Los republicanos de Georgia se apresuran para aprobar leyes que restringen e impugnan el voto

En los últimos días de la sesión legislativa de la asamblea de Georgia de este año, los legisladores republicanos se apresuraron a proponer leyes que pretenden restringir el acceso al voto y facilitar que los ciudadanos impugnen y subviertan los procesos electorales normales.

El proyecto de ley 221 del Senado, el proyecto de ley 422 de la Cámara y el proyecto de ley 426 de la Cámara son solo algunas de las nuevas leyes electorales propuestas, que surgen después de que los republicanos del estado, entre ellos el secretario de Estado, Brad Raffensperger, elogiaran a los funcionarios electorales por la fluidez de las elecciones en los últimos dos años. Estas leyes incluyen medidas para erradicar los buzones de voto por correo, permitir que los ciudadanos impugnen con mayor facilidad los registros de votantes –algo que los teóricos conspirativos republicanos ya habían hecho con escasas pruebas que los respaldaran durante las elecciones intermedias– e incluso abrir las boletas electorales para su revisión.

Si bien algunos de los elementos de estas leyes propuestas ofrecen una mayor flexibilidad y recursos para las elecciones, incluido la popular iniciativa bipartidista de erradicar las elecciones de segunda vuelta en el estado, otros aspectos están basados en afirmaciones infundadas y teorías conspirativas sobre el fraude electoral masivo derivado de las elecciones de 2020.

“La asamblea de Georgia está legislando para intentar apaciguar algunas teorías conspirativas”.

Cynthia Battles, de Georgia Coalition for the People’s Agenda

Cynthia Battles, directora de política y participación de Georgia Coalition for the People’s Agenda, una organización de defensa de los derechos civiles, recientemente manifestó su preocupación en una audiencia relativa al proyecto de ley 426 de la Cámara.

“Seguimos litigando nuevamente en torno a las elecciones de 2020, y la asamblea de Georgia está haciendo una legislación para intentar apaciguar algunas teorías conspirativas”, comentó.

SB221: ‘convierte en arma las impugnaciones de los votantes’

La SB221, la ley más polémica, permite que las impugnaciones contra la elegibilidad de los votantes se lleven a cabo sin la debida diligencia.

El año pasado, el número de impugnaciones presentadas en todo el estado fue de casi 100 mil, lo cual dio lugar a muchas demandas infundadas de aparentes negacionistas de las elecciones y obstruyó el proceso para los abrumados funcionarios electorales en un momento crítico. En virtud de la SB221, se podría filtrar a los votantes de las listas simplemente basándose en alegaciones que incluyan “una declaración jurada de cualquier persona con información relevante”.

“Hemos visto una gran cantidad de grupos organizados y armados que han estado convirtiendo en armas las impugnaciones de los votantes para obtener beneficios partidistas”, señaló Isabel Otero, directora de políticas de Georgia en el Southern Poverty Law Center. “Eso nos preocupa mucho“.

Además, el proyecto de ley propone el uso de la base de datos National Change of Address (NCOA) para determinar la elegibilidad de un votante para votar en las elecciones. No obstante, según Otero, esto podría violar directamente la ley federal.

“Ese programa no es muy confiable como herramienta para establecer la elegibilidad de un votante”, señaló Otero. “Y hay leyes federales que prevén disposiciones de salvaguarda cuando se excluye a votantes de las listas utilizando los datos del NCOA debido a que se sabe que los datos del NCOA son inexactos”.

Los cambios propuestos en virtud de SB221 no terminan en la elegibilidad de los votantes. En un cambio de última hora durante una reunión del comité de ética del Senado, los senadores republicanos modificaron la legislación propuesta para incluir una redacción que elimina por completo el uso de buzones de voto por correo en todo el estado. Esto ocurre después de que la legislación anterior redujera el número de buzones disponibles a menos de la mitad tras las elecciones de 2020, cuando un número récord de votantes emitieron sus votos por correo a través de buzones. No existen pruebas de que los buzones incrementen el fraude electoral.

HB422: un ataque contra los miembros de la junta electoral

Por su parte, el proyecto de ley 422 de la Cámara, que es específico para el condado de Ware, permitiría que el partido político que reciba el mayor número de votos en las elecciones anteriores –en este caso, el Partido Republicano– destituya a los actuales miembros de la junta electoral y designe a los sustitutos de su elección. Si se aprueba esta ley, destituirá a los tres miembros afroamericanos de la junta electoral del condado. Esto contrasta directamente con otros condados del estado que reservan puestos para miembros de ambos partidos.

A Shawn Taylor, actual copresidente de la junta electoral del condado de Ware, le preocupa que, si no se establecen salvaguardas, las personas nominadas para formar parte de la junta no representarán adecuadamente a la población del condado.

“La junta tiene actualmente tres miembros afroamericanos”, señaló Taylor. “Creemos que esta legislación es un ataque no solo contra los miembros de la junta, sino contra los miembros afroamericanos y latinos de la comunidad”.

Fallon McClure, subdirectora de la ACLU de Georgia, comentó que la ley HB422 forma parte de un patrón alarmante y cada vez mayor de leyes que permiten que las motivaciones políticas sesgadas gobiernen en las juntas electorales locales.

“Debemos eliminar el partidismo de la administración electoral y convertirla en un proceso justo en el que todos puedan hacer escuchar su voz”, señaló McClure.

A algunos residentes del sur de Georgia les preocupa que, aunque esta ley actualmente solo afecta al condado de Ware y establece que los demócratas pueden presentar sus candidatos para las juntas electorales, las marcadas divisiones partidistas lo conviertan en una simple formalidad que dará paso a que los demócratas pierdan su voz.

“Nos preocupa mucho que el proceso justo fracase“, comentó la excandidata a la Cámara estatal Lethia Kittrell. “Nuestra mayor preocupación es que esto ya se está propagando a otras áreas”.

HB426: eliminar el ‘control contra el partidismo’

Aunque la conexión de la ley propuesta con las teorías conspirativas electorales no es tan directa, otro proyecto de ley propuesto presenta una conexión mucho más clara. La HB426 pretende eliminar el precinto judicial de las verificaciones de las boletas electorales impresas. En su versión actual, es necesario presentar una demanda para acceder a las copias físicas de la documentación electoral. No obstante, en virtud de la HB426, solo sería necesario presentar una solicitud para tener acceso público a las boletas electorales.

Mientras que el promotor del proyecto de ley, el representante Shaw Blackmon, señala que mejorará la transparencia y ayudará a garantizar unas verdaderas “elecciones gestionadas por los ciudadanos”, aquellos que se oponen al proyecto sostienen que se trata de otra herramienta que puede privar a los votantes de sus derechos y suponer una carga para los funcionarios electorales.

“El sello judicial proporciona un control contra el partidismo”, señaló Phil Olaleye, representante estatal demócrata. “No me gustaría bajar el listón para inundar potencialmente a nuestros funcionarios locales y al personal con infinidad de solicitudes procedentes de personas que están molestas por la política en turno”.

Anne Gray Herring, de Common Cause Georgia, secundó la opinión de Olaleye. “Consideremos los riesgos reales de una cantidad inmanejable de solicitudes de revisión, incluyendo aquellas que se presentan de mala fe y los límites de tiempo y recursos para los funcionarios del condado”, comentó.

La polémica legislación electoral no es nada nuevo para Georgia. Al igual que la polémica SB202 en 2021 –que reformó el sistema de votación del estado– estas nuevas leyes propuestas afectarán de manera significativa a los funcionarios electorales y a los votantes.

“En este momento, en nuestro sistema electoral, observamos una enorme cantidad de agotamiento y una enorme cantidad de rotación”, señaló Vasu Abhiraman, de la ACLU de Georgia. “Esto debería constituir una emergencia para intentar facilitar la vida de los funcionarios electorales locales”.

Los defensores del voto como Abhiraman coinciden en que este tipo de legislación radical en cada sesión es el resultado directo de las mentiras electorales y las teorías conspirativas.

“(Esto) no es más que un apaciguamiento político constante de las personas que han destrozado tantas vidas y que suprimieron el voto en Georgia”, señaló Abhiraman.

“Bajo esto se encuentra la perpetuación de una narrativa falsa y un intento de privar de sus derechos a un subconjunto de votantes”.