5 preguntas sobre la ética del plan para poner las vacunas en el país

Imagina este escenario: mañana es tu turno. Te toca vacunarte contra el Covid-19. En un grupo de Whatsapp, alguien comenta que en el centro donde te la van a administrar, tienen vacunas desarrolladas por tres laboratorios distintos de distintas nacionalidades. ¿Querrías elegir cuál te pones?

Esta es una duda relacionada con la bioética que más de uno se ha planteado a lo largo de estos 12 meses de pandemia.

Más ahora, que a pesar de que ya apareció la solución a ciudades cerradas y reuniones virtuales, hay escasez y la demanda es mundial. Por eso, La-Lista quiso debatir cinco cuestiones controvertidas sobre ética relacionadas con el plan de inmunización en México.

Silvia Serrano, directora adjunta del Instituto O’Neill para el Derecho y Salud Nacional y Global, de la Universidad de Georgetown (EUA) y Jonathan García, salubrista y profesor de Derecho y Salud Global en la Universidad de los Andes (Colombia), las respondieron

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1. ¿Quién debería vacunarse primero?

El plan de vacunación inicial del gobierno de México establecía un orden en función de la edad, a excepción de los profesionales del sector Salud. 

Estos fueron los primeros en vacunarse, los trabajadores en primera línea de control de la pandemia. Seguidamente, cada etapa atenderá a grupos poblacionales por décadas de mayores a menores — mayores de 60 (etapa 2) y el resto del personal sanitario; población de 50 a 59 años (etapa 3), etc.

“Si logramos tener esta vacunación priorizando las edades, vamos a lograr reducir la mortalidad en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura”, aseguraba el portavoz de la pandemia del gobierno federal, Hugo López-Gatell, en la mañanera del 5 de enero.

Sin embargo, el Ejecutivo fue introduciendo matices al plan inicial. Después de vacunar a la población hasta 60 años, vendrán los enfermos crónicos (obesidad, hipertensión, etc.). 

El presidente Andrés Manuel López Obrador también incluyó un nuevo grupo poblacional prioritario: “Vamos también a contemplar como algo especial la vacunación a los maestros para que los estados donde haya semáforo verde ya se reinicien las clases presenciales”, dijo, en un video publicado el 27 de septiembre en sus redes sociales.

Con estos cambios, la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Covid se acerca más a las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud. Según el organismo, los planes de inmunización deberían responder a tres grandes criterios: 1) reducir muertos y cargas de la pandemia, 2) reducir los impactos sociales y económicos de la pandemia, y 3) preservar la continuidad de los servicios esenciales.

Por eso, Silvia Serrano considera que el plan de vacunación solo basado en la edad era infraincluyente: “Cuando atiendes a los que tienen más posibilidades de tener complicaciones, descargas al sistema de salud. Y si priorizas a los trabajadores esenciales, el riesgo de contagio va a disminuir”, explica la académica. 

De manera similar, los diferentes estados que ya empezaron a inmunizar a sus poblaciones ordenaron diferentes grupos poblacionales.  Por ejemplo, el pionero, Reino Unido, priorizó a los adultos en residencias para mayores y a los trabajadores de esos centros, seguidos de los mayores de 80 años y los profesionales de Salud trabajando a primer línea contra la pandemia. Una vez vacunados los mayores de 70 años, se priorizarían a las personas clínicamente vulnerables. Un esquema similar implementó Alemania. 

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En Estados Unidos, serán los estados federados quienes regularán el acceso a la vacuna. Sin embargo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendó que después de los profesionales de la Salud y los residentes en centros para adultos mayores, se vacune al resto de trabajadores esenciales (policías, trabajadores del campo, empleados de supermercados, maestros, etc.), junto con los mayores de 75 años.

2. ¿Priorizar a los grupos que reactivarán la economía o a los que tienen más riesgo de enfermar o morir?

“Lo que interesa en esa priorización, en primer lugar, es reducir la mortalidad”, explicaba el subsecretario López-Gatell, el 5 de enero. Para el salubrista Jonathan García, esta posición es coherente con la forma que se está midiendo el éxito del manejo de la pandemia en los diferentes países, es decir, en función del número de muertes.

“[Si] su objetivo es reducir la mortalidad, es mejor aplicar las vacunas al grupo que muestra mayor mortalidad”, aclara. Por eso, los expertos consultados coinciden en que deben priorizarse los adultos mayores antes que la población activa, es decir, el grueso de los que pueden reactivar la economía.

“En varios países, hubo centros de personas mayores donde un contagio generó una altísima crisis de mortalidad. El riesgo es muy alto. Aunque estén en condiciones de aislamiento, están en un contexto más grande que un núcleo familiar”, explica la profesora Serrano. El mismo criterio aplicaría para prisiones o los refugios humanitarios.

3. ¿Debería poder adquirir la vacuna en la farmacia o en un centro privado de Salud?

Inicialmente, López-Gatell dijo que la vacunación era un “asunto de Estado” y de “interés público general”, por lo que sólo el sistema público de salud podría adquirir la vacuna. Además, el Gobierno dejó claro que la vacuna sería universal y gratuita.

Pero en un video de 27 de diciembre, el presidente aclaró que no habría “ningún impedimento” para que empresas privadas adquirieran en el extranjero dosis y se vendieran en el país. 

La condición es que no se perjudique el plan de compra y distribución de vacunas por parte del Ejecutivo. “Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiríamos, lo denunciaríamos, pero no es el caso”, aclaró el mandatario, en la mañanera del 28 de diciembre.

Los expertos consultados por La-Lista alertan que en un escenario de escasez temporal, como el actual, solo podría existir un mercado de vacunas si se cumple el condicionante del presidente López-Obrador.

“Si la intervención del sector privado no perjudica la distribución del sector público y no disminuye esa oferta, [incluso] ayuda a descargar un poco [el sistema público de Salud]”, explica Silvia Serrano. “El problema es que si al final se terminan generando criterios de priorización para quienes no tienen capacidad de pago y quienes sí, este es el único criterio para acceder a la vacuna, me parece injusto”, añade. 

Eso, no obstante, no impide que los centros de salud privados puedan – incluso deban -participar en la campaña de vacunación. “Los Estados no están capacitados para llegar a todas las regiones. Los privados ya tienen la infraestructura, entonces, sí tienen un rol en favorecer la distribución de la vacuna”, explica la directora del Instituto O’Neill.

4. ¿Debería poder elegir qué vacuna me pongo?

La primera vacuna en suministrarse en todo el mundo fue la de Pfizer y BioNtech. Sin embargo, los países ya anunciaron que esperaban recibir otras de otras empresas. México, por ejemplo, ya autorizó el uso de emergencia de desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AztraZeneca.

La autorización oficial para la distribución del medicamento debería ser suficiente para que los ciudadanos confiaran en la seguridad y eficiencia de las vacunas, con independencia de qué laboratorio la haya desarrollado. Es decir, la cuestión es que el ciudadano confíe en el Estado, explica Jonathan García. “Si empezamos a permitir esas decisiones personales, vamos a crear un caos logístico que no contribuye, no favorece ni a los usuarios ni al plan de inmunización del país”, añade.

5. ¿Debería ser obligatoria la vacuna?

El presidente López-Obrador dijo que la vacuna sería voluntaria: “Lo más importante es la libertad”, aclaró, en la mañanera del 22 de diciembre. 

Las desconfianzas sobre la seguridad de la vacuna, así como la existencia de movimientos antivacunas en algunos países ha generado la duda sobre si debería obligar a los ciudadanos a inmunizarse. Sobre todo, teniendo en cuenta que para lograr la inmunidad de rebaño, expertos apuntan que tendría que vacunarse hasta el 90% de los ciudadanos.

La valoración de los expertos es unánime en eso: las obligaciones en salud pública suelen ser contraproducentes. “Una de las cosas más importantes es la confianza y la confianza no se puede imponer”, explica el profesor de la Universidad de los Andes. 

Para combatir cualquier reticencia es clave que los gobiernos sean transparentes, porque ello ayuda a que los ciudadanos acepten sus decisiones: “Se debería generar un escenario de información clara para que el impacto de grupos antivacunas tenga el menor alcance”, asegura Silvia Serrano.