Candidaturas de Morena, PVEM y PRI han ofrecido programas sociales y entregado tarjetas como parte de su propaganda electoral.
Tras la investigación presentada el lunes de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del candidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por supuestos delitos electorales con la entrega de tarjetas a posibles votantes para un hipotético programa social, ha salido a luz una multitud de aspirantes con programas similares y con los cuales las autoridades no han actuado de la misma forma.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la conducta sancionada en relación con los programas sociales es la amenaza de suspender a los beneficiarios para pedirles su voto; mientras que también se contempla la promesa de dinero, paga u otra contraprestación como un delito electoral. Sin embargo, no se tipifica la promesa de programas sociales como una conducta delictiva.
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Aquí te dejamos La-Lista de aspirantes que han realizado una práctica similar a la del candidato priista en Nuevo León.
Durante la sesión de este miércoles, el consejero Ciro Murayama resaltó que tarjetas como las que provocaron la denuncia contra De la Garza se usaron bajo la actual ley en campañas anteriores de 2017 y 2018. En el primer caso, en el Estado de México y Coahuila, donde los candidatos del PRI, Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, mientras que en la presidencial, por parte del panista Ricardo Anaya.
Dicha práctica se interpretó como la entrega de un cartón como promoción de un plan de gobierno, es decir, propaganda.
En el caso de Riquelme, la entrega se dio a cambio de datos, práctica que el INE buscó sancionar, pero a la postre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución, de modo que quedó validada esta práctica sin sanción.
“Pretender que el candidato a la gubernatura de NL (…) o de Morena a la alcaldía de Guadalajara o del Verde de otro lado puedan ser retirados de la contienda por esto tiene dos problemas: no se retiran candidaturas cuando estas están en curso, si cumplieron con sus obligaciones como precandidatos o si no hicieron precampaña.
“Segundo, la mera entrega de cartoncillos o de plásticos, si no tiene dinero detrás, no es en sí ilegal, es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió”, explicó.
En tanto que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, acotó que si bien están encargados de fiscalizar la elección, la resolución de las quejas en esa materia se entregará hasta después de la contienda.
“Una vez concluida la fiscalización de las campañas, se podrá declarar o no la validez de una elección pero no puede ser motivo para que se excluya a un contendiente durante una campaña o para interrumpir una campaña en curso”, dijo.
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