Se deben acatar los mandatos judiciales

Las leyes que emanan del Congreso son normas que regulan y buscan dar orden y estabilidad a la vida en sociedad. Para quienes son personas servidoras públicas, obedecer y observar los mandatos jurídicos no es opcional ni queda a criterio personal. Los funcionarios públicos, más que cualquier otra persona, deben cumplir nuestro marco jurídiconacional. 

Por esto, resulta paradójico e incongruente, por decir lo menos, que el gobierno federal pretenda, como ya lo ha hecho en muchas otras ocasiones, desacatar una resolución judicial que suspende la obra en el tramo 5 del Tren Maya.

Ante esta flagrante violación al Estado de Derecho y a los principios de legalidad y certeza jurídica resulta un acierto la negativa del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, respecto a no revocar la suspensión que ordenó detener de manera inmediata la destrucción ambiental y arqueológica que se está generando.

Sobre las aseveraciones vertidas desde el púlpito presidencial, respecto a que detrás de la suspensión de las obras del Tren Maya se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, pseudoambientalistas y conservadores, es fundamental que el titular del Ejecutivo federal se conduzca, solopara variar, con prudencia. 

No estamos en contra, por sí mismo, de la construcción del Tren Maya, sino que se deben encontrar las mejores condiciones y opciones para realizarse, contrario a como se ha hecho hasta ahora. Desde el inicio se ha hecho todo mal, se simuló una consulta y se arrancó la obra sin los estudios de impacto ambiental. Si el gobierno federal canceló el aeropuerto en Texcoco con el pretexto de –supuestamente– salvar un lago, resulta contradictorio que se rehúse a modificar el proyecto para salvar la biodiversidad e identidad cultural en la región.

Es primordial que las autoridades responsables respeten nuestras leyes y el mandato judicial y acaten la suspensión del tramo 5, manteniendo las cosas en el estado en que se encuentran. De no seguir esta resolución del Poder Judicial se podría ordenar la destitución de los servidores públicos en desacato e inclusive dar vista a la autoridad ministerial, porque se estaría cometiendo un delito tipificado en la Ley de Amparo con una pena de hasta nueve años.

Respecto al acuerdo que catalogó dicha obra como de seguridad nacional es menester recordarle al presidente que ningún acto administrativo puede estar por encima de la ley, por lo que debe ser el Poder Judicial quien determine la viabilidad del proyecto.

Catalogar una obra como de “seguridad nacional” para poder realizarla a capricho, sin contar con todos los requisitos requeridos o en plena opacidad, es una actitud propia de gobiernos autoritarios. Es fundamental aprender y no repetir los errores, como los que causaron el desplome de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, ya que entre otros vicios se inauguró apresuradamente con base en tiempos político-electorales, provocando la muerte de 26 connacionales.

Es necesario realizar una obra de calidad en donde participen científicosespecialistas, sociedad civil, así como las personas que viven y trabajan en las zonas afectadas por la obra.