Niñez e indígenas, entre los más afectados por desplazamiento forzado: relatora de la ONU

Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que la niñez y los pueblos indígenas están entre los grupos más vulnerables al desplazamiento interno forzado y criticó las fallas de los mecanismos y programas que México tiene para prevenir y atender este problema, que se da cuando las personas tienen que abandonar su hogar por motivos de seguridad pública, conflictos agrarios, desastres naturales, construcción de megaproyectos u otras causas.

Luego de realizar una visita a cuatro estados de nuestro país (Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero) entre el 29 de agosto y 9 de septiembre, la relatora especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de la ONU se refirió específicamente a algunos sectores de la población que se han visto más afectados por el desplazamiento interno, como los pueblos indígenas, y precisó que según datos recopilados por organizaciones sociales, el 40% de las víctimas de desplazamiento forzado registradas en 2020 eran de un pueblo originario.

“Dichas poblaciones sufren impactos diferenciados en sus derechos por su especial situación de vulnerabilidad, la falta de acceso a los mecanismos de protección con pertinencia cultural y el racismo. Me preocupa particularmente la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas”, mencionó la experta.

Jiménez-Damary alertó que niños, niñas y adolescentes son otra población en vulnerabilidad por el desplazamiento interno, debido a que muchos de ellos no pueden seguir estudiando y están expuestos a ser víctimas de más violencia al lugar al que van.

“Recibí información de que algunos de ellos y ellas son víctimas directas del reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Ser niño o niña y desplazada interna supone una doble vulnerabilidad; el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias les ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono”, lamentó.

La relatora cuestionó la falta de efectividad de los mecanismos y programas para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, menores de edad y personas indígenas que han tenido que abandonar su hogar. 

Jiménez-Damary indicó que en México los gobiernos estatales y el federal no han generado estadísticas sobre las víctimas desplazamiento interno: “Contar con cifras oficiales, basadas en una metodología armonizada de obtención de datos cuantitativos y cualitativos, es fundamental para para la elaboración de políticas públicas”.

La experta reconoció la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender a las personas desplazadas, sin embargo, lamentó que hay personas que no reciben la ayuda de esta institución. “Las limitadas estadísticas gubernamentales disponibles, así como los testimonios que he recibido, muestran que existe un enorme porcentaje de personas desplazadas internas que no acuden a las autoridades para presentar denuncias o acogerse a estos mecanismos, debido a la desconfianza de las personas desplazadas internas en las autoridades o al temor a las represalias del crimen organizado”, indicó en conferencia de prensa.

Añadió que las comisiones de Derechos Humanos, a pesar de que pueden intervenir con recomendaciones y medidas cautelares, “se encuentran con recursos presupuestales y humanos insuficientes para poder ejercer adecuadamente y con la suficiente celeridad sus funciones para la atención de personas desplazadas”.

Sobre los defensores de derechos humanos y periodistas, la relatora de las Naciones Unidas dijo que el Mecanismo del gobierno federal para proteger a este sector actualmente tiene activas 84 medidas de refugio, aunque comentó que “si bien esta última (medida) puede ser oportuna para aquellas situaciones en las que no se identifican otras alternativas para resguardar la vida, sus consecuencias pueden ser elevadas, sobre todo cuando no se orienta desde su inicio hacia la generación de posibilidades para un retorno seguro”.

Al término de su conferencia de prensa, con la que concluyó su visita a México, Jiménez-Damary recomendó a las autoridades de nuestro país aprobar este mismo año la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno que se encuentra en el Senado; crear un Registro Federal Único de Personas Internamente Desplazadas y otras bases de datos estatales; y diseñar alertas tempranas para identificar a las personas que podrían ser víctimas de este fenómeno.

Estos comentarios y las recomendaciones de Jiménez-Damary aún son preliminares, ya que la experta deberá entregar a las Naciones Unidas un informe completo sobre su visita a México el próximo mes de junio de 2023.