El Presidente propuso eliminar a órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lo que significaría minar su autonomía, y dejar en manos del poder ejecutivo las decisiones de mercado del sector, sin olvidar que estaríamos faltando a uno de los compromisos firmados en el T-MEC.
Las telecomunicaciones son sustanciales para el desarrollo económico sostenible de cualquier país. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentó en 2020 la agenda “Conectar 2030”, un compromiso de integrar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para asegurar que todos gocemos de conectividad al final de la década.
La democratización de la conectividad, así como crear las condiciones competitivas en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, es una cuestión fundamental ajena a intereses de agentes económicos y políticos, que actúen en detrimento del bienestar de la población.
En días pasados, el Presidente de México propuso eliminar a órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lo que significaría minar su autonomía, y dejar en manos del poder ejecutivo las decisiones de mercado del sector.
En un entorno internacional, este hecho representaría ir en contra de las mejores prácticas internacionales de organismos como la UIT, y de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo constituiría una grave falta en los compromisos asumidos en el T-MEC, que en su capítulo 18 establece la presencia de un regulador autónomo frente al poder ejecutivo.
Las consecuencias en México no sólo representarían debilitar un sector prioritario en la economía, en su ejercicio de garantizar lo establecido en el artículo 6º de la Constitución: crear las condiciones para la sana competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, sino también demeritar la labor del IFT como órgano autónomo, que en el 2014 promulgara la Ley Federal de Radio y Televisión, que entre otros beneficios, destaca:
A la fecha, ninguna de las iniciativas sobre telecomunicaciones propuestas por la 4T ha demostrado tener de fondo una estrategia sólida. Eliminar el fideicomiso e-México y la subsecretaría de Comunicaciones, la no existencia de una agenda digital definida, la creación de una empresa paraestatal (CFE Telecomunicaciones) e Internet para todos, y la conectividad sin integrar al sistema satelital, son muestra de ello.
¿Qué sigue? ¿Fomentar la concentración del sector hacia un agente preponderante, y aceptar la presión de su sindicato, para que sea premiado con concesiones de más servicios, que a su vez, garanticen el autoritarismo en la conectividad y contenidos?
La novela de las telecom sigue creciendo en capítulos y disminuyendo en actores. Veamos como termina la temporada el próximo 6 de junio.
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