México

Giran 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa

A los señalados se les busca por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo 83 órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero, policías estatales y municipales, así como 14 miembros de Guerreros Unidos, vinculados al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que las medidas fueron otorgadas por el juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.

Aseguró que las personas sobre las que se giraron las órdenes de aprehensión participaron en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fue víctima de desaparición. 

A los señalados se les busca por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

La liberación de las órdenes ocurrió horas después de que Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) con Enrique Peña Nieto, fuera detenido en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. 

Este sábado, el también exgobernador de Hidalgo comparece ante un juez de control del Reclusorio Norte por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en torno al caso de los 43.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela rural fueron privados de su libertad cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en la manifestación del 2 de octubre, en memoria a la matanza de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

De acuerdo con este último informe, “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas. 

-Con información de EFE

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