En México, debatimos sobre la propiedad del petróleo, quién debe extraerlo y ya también sobre quién debe generar la energía eléctrica, sin importar los costos y cómo debe ser suministrada.
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Para vivir usamos ATP (adenosin-trifostafo); para mover el auto, combustibles; para calentar, gas, radiación solar o electricidad. También electricidad para mover, refrigerar, proyectar, reproducir música. Usamos energía en todo. Lo importante es tenerla de forma confiable, de menor costo y limpia.
El sistema energético mexicano caminó por décadas desde un monopolio de Estado hacia un mercado, creando herramientas para aprovechar los recursos energéticos del país, pero con una falla de origen: una carga ideológica y política muy alta.
En 1914 el petróleo se convirtió en un tema de debate público. Las elites debatieron entre la visión nacionalista y la privada, luego sobre la retroactividad del artículo 27 Constitucional y con la Expropiación de 1938 la idea de la soberanía petrolera se extendió al Pueblo y se convirtió en ese velo casi religioso que hoy es nuevamente bandera política del gobierno.
Hoy los cuestionamientos son los mismos, sin permitirnos ver más allá para construir el México del mañana. A pesar de la caída de los precios, la declinación de yacimientos y la tendencia global hacia la transición energética para mitigar el cambio climático, en México debatimos sobre la propiedad del petróleo, quién debe extraerlo y ya también sobre quién debe generar la energía eléctrica, sin importar los costos y cómo debe ser suministrada.
Muchos aún ven al sector privado como enemigo del Estado, de Pemex y CFE, y no como coadyuvantes para el desarrollo nacional. Además, el Estado carece de recursos para hacerlo todo y vale cuestionarse ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Por qué Pemex, cuya base es el interés público, no opera con una visión de eficiencia y rentabilidad?
En este momento, el nacionalismo actúa en contra del marco jurídico vigente, lo que frena la inversión en el sector, al no invertir el Estado por falta de recursos ni permitir invertir a privados, como la ley y la Constitución permiten.
Esto genera un estado que se asimila a un corto circuito, que es una corriente eléctrica que no sigue su trayectoria correcta porque encontró un atajo con menor o ninguna resistencia y se desvía, esto por una acción no intencionada, pero que genera una corriente excesiva que puede dañar al circuito. Hoy es evidente ver la conexión anómala entre el marco jurídico que se armó con la reforma energética y los objetivos que persigue esta administración.
La política energética busca un atajo en lo que parece una contrarreforma de facto, sin modificar la Constitución y las leyes, sólo con decretos fuera del marco normativo. Esta desviación genera daños a la industria nacional, no sólo energética, y se puede palpar en pérdida de confianza de los inversionistas y desaceleración del dinamismo económico.
Este espacio busca reflexionar las causas y consecuencias de la política energética, desde los hidrocarburos hasta los renovables pasando por los sectores eléctrico, petroquímico y transporte, entre otros.
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