Los aspirantes a legisladores federales son una mujer y dos hombres de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena y el PT, dos de ellos en Sinaloa.
El INE estableció que 3 de las 6 candidaturas deben ser para mujeres. Foto: Facebook/INE
El INE decidió anular las candidaturas de tres aspirantes de Morena, el PT y la coalición Juntos Hacemos Historia (integrada por los dos partidos y el PVEM) a diputaciones federales por falsear sus declaraciones 3 de 3 contra la violencia de género.
El Consejo General avaló por unanimidad la anulación de los registros porque los tres aspirantes, dos hombres y una mujer, cometieron actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que los partidos contarán con 48 horas para hacer la sustitución.
Los aspirantes que perdieron su registro son Ana Elizabeth Ayala Leyva de la coalición; Manuel Guillermo Chapman Moreno de Morena; y Raúl Tadeo Nava.
En el primer caso, correspondiente a la contendiente por el distrito 2 de Sinaloa, y el segundo, candidato plurinominal por la Primera Circunscripción, se detectó que, cuando se desempeñaban como tesorera municipal y presidente municipal de Ahome, Sinaloa, ejerció violencia y acoso laboral en contra de la Síndica Procuradora, Angelina Valenzuela Benites, por lo que se les impusieron medidas de protección y restitución que fueron incumplidas por ambos personajes.
En tanto que el aspirante del PT, quien buscaba una diputación por el distrito 3 de Morelos, cuando se desempeñaba como alcalde de Cuautla, ejerció violencia en contra de la síndica María Paola Cruz Torres entre 2015 y 2018, es decir, en un periodo no mayor a tres años.
“De acuerdo a la denuncia en el Tribunal, lo señaló de impedirle realizar funciones propias de la sindicatura municipal, como lo es representar legalmente al Ayuntamiento en todos los asuntos, como las controversias legales; la exclusión de la toma de decisiones, toda vez que no se le convocó a sesión de cabildo; bloqueo económico; impedimento de tener personal a su cargo; así como expresiones denostativas referentes a que no era capaz de realizar sus labores por ser mujer”.
Un Grupo Interdisciplinario realizó la revisión de una muestra de casi 17% de las cerca de 7 mil candidaturas titulares y suplentes a una diputación federal registradas ante la autoridad de su declaración 3de3 contra la violencia política contra las mujeres por razón de género, en donde se solicitó bajo protesta de decir verdad, que aseguraran no haber sido personas condenadas o sancionadas por violencia familiar o doméstica, agresiones de género, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o ser deudores o morosos alimentarios.
En el ámbito federal se consultó a cuatro instituciones: la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Mientras que en el ámbito local se requirió información a las autoridades penitenciarias, judiciales y de procuración de justicia; Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales locales; al Registro Estatal de Deudores Alimentarios, al Tribunal Superior de Justicia de todas las entidades federativas, sobre los antecedentes por resolución firme, relacionados con estos delitos.
Es la primera vez que se aplican medidas como esta en las elecciones federales, mismas que se aprobaron en diciembre pasado y implementaron en marzo.
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