Opinión

Otro acusado de corrupción al gobierno de AMLO

Si Bonilla se va al gobierno federal… entonces la lucha no es contra la corrupción, sino con ella. 

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El 15, 16 y 17 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Baja California y durante la visita el reportero Eduardo Andrade, del Semanario ZETA, lo abordó en medio del ya común amontonadero entre amlovers, periodistas y ciudadanos inconformes a la orilla de la suburban que lo transporta. 

El periodista le preguntó “¿Tiene contemplado un puesto para (Jaime) Bonilla Valdez en su gabinete?”, a lo que respondió el presidente que sí, pero que aún no estaba definido. Posterior a esta declaración varios medios publicaron distintas versiones, algunos hasta manejaron que el aún gobernador tenía varias opciones de trabajo para escoger en el gobierno federal.

Si es verdad que fue invitado por Lopez Obrador y acepta, Jaime Bonilla se sumaría a la lista de expriistas y acusados de corrupción que encabezan secretarías de Estado en este gobierno. Una vez más se dejaría en evidencia que la lucha contra la corrupción que nos prometió por más de 12 años fue una gran mentira. 

Su gestión en Baja California se vio opacada por sus constantes escándalos. Se peleó con la Constitución, al querer ampliar su mandato de dos a cinco años; después con los medios de comunicación locales; luego con los empresarios; los maestros; los alcaldes de Tijuana (Arturo González) y Tecate (Zulema Adams); hasta con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Jaime Bonilla estuvo presuntamente involucrado en una red de cobro de “moches” para adjudicar contratos millonarios a empresas. También ha sido señalado por un conflicto de interés al adjudicar contratos millonarios por obra pública a la empresa que se encuentra remodelando las instalaciones de su medio de comunicación PSN en Tijuana. 

El señor utiliza el helicóptero de emergencias del estado para trasladarse de su lujoso penthouse en New City hasta el lugar que él designó para que fuera su centro de gobierno, en la orilla este de Tijuana, en cuestión de minutos, cuando a un ciudadano común le lleva hasta 45 minutos llegar.

También lo utiliza para trasladarse a Ensenada, incluso en las bitácoras del vuelo del XC-PEP aparecen viajes a ciudades de Estados Unidos, sin que el gobernador tenga empacho. Cuando se le llega a ver vía terrestre, trae tres camionetas suburban blancas, con un equipo de escoltas. De austeridad nada. 

Además solapa las irregularidades en las que recaen sus funcionarios; por ejemplo, en 2020, cuando la pandemia se encontraba en su pico más alto en Baja California, el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (Isesalud) adjudicó más de 50 millones de pesos a empresas fantasma para supuesta limpieza de las oficinas administrativas de esta dependencia.

Así podría continuar recapitulando dos años de gobierno que solo dejó una severa crisis financiera para la siguiente administración, deudas, altos índices de violencia, promesas incumplidas y resentimientos que Dios guarde la hora en que se hagan presentes. 

Prometió encerrar a Francisco “Kiko” Vega,  pero es hora que no cumple su promesa, solo le echó la bolita a la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de su compadre Guillermo Ruiz Hernández. Tal como Lopez Obrador con Emilio Lozoya. 

Si Bonilla se va al gobierno federal… entonces la lucha no es contra la corrupción, sino con ella. 

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