Rigurosa inconsistencia

La frase es añeja: “se obedece, pero no se cumple”. Desde el medioevo español, la aplicación de una ley considerada injusta, contradictoria con respecto al derecho o fuera de procedimiento, podía suspenderse hasta su revisión para eliminar incongruencias. No se trataba de una rebeldía frente a la Corona, sino de un recurso para informarle sobre los defectos de la ley. La Corona corregía donde era apropiado y la suspensión desaparecía. Durante la colonia, los criollos usaban la fórmula en el mismo sentido, si bien después su uso se interpretó, en efecto, como un acto de rebeldía de los habitantes del Nuevo Mundo frente a la sede imperial.

Las decisiones recientes en torno a la industria eléctrica mexicana parecen dirigirse tarde o temprano hacia un destino similar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto mediante un procedimiento muy discutido entre expertos legales que la nueva ley de la industria eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados el año pasado no es inconstitucional, mientras la Cámara de Diputados ha decidido que una reforma que disminuiría la incongruencia entre la constitución actual y la nueva ley eléctrica no procede. Y la burocracia del gobierno federal ha observado la ley aunque sin cumplirla, no por una evaluación de inconsistencia técnica, sino por la alineación ideológica de las comisiones autónomas con el gobierno. El resultado es un marco legal y de política pública apto para confundir a propios y extraños, fértil para el cultivo de amparos por doquier. Se obedecerá a la autoridad, pero las inconsistencias del marco legal la terminarán alcanzando.

Se dice que una democracia es iliberal cuando cumple con los procedimientos más no con los requisitos mínimos sustantivos de una democracia. Puede respetarse el resultado electoral, pero llegarse a él mediante intimidación o cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos, incluido el de organizarse y expresarse con libertad. El veredicto de los votos es legal mas no democrático en un sentido amplio.

La marcha hacia una democracia no plena tiene efectos en el sector energético. Por un lado, dependiendo de a quién se dirija la pregunta, estamos frente a un régimen de inversión en el sector eléctrico abierto pero iliberal, o legal pero injusto, o liberal pero cerrado, o justo pero inefectivo, o lo que aplique según la semana en curso. Lo cierto es que en el papel se permite la inversión privada, pero en los hechos esta enfrenta hostigamiento constante.

Por otro lado, quienes se expresan o votan en contra de las políticas del gobierno son ominosamente señalados desde el poder como traidores a la patria y advertidos de que sus nombres y rostros se harán públicos. El procedimiento es por supuesto más cercano al de la Santa Inquisición, la revolución cultural maoísta o de cualquier otro ejercicio totalitario que al de una consolidación democrática. El gobierno niega la pluralidad de un país con cerca de 130 millones de habitantes y la reduce a un anticuado conflicto binario entre buenos y malos, liberales y conservadores.

Ni la ley ni la política están pues alineadas para ampliar la capacidad del sector energético, justo cuando más se le requiere. Atender a una población creciente, apoyar a una economía que debería crecer más rápido y facilitar la adaptación a un mundo en transformación son funciones que día con día, metódicamente, se alejan de las aspiraciones del país.

Ajustar a un sector tan complejo como el energético al pensamiento único es una receta para el fracaso. Como mínimo, el líder va perdiendo información valiosa, aunque contraria a su posición, que le serviría para tomar decisiones útiles. Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, notó hace tiempo que las grandes hambrunas de la historia no han ocurrido en las democracias. La razón tiene que ver más con la manera en que fluye y se agrega la información hacia el gobierno que con el modelo económico, aunque este también juega un papel. Los gobiernos autoritarios inhiben el flujo y la calidad de información que reciben. Sin una prensa libre y partidos políticos de oposición, es más difícil que se enciendan las alertas a tiempo.

En el sector energético, la alarma final suena cuando falta combustible en las gasolineras, ocurren apagones y suben los precios. Estos eventos son evitables si la información fluye a los tomadores de decisiones y las señales de precio funcionan. Bajo el entorno actual, ninguna de las dos condiciones se está cumpliendo. Una política que confunde seguridad energética con estatismo y soberanía crea un filtro interpretativo que impide ver a las inversiones privadas como complemento de las públicas. Eso sí, con rigurosa inconsistencia.