Segob y SSPC instalan comité para la liberación de presos víctimas de tortura
Las condenas son por el asesinato de Leslie Enríquez. Foto: RODNAE Productions/Pexels.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de este miércoles 25 de agosto, el acuerdo para gestionar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, en prisión preventiva, y aquellas que hayan sido víctimas de tortura.

El acuerdo busca establecer acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de proliferación de personas sentenciadas, además de identificar casos de personas que hayan sido víctimas de tortura, para que puedan ser beneficiados.

Así, la Segob deberá coordinar y dar seguimiento a las acciones de las instancias de seguridad pública, prevención y reinserción social de la Administración Pública Federal, así como promover e impulsar, ante los demás poderes de la unión, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y las demás autoridades competentes, los mecanismos de colaboración que sean necesarios para llevar a cabo las medidas establecidas en el acuerdo.

El acuerdo emitido por la Segob establece la creación de un comité de carácter permanente y obligatorio que llevará a cabo esta función y estará integrado por servidores públicos adscritos a Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Dicho comité deberá emitir sus reglas de operación y promover los mecanismos de colaboración necesarios para que las autoridades competentes.

Además, la dependencia de Gobierno analizará la información contenida en las bases de datos de personas privadas de su libertad que sean adultos mayores y que cuenten con una sentencia ejecutoriada, para verificar si cumplen con los requisitos para obtener su preliberación.

Asimismo, se deberán identificar aquellos casos en los que existan personas que hayan sido víctimas de tortura, acreditada por el Protocolo de Estambul, así como señalar los casos de personas en prisión preventiva que excedan el plazo establecido para efectos de solicitar su libertad.

También se identificará a las personas adultas mayores de setenta años, que se encuentren en prisión preventiva, con la finalidad de gestionar ante las autoridades la solicitud de preliberación.

El acuerdo entró en vigor desde este miércoles, con un plazo de no mayor a tres días hábiles para que la Segob instale el comité de análisis.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante el anuncio en junio que en penales federales hay 12 mil 358 presos sin haber recibido sentencia.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia y que no sólo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría, ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto”, expresó en ese momento el mandatario.

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