El INM informó que se pagarán 3.5 millones de pesos para personas ligadas a cada una de las víctimas.
Equipos de emergencia llegaron al Instituto Nacional de Migración (INM), la noche del 27 de marzo de 2023, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Luis Torres / EFE
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ya se inició el proceso de indemnización a las familias de las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo.
De acuerdo con la información que fue compartida por el instituto de migración, el monto de la indemnización asciende a un total de 140 millones de pesos (mdp), por lo que se pagarán 3.5 millones de pesos para personas ligadas a cada una de las víctimas.
Asimismo, se notificó que el pasado 18 de mayo, el INM solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida presupuestal “especial” para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se llevará a cabo la indemnización respectiva.
Mientras que fue el 10 de julio cuando la CEAV autorizó los 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, por lo que la SHCP validó este monto al INM para el pago respectivo.
El organismo federal detalló que se continúa con el proceso de acompañamiento de atención médica a a las 27 víctimas que resultaron lesionadas el pasado 27 de marzo, además de que, en Ciudad Juárez, el INM sufragó los gastos de hospedaje, alimentación y servicios personales para la familia de las víctimas; así como, los correspondientes al pago de boletos de avión.
En el caso de los migrantes lesionados que fueron trasladados a la Ciudad de México, para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares, en hoteles donde personal del INM está al pendiente para gestionar los servicios que requieren.
Por el incendio en la estación migratoria, Francisco Garduño, titular del INM, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, así como incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
La determinación fue tomada por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, fue de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público federal.
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