Del acuerdo presidencial a la militarización del país

El acuerdo sobre proyectos y obras de seguridad nacional, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, blinda las obras de su gobierno como de “seguridad nacional” y les da luz verde para iniciarlas con autorizaciones provisionales de parte de las dependencias. Este acuerdo le permitirá al gobierno transgredir los procedimientos establecidos en la ley para iniciar obras de infraestructura.

Se busca tener un pretexto para negar el otorgamiento de información a través de los portales de transparencia. Hay que recordar que la ley que regula los procesos de transparencia dispone que la seguridad nacional es una de las causas por las que se puede reservar el otorgamiento de información. Su estrategia es la de tapar del ojo público y ocultar toda información de la gestión de las grandes obras de infraestructura, para esconder cualquier acto de corrupción que pueda estar sucediendo en el interior. Pretende que estas obras, en las que se ha empeñado desde el inicio de su gobierno, no sean entorpecidas por procedimientos administrativos y que, por lo tanto, pueda incumplir con todas las reglas, tanto las que cuidan del medio ambiente como las que protegen los derechos de las comunidades indígenas; reglas que son indispensables para que el proceso de cualquier contratación pública sea legal y transparente en nuestro país.

Por lo tanto, al quedar bajo la categoría de “asuntos de seguridad nacional” toda la información deberá permanecer privada y clasificada, otorgando al gobierno la excusa perfecta para ocultar la que sea solicitada sobre la marcha, en consecuencia, será imposible la revelación de cualquier acto de corrupción de las obras públicas en su sexenio. 

Este acuerdo es inconstitucional, porque se inscribe en el estado de excepción de facto, tuvo que haber pasado por el Congreso. Es una desmesura del uso de atribuciones presidenciales.

Ni acuerdo ni decreto pueden saltar la ley. Es un fraude a la ley. El Ejecutivo federal está abusando de sus atribuciones, pues sabe que aunque la Corte le revoque este acuerdo pasarían mínimo dos años.  

Las señales son muy claras y preocupantes, la primera es que no hay nada de mayor prioridad para este gobierno que los proyectos emblemáticos del presidente, aquellos que él piensa que lo inmortalizarán. Y como lo hemos venido comprobando durante estos tres años, no le importa pasar sobre la constitución, cualquier institución o persona con tal de lograr sus objetivos.  

La segunda señal es que este acuerdo marca el avance de la militarización del país, al pretender la creación de una empresa militar que coordine todas estas obras que se le han encargado al ejército en los últimos tres meses, y también que corresponda al ejército el beneficio económico que pueda derivar de estas obras públicas. En la actual administración, el ejército se ha convertido en una de las principales empresas constructoras de obra pública, con el aeropuerto Felipe Ángeles, cerca de Ciudad de México, tramos del Tren Maya o las sucursales del Banco del Bienestar. 

Aunado a esto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aprovechó su discurso por el aniversario de la Revolución mexicana para “invitar a todos los mexicanos a unirnos al proyecto de nación del presidente de la República”, incumpliendo con su deber de lealtad institucional y dejando abierto el debate sobre el papel de las fuerzas armadas en México.  

Todas estas señales, en mi opinión, son la mayor amenaza a la democracia mexicana y estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la responsabilidad histórica de poner un alto a este proyecto de militarización antidemocrática.