‘Sólo quería encontrar a mi familia’: El escándalo de los niños robados de Chile

Desde que tiene recuerdos, Maria Diemar sabe que es hija adoptiva. Sus padres suecos siempre le hablaron de su herencia chilena y puesto que creció en Estocolmo en los 70 y 80 era imposible no notar que era diferente a causa de su piel morena y su pelo oscuro.

Cuando tenía 11 años, los padres de Diemar le enseñaron los documentos que llegaron con ella a Suecia cuando era un bebé de dos meses en 1975. En el registro de su paternidad se ofrecía un perfil nada favorecedor de una madre adolescente que mandó a su hija recién nacida al otro lado del mundo para ser criada por extraños. “Decían que era una empleada doméstica que tenía un hijo que vivía con sus padres, y que era pobre”, recuerda Diemar.

Cuando tenía veintitantos años, Diemar fue a buscar a su madre. Contactó al Adoption Centre, una ONG sueca que había tramitado su adopción. Suecia tiene uno de los índices de adopción más altos per cápita de todo el mundo, y en los 90, la agencia lanzó un programa que ayudaba a los adoptados para reunirse con sus familias biológicas. Pero no tenían información de la madre de Diemar.

En 1998, voló a Chile y pidió ayuda a varias fuentes: servicios de asistencia infantil, la corte familiar que aprobó su adopción, el hospital en donde nació, el registro civil. Pero ninguno le dio información. Cuando visitó la corte de Temuco, la ciudad más cercana al lugar en el que nació, un empleado de la corte se paró en frente de ella con su expediente en la mano y apenas le dejó ver las hojas que ya se estaban haciendo viejas. Dejó Chile con las manos vacías, pero estaba determinada a encontrar a su madre. “Llegué a casa con más preguntas”, dice Diemar, “pero sentí que me había acercado a mi familia. Sólo tenía que encontrarlos”.

Unos cuantos años después, en invierno de 2002, Diemar supo por una serie de documentales de la TV sueca que dos personas adoptadas buscaban a sus familias biológicas en Chile. Poco antes, Diemar había recibido una pista: el Servicio Nacional de la Niñez de Chile había encontrado una posible dirección de su madre. Se aferró a esta nueva posibilidad y Diemar contactó a Ana María Olivares, una periodista chilena que participó en el documental y le pidió ayuda.

Se decía  que la madre biológica de Diemar vivía en una pequeña ciudad en el centro sur de Chile, pero Olivares no encontró una dirección exacta. Estuvo dos semanas en la ciudad haciendo varias visitas infructuosas tocando diferentes puertas. Cuando tuvo que regresar a la capital, Santiago, le dejó la tarea a su tío, que vivía en el área. En enero de 2003, finalmente encontró a la mujer que se nombraba en los papeles de adopción de Diemar, pero no quiso  verla en persona. Estaba casada y tenía miedo de que su esposo no tomara bien la aparición de una hija perdida que no era suya. Pero sí quería que Diemar supiera que ella nunca intentó deshacerse de ella. Dijo que le robaron a la bebé cuando nació.

Diemar estaba desconsolada con la noticia. Sabía que sus padres suecos habían actuado de buena fe cuando la adoptaron, pero ahora parecía que los habían engañado. En marzo de 2003 se encontró con el director de la junta de Adoption Centre, quien le aseguró que las madres inventan historias fantásticas de secuestros para lidiar con la vergüenza de haber abandonado a sus hijos. En ese momento, Diemar dice, no aceptó del todo la explicación, pero tampoco presionó a la agencia. “No sabía qué pensar, o sentir”, dijo. “Fue hasta años después que se atrevió a hacer preguntas”.

Entonces, en septiembre de 2017, Diemar vio una película del documentalista Alejandro Vega, en el que varias mujeres, la mayoría con antecedentes de pobreza o minorías, hablaban de cómo las habían engañado o forzado a entregar a sus bebés para adopción internacional”. Vega estaba trabajando para continuar su reportaje e hizo contacto con Diemar por medio de un grupo de adoptados de Facebook. A petición de ella, Vega revisó documentos relacionados con su adopción y encontró muchos errores y omisiones. Por lo que había visto en su expediente, habían muchos problemas de fundamento en la adopción de Diemar.

Esta noticia fue devastadora. Diemar sentía que había aceptado que su adopción se había hecho de la manera correcta porque no iba a poder manejar las consecuencias emocionales. La verdad le cayó con toda la fuerza. “Todo mi cuerpo reaccionó”, dijo. “Empecé a temblar y a llorar”.

Durante los 70 y 80, entre 8 mil y 20 mil bebés chilenos y niños pequeños fueron adoptados por familias en Europa y América del Norte. Las madres biológicas eran normalmente muy jóvenes y muy pobres. Estas adopciones eran parte de una estrategia nacional para erradicar la pobreza infantil, que la dictadura militar quería conseguir, en parte, retirando del país a los niños pobres. Las adopciones internacionales empezaron a darse décadas antes de que Augusto Pinochet tomara el poder, pero en 1978, promover la adopción se convirtió en la política oficial del gobierno. Se presionaba a las madres para entregar a sus hijos y las adopciones internacionales aumentaron.

Para Alejandro Quezada, el fundador de la campaña Chilean Adoptees Worldwide, el efecto de las políticas de Pinochet fue la “criminalización de la pobreza”. El poder del estado  se utilizó en contra de las familias pobres para evitar que criaran a sus propios hijos, y el clima de violencia provocó que las madres no pudieran ofrecer. No sólo eran pobres las víctimas, muchas de ellas pertenecían a la comunidad indígena de Mapuche, un grupo que ha sido objeto de persecución desde siempre. Durante la dictadura, la existencia precaria de estas mujeres se consideraba un obstáculo para el progreso.

En Chile había muchas familias que querían adoptar niños morenos nacidos en Chile, pero en el extranjero había más. El gobierno de Chile pensaba que si los mandaba a países ricos “los estaba salvando”, dice Karen Alfaro, una profesora de historia y geografía de la Universidad Austral de Chile, y una experta en adopciones internacionales de Chile. Pero el principal objetivo, según Alfaro, era reconstruir las relaciones con el exterior. Muchos países habían cortado sus lazos con Chile después del golpe de estado de 1973 que derrocó al gobierno democrático del país. “La dictadura promovía la adopción como mecanismo para reconstruir las relaciones diplomáticas”, dijo Alfaro, “especialmente con países que habían recibido a los exiliados chilenos y cuyos gobiernos condenaban la violación de los derechos humanos”.

Mientras tanto, en Suecia, la adopción internacional se consideraba una causa justa. La primera generación de padres que adoptó niños del extranjero en los 60 creía que estaba haciendo algo bueno para los demás, dice Tobias Hübinette, profesor adjunto de educación intercultural de la Karlstad University. Era “una extensión de la política exterior de Suecia y ayuda para el desarrollo de los llamados países del Tercer Mundo”.

Pero desde principios de los 70, se tuvo conocimiento de historias de mujeres en Chile que eran obligadas por los trabajadores sociales a entregar a sus niños pequeños. Algunos dijeron que los doctores y las enfermeras les dijeron que sus bebés habían muerto al nacer. Las madres nunca recibieron los certificados de defunción ni les permitían ver a sus bebés. Las que intentaron recurrir a la policía o que llevaron sus historias a los medios eran objeto de intimidación por parte de las personas que les quitaron a sus hijos, o las trataban como si fueran mentalmente inestables.

Durante la pasada década, periodistas y criminólogos chilenos consiguieron gran cantidad de evidencias de adopciones irregulares en los 70 y 80. Alfaro descubrió que los padres que solicitaban la adopción en Europa y EU a las agencias internacionales pagaban entre 6,500 y 150,000 dólares por cada niño. Una parte de este pago llegaba con frecuencia a manos de los profesionales chilenos que ayudaban a identificar a los niños “elegibles” y que los separaban de sus padres pobres y sin educación. “Las agencias internacionales de adopción tenían representantes en Chile que desarrollaron cadenas de mediadores de pagos que en su mayoría eran funcionarios públicos, para proveer niños para adopción”, dijo Alfaro. “Se pagaba a los trabajadores sociales para que hicieran reportes falsos sobre abandono, y también se daba dinero a los doctores y a las enfermeras que realizaban certificados de nacimiento que decían que los bebés habían muerto al nacer y se pagaba a los jueces para que aprobaran la transferencia de custodia”.

El documental de 2017 de Alejandro Vega habla de  las adopciones como de “un periodo muy oscuro de un negocio muy lucrativo”. La situación en la que nuestro país vivía, un estado de emergencia durante la dictadura, convirtió las unidades de maternidad en negocio”, me dijo Vega. No queda claro qué tanto sabían las agencias de adopción sobre las actividades de sus contactos en Chile. Por lo menos, se sabe que no se esforzaron mucho para saber la verdad sobre las historias detrás de los niños robados.

En septiembre de 2018, presionado por los grupos que se organizaron para reunir a las familias divididas por las adopciones abusivas, la cámara baja del congreso creó una comisión  para investigar estos alegatos históricos. Las madres y los adoptados presentaron testimonios desgarradores. Una mujer, María Orellana, dijo a la comisión como, en la mañana del 18 de febrero de 1985, llegó a un hospital en Santiago con 39 semanas y seis días de embarazo. Estuvo en trabajo de parto toda la noche y ese día su bebé nació por cesárea y se lo llevaron. Durante tres días pidió ver a su bebé hasta que el supervisor le informó que había muerto. Le dijeron que no podía verlo porque iba a ser traumático. “Era mejor tener el recuerdo del bebé”, le dijeron. Orellana todavía está buscando a su bebé y confía en que Dios algún día reúna a madre e hijo.

En julio de 2019, la comisión presentó un reporte de 144 páginas que describe “mafias” de profesionales de la salud y funcionarios públicos que usaban métodos nefarios para quitarle sus hijos a las madres y para asegurar un suministro regular de bebés en lo que se había convertido en un “negocio muy lucrativo”. Lo que había sido una práctica no regulada antes de Pinochet, se convirtió en una actividad legal durante la dictadura. El resultado fue que las prácticas poco escrupulosas se llevaban a cabo sin impunidad. El reporte concluyó que las adopciones eran crímenes en contra de la humanidad.

Cuando era niña, María Diemar soñaba con abrazar a su madre y reunirse con ella. “Yo quería parecerme a ella”, dijo Diemar. “Eso era muy importante para mi”. Como adulta, cuando supo que se la podían haber llevado por la fuerza, Diemar aceptó que sin importar lo reconfortante que pudiera ser una reunión, la tristeza del pasado no se iba a poder cambiar. Sin embargo, cuando surgió más información sobre las adopciones en Chile, se mantuvo en la búsqueda.

En el registro oficial de su transporte a Suecia, que recibió en 2019 por parte de los investigadores de la policía, Diemar leyó que en 1974, un ingeniero y una consejera escolar de Estocolmo que no podían tener hijos querían adoptar. Querían dar casa y familia a un niño que no las tuviera. La solicitud se aprobó en Suecia ese noviembre y se mandó una solicitud por medio del Adoption Centre a los servicios de Chile.

Al mismo tiempo, en Lautaro, una ciudad en medio del bosque en el sur de Chile, una joven mujer Mapuche estaba en el primer trimestre de embarazo. DIemar cuida la identidad de su madre y sólo ofreció la traducción al inglés de uno de los apellidos en mapuche de su madre: Sweetwater, o Aguadulce en español. Trabajaba como empleada doméstica con una familia rica y no le contó de su embarazo a nadie más que a su empleadora. Creció en el campo sin educación formal. Ya tenía dos hijos que sus padres criaban y esperaba que hicieran lo mismo con el tercero. Pero su empleadora tenía otra idea.

Aguadulce insistió, cuando conoció al tío de la periodista Ana María Olivares en 2003, que nunca estuvo de acuerdo con la adopción. Sin embargo el registro oficial muestra que el 10 de julio de 1975, una semana después de haber dado a luz, dejó a su bebé al cuidado de una trabajadora social. “Decidí dar en adopción a mi hija a una familia sueca porque sé que crecerá en un hogar ideal para su desarrollo físico, intelectual y emocional que yo, en mis circunstancias, nunca podría darle”, dice una declaración firmada que se entregó a la corte familiar en Temuco, a 20 km de Lautaro. Aguadulce negó haber hecho una transacción. Dijo que ella nunca se presentó en la corte familiar y que no habría firmado algo que no pudiera leer.

Una semana después de su nacimiento, el bebé de Aguadulce llegó a un orfanatorio en Lautaro y después con una madre sustituta en Santiago. A las dos semanas, los padres adoptivos de la bebé, a miles de kilómetros de distancia, le pusieron el nombre de Ingegerd Maria. Le dieron su apellido Olsson Karlsson, Diemar es su apellido de casada, y el 18 de agosto de 1975, un juez de Temuco le dio la custodia temporal a Anna Maria Elmgren, una mujer sueca que vivía en Chile y trabajaba para el Adoption Centre. El 29 de agosto, el juez aprobó la petición de adopción de la pareja sueca.

En teoría, la ley de adopción de Chile, que data de los 60, requiere que se realice un periodo de dos años de una familia temporal en Chile antes de que se inicie el trámite de adopción en el extranjero. El juez le otorgó el permiso a Elmgren para llevar a María fuera del país a los dos meses de edad. En estas adopciones aceleradas, Anna María Elmgren aparece en repetidas ocasiones en las formas oficiales como guardián. En la mayoría de los casos en esas adopciones, el proceso legal se completaba en el extranjero.

En el caso de Diemar, sus papeles en Temuco indican que la adopción legal nunca se completó. Para hacer peor las cosas, sus padres adoptivos no habían recibido información de sus antecedentes mapuche ni de su herencia. “Me sentía traicionada”, me dijo Diemar. “Me he perdido tanto”.

Elmgren trabajó con el Adoption Centre durante los 70 y los 80. Cuando salió el documental de Vega, en mayo de 2018 puso un requerimiento en la corte de demandas de Santiago para obligar a la cadena de televisión Chilevisión a retirar todas las referencias que hacían de ella en el programa. Ahora con más de 80 años, Elmgren se describe como una mujer empujada por las circunstancias y con un sentido de misión moral. Llegó a Chile en 1965 con su esposo sueco y dos hijos. El matrimonio terminó en divorcio y en 1971 se casó con un oficial jubilado de la policía nacional montada de Santiago. La pareja tenía pasión por los caballos y abrieron una escuela ecuestre.

El mismo año, la hermana de Elmgren expresó su deseo de adoptar y le pidió que revisara los procesos en Chile. Cuando se presentó a preguntar al Servicio Nacional de la Niñez, la agencia encargada del cuidado temporal de los niños y de administrar los orfanatos del estado, se sorprendió al descubrir el estado de desnutrición de los niños que estaban al cuidado del estado. Sus familias los habían abandonado porque no tenían los recursos para cuidarlos, y el estado tampoco podía hacerlo. “La mayoría vivían en condiciones de salud muy malas, con problemas de alimentación y con prospectos de vida nada alentadores”, dijo Elmgren en un documento escrito que presentó a la corte.

A petición de su hermana, se familiariza con las leyes y reglamentos de adopción en Chile. Usó sólo canales oficiales, como asegura haberlo hecho toda su carrera, y al final logró ayudar a su hermana a adoptar tres niños.

A principios de los 70, el Adoption Centre de Suecia se puso en contacto con Elmgren. Empezó a conseguir bebés de forma voluntaria, pero pronto se convirtió en una empleada. En su declaración escrita, Elmgren dijo que nunca tuvo contacto con los padres biológicos. Lo que hacía era apoyarse en una red de trabajadores sociales chilenos que identificaban a los niños que podían mandarse a otro país, y que buscaban padres temporales para su cuidado hasta que pudieran viajar. El Adoption Centre pagaba una comisión por adopción a los trabajadores sociales que escribían los antecedentes de cada caso.

Elmgren administraba la operación. Colocaba a los niños en orfanatos o con familias temporales mientras supervisaba el proceso legal. Elmgreen solía viajar con los niños adoptados o le pagaba a otros para que los acompañaran. Los bebés que iban a Suecia viajaban en portabebés especiales del Scandinavian Airlines. Para 1987, la agencia de adopciones le pagaba 2,325 dólares al mes por sus servicios. Ella asegura que ese salario no era su principal fuente de riqueza, pero en comparación con el promedio nacional chileno de 118 dólares al mes, la suma era sustanciosa.

En junio de 2017, los investigadores de la policía revisaron la casa en Santiago de uno de las antiguas socias de Elmgren, Telma Uribe Ortega, una trabajadora social retirada, y descubrieron los registros de 579 niños que se enviaron al extranjero. Los archivos incluían los antecedentes de los niños adoptados, las terribles condiciones de vida de las madres, y la lista de 29 trabajadores sociales que los investigadores llamaron “captores”, así como detalles sobre el cambio de manos del dinero. Uribe ya es anciana y frágil y no respondió a las solicitudes de comentarios.

En 2018, una de las empleadas más confiables de la agencia de adopción, Esmeralda Quezada, dio una entrevista a los medios chilenos para defender su trabajo. “Siempre he estado orgullosa”, dijo Quezada, cuyo nombre aparece en decenas de adopciones que revisaron las autoridades. “Pude haber dejado a los niños en un hogar juvenil, pero ¿en dónde iban a acabar? Prostitución, vagancia, delincuencia…? Crecieron con amor y son personas honorables y educadas”.

En su requerimiento en contra de la cadena de TV, Elmgren dice que los reportes estaban “llenos de información ofensiva e irrespetuosa” que daban una impresión totalmente falsa de un “negocio oscuro y despreciable motivado por el deseo monetario”. Nunca se trató de dinero, dijo. Su requerimiento no tuvo éxito.

Ahora con 87 años, Elmgren no aceptó nuestra solicitud de entrevista pero su abogado dijo que las adopciones que facilitó su cliente cumplían con los requerimientos de ese entonces de la ley chilena. Apenas recientemente se dio atención política a estos casos pero ya los medios habían hablado del tema desde ese tiempo y se hicieron investigaciones oficiales. De 1974 a 1975, Elmgren estaba en el centro del escándalo por la supuesta venta de bebés chilenos en el extranjero ya que los medios chilenos habían cuestionado si eran realmente huérfanos, y si las familias los habían entregado voluntariamente. En 1974, la suprema corte de Chile envió a un juez de lo familiar a Suecia a investigar. Pero el juez entregó un reporte favorable sobre Adoption Centre y sus operaciones en Chile. Un artículo periodístico que se publicó en 1975 decía que el juez no tenía evidencias de que el Adoption Centre, o Elmgren, hubieran roto la ley. Todo lo contrario, encontraron que la agencia daba a los niños un ambiente ideal para crecer.

Ese mismo mes, Catharina Stackelberg, una empleada del Adoption Centre, habló sobre esa historia con Carl-Johan Groth, un diplomático sueco con base en la embajada de Santiago. “De verdad espero que el artículo del medio chileno no complique el trabajo de Elmgren”, escribió Stackelberg. En octubre, Groth le escribió a Stackelberg para informarle que el abogado de Elmgren se había reunido con el ministro de justicia de Chile, quien aseguró que la investigación no era para preocuparse. En realidad, lo que más importaba era que la historia no se volviera un escándalo en Suecia. Groth sugirió a la Adoption Centre que cortara la relación con Elmgren, pero Stackelberg no lo hizo. No queda claro aún cuánto sabía el Adoption Centre del trabajo de Elmgren en Chile, más allá del hecho de que era buena para encontrar niños para dar en adopción. En una carta, Stackelberg describió a Elmgren como “lobo solitario” cuyos métodos siguen siendo un misterio.

En 2017 se inició en Chile una investigación criminal de las adopciones internacionales históricas encabezada por Mario Carroza, un juez de la corte de apelaciones de Santiago que ha supervisado numerosas investigaciones sobre abusos a los derechos humanos durante la dictadura militar. El Adoption Centre empezó sus propias investigaciones internas y en 2019 envió a representantes a Chile para reunirse con los investigadores. En una newsletter que se publicó en abril de 2020, se hacía referencia a las investigaciones de los jueces en 1974 y 1975, que examinaron las adopciones y no encontraron ninguna mala acción por parte de la agencia. Las adopciones se completaron en la corte distrital sueca y el papeleo se envió de regreso a Chile, escribió la agencia. Si los funcionarios chilenos no completaron el proceso de adopción, agregó, tal vez la situación podría describirse como un error clerical.

Según Kerstin Gedung, directora actual del Adoption Centre, los criterios con respecto a la primacía de los padres biológicos ha “evolucionado” desde los tiempos en que la agencia estaba activa en Chile. Las operaciones se terminaron en 1992. Las leyes y los reglamentos han mejorado, y la organización ha ayudado a desarrollar lineamientos y reglas éticas para la adopción internacional, dijo. “Trabajábamos de acuerdo al marco legal que existía en Chile en los 70 y 80, y las adopciones eran legalmente correctas y se confirmaban en la corte de Chile y Suecia”, me dijo Gedung.

“Si la sociedad veía  a las madres solteras y a las familias pobres de otra manera entonces, y las razones por las que las autoridades de Chile llevaban a los niños a resguardo no eran comportamientos éticos, es otra cuestión”, dijo Gedung. Aún así, en septiembre de 2020, Jon Thorbjörnson, miembro del partido de izquierda, introdujo una moción al parlamento para pedir una investigación sobre el papel del país en el escándalo de adopción. “Creo que temen destapar una caja de Pandora”, dice Lorena Delgado Varas, miembro de un partido de izquierda e hija de exiliados políticos del sur de Chile. Una investigación habría obligado a Suecia a reconocer que ocurrieron crímenes, me dijo Delgado, pero hay poca voluntad política para enfrentar el pasado del país.

Mientras tanto, en Chile, tras la presentación del devastador reporte de 2019, el congreso ordenó la creación de una comisión de la verdad y la reparación, y una base de datos con ADN para ayudar a las familias y a los adoptados a reencontrarse. Sin embargo, los esfuerzos para investigar una conexión más profunda entre estos crímenes históricos y el rol que jugó la dictadura de Pinochet se estancaron. Cuando hablé con Jaime Balmaceda, el juez que designó la Suprema Corte para revisar los casos de adopción históricos, me dijo que estos casos no tenían conexión legal con la dictadura. Después de todo, dijo, algunas de las adopciones revisadas datan de antes de que Pinochet tomara el poder y siguieron haciéndose después del regreso de la democracia. Si existe alguien responsable, dijo,  seguramente sería la ley permisiva de adopciones de esa época. A pesar del claro patrón que implica a las mismas trabajadoras sociales, profesionales de la salud y funcionarios públicos, los casos se están investigando de manera individual, al menos por ahora, y no como algo sistémico. Después de más de un año, Balmaceda todavía no arresta a nadie.

La historia de la reunión de María Diemar con su madre todavía no se resuelve, pero también tenía un hermano adoptivo, cuya experiencia para reencontrarse con su familia chilena le cambió la vida. Cuando Diemar tenía dos años, sus padres adoptaron a un bebé chileno por medio de la misma agencia, el Adoption Centre. Tenía apenas 5 semanas cuando llegó a Suecia. El crecer en los suburbios de Estocolmo siempre lo hizo sentir fuera de lugar y cuando fue mayor se rebelaba en contra de la autoridad. “Mi hermana y yo éramos como curiosidades”, dijo Daniel Olsson, de 43 años. “En el kinder me decían Daniel Café”.

Cuando Olsson y su hermana pasaban de los 20, Diemar formó un grupo de adoptados de Chile. “Desde que nos conocimos tuvimos la sensación de estar como en familia”, dijo DIemar. El grupo de amigos todavía se mantiene unido, aunque Olsson guarda cierta distancia. En donde encontraban familiaridad, él veía desesperación. Pensaba que los adoptados sólo se estaban engañando al pensar que conectar con su herencia chilena le daría algún significado a sus vidas.

Con el tiempo, Diemar vio que su hermano tenía problemas de depresión. Después de un período muy malo en sus 30, Olsson pasó varios meses viviendo con su hermana, quien esperaba su tercer hijo. El humor de Olsson era volátil. Había semanas en las que no tenía fuerza para dejar el departamento.

Aunque nunca expresó interés en conocer a su madre biológica, Diemar tomó el riesgo de buscarla para salvar la vida de su hermano. Sin decírselo, revisó los papeles de adopción y encontró una carta de Elmgren sobre el origen de Olsson. La carta incluía el nombre de su madre: Patricia Sánchez. En 2018, Diemar una vez más reclutó a Ana María Olivares, la periodista, para encontrar a esta mujer. Olivares encontró en Facebook el perfil de una mujer de sesenta y tantos años que tenía ese nombre y vivía en Temuco. Le mandó un mensaje para decirle que alguien la estaba buscando, y espero su respuesta. Esa misma noche, Sánchez respondió: ¿Quién me está buscando?

Olivares le dijo que su hijo nacido en 1977 y que había sido dado en adopción quería establecer contacto. Para Sánchez esto no tenía sentido. “Mi hijo nació en esa fecha”, dijo Sánchez a Olivares. “Murió un día después, la jefa de enfermeras me lo informó”.

Sánchez había sufrido de depresión la mayor parte de su vida. Cada año, el día del nacimiento de su hijo, se vestía de negro, pero nunca hablaba de su pérdida. No tenía idea de que le habían mentido y de que habían llevado a su hijo a un orfanato fundado por un misionero sueco en 1965, en Lautaro.

Cuando Olivares se reportó, Diemar le habló a su hermano. Le dijo que su madre no lo había entregado, que le habían dicho que estaba muerto. De alguna manera, dice, él ya lo sabía.

En enero de 2019, los hermanos abordaron un avión a Chile. Habían pasado meses desde que Olsson se había enterado de la verdad sobre su adopción y su hermana tuvo que intervenir para darle valor para que fuera a conocer a su madre en persona. Olsson recuerda que Diemar le dijo: “Daniel, vamos a hacerlo, ya no hay que hablarlo, vamos a quitarnos la venda”.

Era la primera vez que Olsson iba a Chile. Diemar hizo todos los arreglos para el viaje. Volaron juntos desde Australia, en donde Diemar vivía entonces, y fueron a Santiago y después a Temuco. “Yo no estaba preparado, pero me di cuenta de que no había forma de estar preparado”, me dijo Olsson.

En Temuco, Olsson se quedó en el avión, abrumado por la inmensidad de lo que estaba a punto de hacer. Diemar lo arrancó del asiento, y lo arrastró por el aeropuerto. Él trató de bloquear sus emociones pero cuando vio a su madre, Olsson empujó a los otros pasajeros para correr hacia ella. “Nos abrazamos como dos minutos”, dijo. Mientras abrazaba a su madre biológica, las emociones se desbordaron. “Fue como haber estado despierto durante una cirugía a corazón abierto”, dijo. Su cuerpo tembló hasta que quedó exhausto. “Cuarenta años de pesar abandonaron mi cuerpo”.

Olsson había hablado con Sánchez una vez por videollamada, pero sólo veía su cara. Lo que más le sorprendió cuando la vió por primera vez en el aeropuerto, era lo pequeña que era. Le pareció hermosa.

No esperaba mucho de Temuco. Todo era extraño y no hablaba el idioma, pero para su sorpresa, se sentía en casa, y sentía paz. “Fue como despertar y descubrir un nuevo color”, dijo Olsson de la experiencia, “aún cuando no es fácil imaginar cómo podría ser un nuevo color”.

En agosto de 2019, ocho meses después de haber conocido a su madre, Olsson decidió mudarse a Temuco, rentó un pequeño departamento encima de un bar y de un restaurante. Ahora puede dormir sin tomar pastillas por primera vez en años. “Este año he sido más feliz que nunca en mi vida”, me dijo Olsson. Su madre, aunque joven y sola cuando lo tuvo, se quedó en la escuela y terminó la universidad. Da clases de historia y geografía en una preparatoria y ella y su esposo tienen tres hijos. El español de Olsson avanza rápido mientras conoce a sus hermanos y lo que significa formar parte de una familia extensa, la alegría y la tragedia. El año pasado uno de sus hermanos falleció.

Después de mudarse a Temuco, Olsson empezó a trabajar con la organización Madres e Hijos del Silencio para ayudar a los adoptados suecos a regresar a Chile y adaptarse a una nueva vida. A finales de diciembre de 2019, esperaba junto a él en la zona de equipaje en el Aeropuerto Internacional Araucanía de Temuco esperando la llegada de una adoptada sueca. La adoptada, una mujer en sus treintas, iba a conocer a su familia biológica, como lo hizo Olsson el año anterior. Cerca de 12 miembros de la familia extendida esperaban ansiosamente fuera del área de equipaje con letreros hechos a mano. Decían cosas como “Aquí empieza una nueva historia”.

Olsson recordaba la mezcla de nervios y emoción que había sentido y luego el cansancio emocional. La mujer llegó acompañada de su esposo, un chileno. Cuando se acercó a su madre, todos empezaron a gritar, y luego se abrazaron, y todos las rodearon. “Sus raíces son chilenas, pero su lenguaje corporal es totalmente sueco”, me dijo Olsson susurrando. “Pasará tiempo antes de que baje la guardia”, dijo. Mientras abrazaba a su madre, jaló a Olsson hacia ella. “Lo primero que me dijo es que su mamá era muy pequeña”, me dijo Daniel después. “‘Bienvenida a Chile’, le dije.”

Por su parte, Diemar está muy involucrada en la investigación criminal de las adopciones. En su tiempo libre, después de su trabajo como maestra de sueco , Diemar revisa las pilas de documentos que ha reunido, la mayoría pertenecen a otros adoptados que quieren que se encargue de su correspondencia con los investigadores chilenos. Ha dedicado miles de horas a traducir para las familias y los hijos que están separados por el idioma y la cultura. El escuchar la angustia de otros la agota emocionalmente, aún cuando le ha servido para manejar sus sentimientos por su propia adopción.

Últimamente se ha dedicado a estudiar la cultura mapuche, y su idioma, mapudungun, lo que le ha dado algo de paz. Los pueblos nativos de Chile tienen derecho a recibir una acreditación oficial de su estatus indígena y Diemar espera conseguir algún día el suyo.

Diemar conoció a sus hermanos y hermanas, pero con su madre sólo ha hablado por teléfono. Ella piensa que Aguadulce se está haciendo a la idea de conocer a su hija en persona. “Realmente me gustaría conocer a mi madre en persona, ver cómo es y sentarme con ella y aprender sobre mis orígenes”, dice Diemar. “Es mi mamá”.