Oposición da ‘jaque mate’ a la reforma electoral y Morena avala ‘plan b’ de AMLO

Con un amplio rechazo por parte de los partidos oposición, la reforma constitucional en materia político-electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quedó desechada en lo general y particular.

Con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, la oposición puso un freno a la reforma electoral del presidente López Obrador porque no alcanzó la mayoría calificada (el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados) necesarios para su aprobación.

Al conocerse el resultado de la votación, los diputados de oposición corearon al unísono: “¡A eso vine, a defender al INE (Instituto Nacional Electoral)!”.

La discusión, al igual como ocurrió en las comisiones, se centró en una defensa hacia el INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por parte de la oposición, mientras que los legisladores del partido guinda los acusaba de defender los intereses de dichos órganos autónomos.

El diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, criticó que el dictamen sólo incluyó las propuestas de la iniciativa del presidente López Obrador, pero ninguna de las que hicieron legisladores de oposición.

“La democracia es bandera que necesitamos impulsar todos, una democracia que en sus definiciones nos agrupe, consolide y dé paso a los grandes acuerdos”, apuntó el dirigente priista.

Por su parte, el coordinador de diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que no es el momento oportuno para impulsar a la reforma constitucional en materia político-electoral y acusó a Morena de pretender debilitar a las autoridades electorales porque “ya no les acomodan”.

“Aunque a algunos no les guste, el INE no se toca y no solamente el INE, el Tribunal no se toca, el voto libre no se toca, la autonomía de nuestras autoridades electorales no se toca porque la democracia no se toca”, sostuvo.

Asimismo, el coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, resaltó la importancia de defender la democracia y, en particular al INE, a fin de mantener la certeza para las próximas elecciones presidenciales.

“Lo que reclama hoy la oposición, lo van a reclamar en unos meses miles de militantes de Morena: respeto a la tolerancia y a la pluralidad. No podemos poner en peligro la certeza de la elección presidencial de 2024”, subrayó Álvarez Máynez, acompañado del resto de sus compañeros y compañeras parlamentarios, quienes llevaban carteles con la consigna: “Morena quiere jugar sin árbitro”.

En contraste, el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, arremetió contra los legisladores de oposición, a quienes acusó de defender los privilegios de los consejeros del INE.

“Los consejeros, la élite burocrática de este país ganan 400 mil pesos (…) ¿eso es justo para este país? ¿eso es lo que no hay que tocar? Al contrario, eso es lo que vamos a tocar”, dijo.

Además, negó que la intención del presidente López Obrador ni la de Morena, a través de esta reforma constitucional y a las leyes secundarias, sea desaparecer al árbitro electoral, como denunciaron los partidos de oposición.

“Esa es una mentira y una tontería”, criticó.

Aprueban el plan B ante revés a reforma electoral

Posteriormente, Morena aprobó la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en esta materia, para la cual sí contaban con los votos necesarios, junto a sus aliados.

En ese sentido, la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), entre otras, 261 votos a favor y 221 en contra.

Con la reforma se propone extinguir dos fideicomisos del INE con saldo superior a los 1 mil 030 millones de pesos, así como la creación de nuevos fondos o fideicomisos.

Se prohíbe contratar seguros de gastos médicos mayores y que los consejeros electorales ganen más que el presidente.

Además se eliminan dos Salas Regionales y la Sala Regional Especializada del TEPJF, entre otras.

Se podrán transferir votos entre partidos y que los remanentes recursos público o privados se puedan usar para financiar elecciones subsecuentes, con lo que ya no deberían regresarlos.

Ahora pasa al Senado para su aval.