giuliani que hacía que el alcalde pareciera un buen tipo”.

La cuestión es la siguiente: una enorme corporación multinacional como Chevron se puede permitir el lujo de pagar millones de dólares en gastos legales, de forma indefinida, y hacerlo casi siempre será más económico que pagar una multa o llegar a un acuerdo. Chevron “insiste en que su objetivo no es el retraso”, informó Vanity Fair en 2007, sin embargo, los demandantes y sus abogados “están convencidos de que sí lo es”.

“Tomemos 6 mil millones de dólares como cifra”, explicó Donziger a William Langewiesche de Vanity Fair. “Con solo meter el dinero a una cuenta de ahorros Chevron podría ganar 300 millones de dólares por cada año que no pague. Esa suma, multiplicada por los cuatro años de juicio hasta la fecha, ascendería a mil 200 millones de dólares, lo cual es mucho más que, por ejemplo, 50 millones de dólares empleados en gastos legales, incluso si Chevron pierde finalmente el caso. Y si Chevron gana, entonces ¿cuál sería el cálculo?”

Las empresas también pueden demandar a los demandantes, aplastando cualquier oposición bajo, en palabras de Chevron, “una avalancha de papel”. Esto forma parte de un inquietante libro de jugadas legales, conocido en ocasiones como Slapp: demanda estratégica contra la participación ciudadana. Las grandes empresas pueden financiar interminables litigios contra activistas o críticos. Ni siquiera necesitan ganar en los tribunales, porque pueden intimidar o llevar a la bancarrota a sus oponentes mediante los gastos legales. (Chevron niega que emplee tácticas Slapp, aunque una organización anti-Slapp nombró en dos ocasiones a Chevron “intimidador corporativo del año” y en 2021 le concedió a la empresa un “premio a la trayectoria”).

Después de que Chevron “derrotó con éxito una demanda que pretendía responsabilizarla por el tiroteo que causó la muerte de manifestantes en una plataforma petrolera en alta mar en Nigeria”, incluso intentó, sin éxito, “obligar a los empobrecidos demandantes nigerianos, algunos de ellos eran viudas o niños, a reembolsar los gastos de sus abogados”, informó el New Yorker en 2012.

“Esa es la forma en que litigan”, dijo Bert Voorhees, un abogado que representó a los demandantes nigerianos, a Patrick Radden Keefe, del New Yorker. “El objetivo es asustar a la siguiente comunidad que podría intentar hacer valer sus derechos humanos”.

En 2018, un tribunal internacional dictaminó que anteriormente Chevron quedó exenta de responsabilidad por la contaminación en el Amazonas y ordenó a Ecuador que no ejecutara la sentencia de 9 mil 500 millones de dólares. Ecuador todavía sostiene que la sentencia es legítima.

En represalia, “el gigante petrolero estadounidense se opuso en junio pasado cuando Washington propuso permitir la importación de rosas sin aranceles procedentes de los países más pobres del mundo, incluido Ecuador”, informó el Wall Street Journal en 2021. “Dejar que Ecuador ahorre dinero en flores después de descarados ‘actos de desafío’ le diría al mundo que Estados Unidos premia el mal comportamiento, dijo la petrolera”.

Chevron también solicitó al tribunal internacional que ordene que “casi 800 millones de dólares de los costos legales de Chevron [sean] pagados por Ecuador, un país cuyo producto interno bruto es aproximadamente la mitad del valor bursátil de Chevron”.

También está Donziger. Los asesores de relaciones públicas de Chevron prometieron “satanizar” a Donziger ante la opinión pública. La empresa petrolera “contrató a investigadores privados para que vigilaran a Donziger, creó una publicación” que lo calumnió y “reunió un equipo jurídico de cientos de abogados de 60 despachos, que han llevado a cabo con éxito una extraordinaria campaña contra él”, informó el Intercept en 2020.

Donziger ha pasado años de su vida luchando contra litigios aparentemente interminables. En 2011, Chevron demandó a Donziger y a los miembros de la demanda en un tribunal estadounidense por 60 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, acusándolos de extorsión e invocando una amplia y controvertida ley creada originalmente para luchar contra la mafia. El caso de Chevron se basaba en gran parte en las declaraciones de corrupción de Guerra, de las que se retractó desde entonces; Donziger y sus coacusados negaron las acusaciones.

“El método de acusar a los abogados de las víctimas de ser estafadores ha sido perfeccionado con especial ahínco por [el] despacho de abogados Gibson Dunn”, señaló Bloomberg en 2014. Poco antes de que la demanda llegara a juicio, Chevron retiró la demanda por daños y perjuicios económicos, negando así a Donziger el derecho a tener un juicio con jurado.

Durante el juicio, que ganó Chevron, la empresa exigió que Donziger entregara su teléfono y su computadora a su equipo jurídico. Después de que Donziger se negó a hacerlo, argumentando que violaría el privilegio abogado-cliente, el juez del caso lo acusó de desacato al tribunal.

La fiscalía de Estados Unidos se negó a procesar a Donziger por desacato, por lo que el juez del caso tomó la extraordinaria medida de nombrar a un despacho de abogados privado para que representara al gobierno en el procesamiento de Donziger, un hecho que dos senadores estadounidenses calificaron como “muy inusual” y “preocupante”. Los senadores también señalaron que el despacho designado para procesar a Donziger representó anteriormente a Chevron.

Debido a que se le consideró un “riesgo de fuga”, Donziger pasó más de 800 días bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica, mientras esperaba el resultado del juicio. En 2020, de acuerdo con Sharon Lerner de The Intercept, las “cuentas bancarias de Donziger fueron congeladas. Ahora tiene un embargo de su departamento, se enfrenta a multas exorbitantes y se le prohibió ganar dinero. Desde agosto [de 2019], un tribunal le confiscó su pasaporte y lo puso en arresto domiciliario”. Chevron, que posee una capitalización bursátil de 228 mil millones de dólares, cuenta con los fondos necesarios para seguir atacando a Donziger durante todo el tiempo que desee”.

Al final, Donziger perdió el caso de desacato, que calificó como una “farsa”. Como consecuencia de los cargos presentados en su contra, también perdió su licencia de abogado, en contra de la recomendación del funcionario judicial que arbitró la audiencia de conducta profesional. El funcionario, un exfiscal federal, describió a Donziger como una terca ladilla que es “con frecuencia su peor enemigo”, pero calificó la medida de privarlo de su licencia como injustificada, y condenó el “alcance de su prosecución por parte de Chevron” como “extravagante, innecesario y punitivo”.

En octubre, Donziger ingresó a una prisión federal para comenzar una condena de seis meses por desacato. (En diciembre lo reenviaron a arresto domiciliario como parte de un programa de liberación anticipada a causa del Covid-19). Todavía no puede ejercer su profesión de abogado, no puede cobrar los honorarios del juicio de Ecuador y tuvo que usar una tobillera electrónica hasta el pasado fin de semana.

En noviembre, nueve miembros del Congreso de Estados Unidos firmaron una carta en la que calificaban el tratamiento de Donziger como un “encarcelamiento sin precedentes e injusto”. Observadores judiciales internacionales, asociaciones de abogados, miembros del Parlamento Europeo y Amnistía Internacional también criticaron los cargos presentados contra Donziger por considerarlos excesivos y punitivos, y 29 ganadores del Premio Nobel de todo el mundo firmaron una carta abierta en la que sostenían que Donziger es víctima de “hostigamiento judicial”.

Yo misma he tratado casos similares, con diferentes empresas. En 1993, formé parte de un equipo que presentó una demanda colectiva en nombre de 650 demandantes contra PG&E, en la que se alegaba que la empresa de servicios públicos de California tenía conocimiento de que sustancias químicas nocivas, en particular el cromo hexavalente, se estaban filtrando en las aguas subterráneas de la localidad de Hinkley, California, y que estaban contaminando el suministro de agua del pueblo. Ese caso terminó convirtiéndose en la mayor demanda de acuerdo médico de la historia en aquel momento y cambió mi vida.

Después de Hinkley, descubrimos otros pueblos cercanos en California donde el cromo hexavalente estaba provocando problemas de salud y causando estragos en las vidas de las personas. En 2006, PG&E acordó pagar otros 295 millones de dólares para resolver una serie de demandas por agua contaminada que afectó a otras mil 100 personas.

Imagínate que en lugar de tener una película que cuente mi historia, hubiera ido a la cárcel. Eso es, básicamente, lo que le ocurrió a Steve Donziger. Y, desde que comenzó este litigio en 1993, Chevron no ha pagado ni un centavo ni realizado ningún trabajo de limpieza. Hasta ahora, los únicos que han pagado por el supuesto comportamiento de Chevron son Donziger y las personas afectadas por la contaminación, los pobres e indígenas ecuatorianos que todavía viven cada día con los efectos de la contaminación.

Erin Brockovich es una defensora del medio ambiente y autora del libro Superman’s Not Coming: Our National Water Crisis and What We the People Can Do About It. Es columnista de The Guardian US.