El IEPS va en contra del derecho fundamental a la conectividad y al acceso a la información. La eliminación del impuesto en el Paquete Económico 2023 demostraría el honesto interés del gobierno por cumplir su promesa.
Foto: John Schnobrich en Unsplash.
El derecho a la conectividad constituye uno de los derechos humanos y libertades fundamentales sentados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada el 2 de Julio de 2018 se analizó y afirmó que los mismos derechos que se tienen fuera de línea se deben tener en la vida conectada. El internet es una herramienta imprescindible para el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad digital, independientemente de las fronteras, de forma abierta y global, actúa además como fuerza motriz de la aceleración, el desarrollo y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En México, las telecomunicaciones están gravadas como un producto de lujo. Además de estar cargadas con el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se les integra un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 3% adicional.
Según el análisis del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), “el impacto económico para los usuarios de servicios de telecomunicaciones por la carga adicional al IVA que representa el IEPS ascendió en 2021 a un total de 6 mil 487 millones de pesos, de acuerdo con los reportes en materia de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, durante el primer semestre de este 2022, el golpe a los bolsillos de los usuarios mexicanos por mantener una carga adicional a servicios públicos de interés general alcanzó la cifra de 3 mil 405 mdp”.
El principal afectado como siempre es el consumidor. El sobreprecio de los servicios de telecomunicaciones le impide contratar servicios o adquirir productos de una gama mayor, debido a la afectación que este gravamen adicional trae a su bolsillo.
A pesar de que las firmas tecnológicas han creado una nueva clasificación de dispositivos de gama baja y media que tienen funciones más avanzadas para facilitar la conexión a internet, la gran mayoría de la población en México se mantiene en equipos de gama baja que los imposibilitan a la conectividad y excluyen su participación en la economía digital, así como de actividades académicas, laborales, sociales y de entretenimiento.
La pandemia demostró reiteradamente la necesidad que tenemos a la conectividad para sobrevivir económicamente, comunicarnos y mantener nuestras actividades. El IEPS va en contra del derecho fundamental a la conectividad y al acceso a la información.
La restricción al acceso a internet resulta en la negación a la libertad de opinión, de expresión y a la participación democrática para la toma de decisiones que afectan el desarrollo las personas desconectadas.
El acceso a la conectividad y, por ende, las tecnologías de la información y la comunicación es un derecho humano internacional que atañe a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de género ni de cualquier otra forma de discriminación, por lo que su promoción constituye una herramienta para el desarrollo de cada comunidad y el ejercicio de sus derechos humanos.
La eliminación del IEPS en el Paquete Económico 2023 demostraría el honesto interés del gobierno por cumplir su promesa de conectividad y apoyo a la economía de todos los mexicanos.
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