El 22 de enero de 2021 una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre dos camionetas abandonadas e incendiadas en un camino vecinal del municipio de Camargo, en donde estaban los 19 cuerpos quemados.
Masacre de Camargo. Foto: EFE
Doce policías estatales de Tamaulipas fueron declarados culpables por la masacre de 19 personas, de ellas 18 eran migrantes de Guatemala y El Salvador, y dos mexicanos, en Camargo.
El 22 de enero de 2021, una llamada anónima alertó a las autoridades de Tamaulipas sobre dos camionetas abandonadas e incendiadas en un camino vecinal del municipio de Camargo, en donde estaban los 19 cuerpos quemados, que después se supo, eran de migrantes.
Patricio Lugo, juez Unitario de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, dictó la primera sentencia condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano debido a una masacre de migrantes.
De los 12 policías implicados, 11 fueron condenados por homicidio calificado, 12 por abuso de autoridad, 12 por delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas y uno por delito de informes falsos dados a una autoridad.
“Esta sentencia es muy importante para nosotros como familias afectadas, pero también para el pueblo de Guatemala y para todos los migrantes que atraviesan por Guatemala y los hermanos mexicanos que migrarán hacia los Estados Unidos, para que no se
vuelva a repetir lo que sucedió con nuestros hijos. Que todos los migrantes sepan que es posible tener justicia, esta lucha es por todos
ellos”, dijo Ricardo García Perez, padre de San Cristina, una de las víctimas, en un comunicado difundido por la Fundación para la Justicia.
Más de 60 testimonios fueron presentados durante el juicio, que inició el 22 de mayo de 2023, para reconstruir la tragedia y en el juicio intervinieron vecinos del lugar, peritos forenses, analistas, expertos en múltiples disciplinas, también policías de investigación, uno de ellos, identificado como Ismael Vázquez, fue clave para conocer los hechos, luego de que se acogió al criterio de oportunidad que permite que diga que sucedió, a cambio de un beneficio, que en este caso, fue la exclusión del delito de homicidio.
“Al acercarme a la camioneta tipo pick up, vi personas heridas en la parte de la batea y al abrir la puerta de la cabina, me percaté que había mujeres heridas por arma de fuego y una de ellas sin vida, así como un menor de edad… (Horacio, coordinador Grupo de Operaciones Especiales) dio la instrucción de rematar a las personas que aún se encontraban con vida… Regresamos al día siguiente para empezar a levantar los casquillos que habían quedado en el lugar y colocar otros de diferentes armas”, mencionó la fundación.
Ante esto, se detalló que “la Masacre de Camargo demuestra que en México, agentes del Estado torturan y asesinan a personas migrantes, y no podemos olvidar que hay otras masacres cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se mantiene una máquina de impunidad”.
Además, afirmaron que la justicia será alcanzada hasta que todas las víctimas de las masacres tengan justicia y el sistema mexicano garantice la reparación integral del daño, que incluya medidas compensatorias, disculpa pública y garantías de no repetición.
No obstante, reiteraron que aún queda pendiente la investigación respecto a los demás servidores públicos presuntamente involucrados en la Masacre de Camargo, policías que estuvieron presentes, a la cadena de mando de los 12 policías y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), pues el vehículo que transportaba a las víctimas fue retenido por la delegación de la dependencia de Nuevo León, en diciembre de 2020.
“Por estos hechos, dos trabajadores del INM y siete policías municipales de Escobedo, Nuevo León, fueron acusados, sin que su implicación en la masacre de las 19 personas, haya sido esclarecida totalmente”, destacó la fundación.
Sin embargo, acusó que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas ha estado ausente sin apoyar a las víctimas y discriminándolas por ser extranjeras.
Todavía queda pendiente la audiencia para individualizar la pena de cada persona responsable y la reparación del daño.
“Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de las personas migrantes, no se les puede desaparecer, torturar y mucho menos asesinar, porque habrá una consecuencia, pero sobre todo, no se puede utilizar el cargo público que fue conferido para proteger a las personas, no pueden utilizar ese poder para matar a los migrantes”, puntualizó la fundación.
-Con información de EFE.
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