El tratado tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales.
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El primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo con disposiciones específicas para la protección de defensores del medio ambiente, entró en vigor este 22 de abril. Justo en el día internacional de la tierra, el Acuerdo de Escazú comenzará a ser aplicable.
El acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además de la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona –de las generaciones presentes y futuras– a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. Hasta ahora, 24 países lo han firmado y 12 lo han ratificado, entre ellos México, Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
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“Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta”, dijo la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet para los Derechos Humanos, quien celebró la entrada en vigor.
En México, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación señaló en un comunicado que “continuará incentivando la coordinación con todas las autoridades para cumplir con las obligaciones emanadas de dicha herramienta internacional“.
Pese a la voluntad del gobierno mexicano de suscribirse el Tratado de Escazú, “no ha habido grandes avances en materia de protección de medioambientalistas”, denunció María Colín, portavoz de Greenpeace en el país.
La organización Global Witness identifica a América Latina como la región más mortífera para los defensores ambientales. Según su registro, acumuló 148 de los 212 asesinatos cometidos en el mundo a estos activistas en 2019.
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