Tribunal absuelve a José Luis Abarca del delito de delincuencia organizada

Un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas absolvió al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, imputado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La sentencia quedó en firme por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no podrá impugnar.

También resultó favorecido el exdirector de la policía de ese municipio, Felipe Flores Velázquez, y 18 personas más, a quienes se les imputaron los delitos de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado.

El Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas confirmó la sentencia de un juez federal de distrito con la que se absolvió al exalcalde de Iguala.

“Se dicta sentencia absolutoria en favor de José Luis Abarca y Felipe Flores Velázquez por el ilícito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2°, fracción I (contra la salud, con fines de fomento), 4°, fracción I, inciso b), y 5°, fracción I, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por las consideraciones y fundamentos expuestos en el considerando Séptimo”, indica el resolutivo del juez.

Asimismo, resolvió que se absuelve a los inculpados de la reparación del daño.

“No ha lugar a amonestar a los enjuiciados ni a suspender sus derechos políticos y civiles, atento a lo razonado en el considerando décimo. Se rehabilita a los sentenciados, en el goce sus derechos políticos, conforme lo dispuesto en el considerando décimo primero”.

Sin embargo, Abarca enfrenta otros procesos penales por homicidio y secuestro, por los que no podrá recuperar su libertad.

Apenas hace dos semanas, el exalcalde fue condenado a 92 años y seis meses de prisión por el secuestro cometido de seis activistas, entre ellos al dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.

En el fallo, el colegiado determinó que los elementos de prueba que presentó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada contra Abarca.

Así mismo se determinó que algunos involucradas en el caso no rindieron su declaración de manera libre y voluntaria, toda vez que lo hicieron bajo coacción o tortura, además de que otros de los acusados fueron detenidos ilegalmente por la PGR.