Existen al menos cinco juicios de amparo promovidos por personal de salud que exige equipo de protección, seguros de vida y acudir a trabajar solo en caso de que no exista riesgo de contagio.
Un estudio holandés reveló que el Covid-19 puede causar complicaciones neurológicas y psíquicas. EFE/Luis Torres.
Trabajadores de la salud que luchan desde la primera línea de batalla contra el Covid-19 en la Ciudad de México mantienen una pelea judicial. ¿Qué exigen? Tener equipo de protección, como guantes, cubrebocas N95, batas impermeables de manga larga, gafas o caretas, gorros, calzado e instrumentos para el manejo de cadáveres. Además de seguros de vida, desinfección de los centros de trabajo y acudir a trabajar solo en caso de que no exista riesgo de contagio.
Las instancias judiciales abren la puerta a la posible solución a sus demandas. Según expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), existen al menos cinco juicios de amparo promovidos por personal de salud del gobierno capitalino que esperan ser atraídos por ministros de la segunda sala del alto tribunal. Hasta el momento sólo un amparo fue atraído y se espera que sea resuelto en los siguientes meses.
El amparo que ya fue atraído es el 432/2020, interpuesto por personal de salud del Centro de Regulación de Urgencias Médicas (CRUM), quienes denunciaron condiciones de deterioro en sus centros de trabajo. Según el expediente, 15 médicos demandaron a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y a Olivia López Arellano, secretaria de Salud capitalina, insumos básicos como guantes, cubrebocas y el uso de hipoclorito al 0.5% para el manejo de áreas donde se depositan cadáveres.
En respuesta, López Arellano entregó un juego de gafas y careta como “reparación de daño”, se lee en el archivo. Esos elementos fueron presentados ante un juez federal, quien dijo que las demandas ya habían sido cumplidas y se negó a otorgarles el amparo. Semanas después, los trabajadores de la salud informaron que dos médicos y tres paramédicos murieron. Ante ello, un tribunal colegiado atrajo la queja y decidió solicitar que fuera atraída por la SCJN.
Otro grupo de cinco médicos que trabajan en distintos hospitales de la ciudad interpusieron el amparo 427/2020. Ellos también demandaron a Sheinbaum y a López Arellano. Explicaron que autoridades capitalinas les negaron el acceso a insumos básicos para atender las emergencias por Covid-19. Y agregaron que el centro de trabajo carecía de protocolos de desinfección y no los dieron de alta en el seguro de vida institucional.
En específico exigieron el “pago de (la) prestación denominada compensación por concepto de la prima de riesgo infectocontagioso establecida en el artículo 43, de las Condiciones Generales del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México”.
Dos casos más están en espera de atracción del alto tribunal: son los expedientes 413/2020 y 430/2020. En ambos casos, trabajadores de la salud capitalinos solicitaron no acudir a sus centros de trabajo o hacerlo solo con las medidas de protección necesarias para no ser víctimas de la pandemia.
En el primer caso, una trabajadora de la salud de la fiscalía demandó al gobierno de la Ciudad de México que le permitieran hacer trabajo a distancia, ya que padece enfermedades respiratorias crónicas que se verían agravadas si contrajera Covid-19, y solicitó equipo de protección para cumplir sus funciones. Pero las autoridades capitalinas exigieron que la demandante se presentara al lugar donde labora o sería considerado abandono de trabajo.
Un juez especializado en materia laboral dispuso que la trabajadora acudiera a su centro laboral, pues las órdenes de su jefe no eran consideradas como “actos de autoridad”. Tras el fallo, un tribunal colegiado opinó lo contrario y consideró que su competencia fuera atraída por la SCJN. “(La queja) se encuentra directamente relacionada con la protección del derecho a la seguridad y la salud de las personasa trabajadoras, reconocidas en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que involucra un tema de trascendencia porque se está ante una pandemia que conduce a extremar medidas”, concluyó.
En el último juicio de amparo, una trabajadora del Hospital Pediátrico La Villa también demandó a las autoridades por obligarla a acudir a su empleo sin protección ni medidas especiales. El juez que llevó su caso originalmente decidió negar la protección a sus demandas, hasta que un tribunal colegiado atrajo el caso y lo envió a la SCJN. Recalcó: “resulta inadmisible que los trabajadores dentro del sector salud pongan en peligro sus vidas indebidamente en el ejercicio de en el ejercicio de su función”.
De atraer el caso, el proyecto buscará brindarle protección a ausentarse de su centro de trabajo, ante la contingencia decretada por el virus. Además de fijar criterio de “ausencia física justificada” en el argumento de que los empleadores “pongan en peligro sus vidas”.
Según datos de la organización Amnistía Internacional, 250 trabajadores de la salud murieron en México tras contraer Covid-19 entre marzo y septiembre de 2020. La mayoría se contagió en sus propios centros de trabajo. Pero al denunciar los problemas de seguridad que padecen dentro de los hospitales y servicios de emergencia, recibieron amenazas y despidos.
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