La Estrategia Digital Nacional y el combate a la corrupción

La Organización de Estados Americanos define al gobierno electrónico como: “el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana”.

En septiembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021 -2024 (EDN). En su apartado introductorio, el acuerdo señala que: “se trata de aprovechar la tecnología como un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad; lo que permite combatir la corrupción y aumentar el bienestar social, siempre asegurando los derechos y el bienestar de las personas”.

La EDN se apega a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y programas que derivan de él, como lo es el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública. La ejecución y seguimiento de dicho programa está a cargo de las secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República. Sobre este programa se publicó el documento Avance y resultados 2020, dentro del cual se da cuenta de que:

Se reportaron mil 606 alertas dentro del sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, plataforma que sirve como mecanismo de participación ciudadana para advertir sobre faltas administrativas graves como cohecho, peculado y desvío de recursos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió 23 mil 608 denuncias por medio del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec), herramienta que funciona las 24 horas los 365 días del año.

Sin embargo, el reporte adolece de claridad para informar el resultado de estas denuncias y alertas, en cuanto a estas últimas refiere que se implementaron medidas de protección en 11 casos para garantizar la integridad de las personas alertadoras y, en cuanto a las denuncias, señala que se concluyeron 301 expedientes, de los cuales 78 fueron devueltos a la Fiscalía General de la República (FGR), y seis fueron remitidos a otros Órgano Interno de Control (OIC) a fin de evitar duplicidades o resoluciones contradictorias.

Desde la la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, aplaudimos la existencia de herramientas digitales que faciliten la denuncia de actos de corrupción, al tiempo que resaltamos la necesidad de que se informe y transparente la eficacia de las mismas, pues el documento no nos dice qué ha pasado con el resto de las denuncias y alertas, por lo que no se puede saber si se está logrando el objetivo de combatir la impunidad en actos de corrupción.