El comunicador ha investigado por más de tres años el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fundadora de la organización Alto al Secuestro.
El periodista Ricardo Raphael denunció que un grupo de personas le impidió acercarse al Parque México, localizado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se instaló una exposición sobre el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
El comunicador ha investigado por más de tres años el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fundadora de la organización Alto al Secuestro.
“Estamos a dos cuadras del Parque México, no nos dejan entrar, no nos dejan cruzar la Avenida Nuevo León. Intentaremos hacerlo desde otra vialidad. Nunca me había pasado que en mi propia ciudad”, dijo en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.
En las imágenes se aprecia a varias personas con pancartas, cubrebocas y gorros sobre la cabeza, quienes impiden que el periodista avance por las calles e incluso llegan a empujarlo.
De acuerdo con Ricardo Raphael, acudió a la exposición montada por Isabel Miranda de Wallace para conocer la información que expuso en el Parque México, sobre el caso del secuestro de su hijo.
Incluso, en algún momento de la grabación, las personas impiden el paso de los vehículos por la zona, a pesar de la presencia policiaca en el lugar.
El comunicador también estaba acompañado de varias vecinos de la zona, quienes declararon que buscaban llegar a la exposición para conocer el contenido de la muestra montada en el parque público.
Una de las asistentes acusó que los manifestantes les estaban siguiendo desde al menos una cuadra.
En el 2005, Miranda de Wallace denunció e secuestro de su hijo Hugo Alberto.
Tras ello, se dio a la tarea de investigar a la banda que presuntamente participó en el delito, quienes fueron encarcelados y sentenciados.
Sin embargo, el caso ha estado en medio de la polémica ya que se habría resuelto con irregularidades y provocado que personas fueran encarceladas de manera injusta.
Una de ellas fue Brenda Quevedo Cruz, quien fue detenido en 2017 y pasó 15 años sin recibir una sentencia; otra persona afectada fue Juana Hilda González Lomelí, quien fue condenada a 78 años de prisión, aunque en mayo pasado Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó atraer un amparo directo sobre su sentencia.
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