Sobre los desafueros de Cabeza de Vaca y ‘Alito’

El primer paso para diseñar instituciones que no permitan la corrupción o fomenten la impunidad debería consistir en revisar la forma que estén diseñadas. Eso no es algo menor, pues posiblemente fueron concebidas para que no funcionen adecuadamente, o quizás no en todos los escenarios de dispersión de poder.

Lo anterior viene a cuento especialmente en un procedimiento que se pensó para mantener la autonomía de un órgano legislativo, pero que hoy sirve como patente de corso para la clase política, cuando no una herramienta de control y chantaje a manos de una mayoría: lo que llamamos declaración de procedencia o “desafuero”.

En casi todas las democracias, este proceso sirve para proteger a personas legisladoras que han sido acusadas por razones políticas, con el fin de resguardar el quórum. La prerrogativa se encuentra sujeta a algunas limitaciones: no suele operar fuera de los periodos de sesiones, no aplica en delito flagrante, solo se solicita por pena corporal por un plazo que va de entre tres a cinco años como mínimo, y si la presidencia de la mesa directiva no declara sobre la procedencia o no en un plazo que va de uno a dos meses, se considera a la persona entregada a la justicia.

Al contrario, en México esta protección se concibió a manera de control político: opera para todo cargo público a nivel federal o local, y si un partido o coalición tiene la mayoría de la Cámara de Diputados, se convierte en un instrumento de chantaje. En contraste, si no hay mayoría, solamente opera bajo criterios políticos, en detrimento de la culpabilidad o inocencia de la persona indiciada. 

Los dos más recientes procesos, el efectuado contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el iniciado contra el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, muestran las fallas.

Si se desea iniciar un “desafuero” contra una persona servidora pública en los estados, la Cámara de Diputados levanta la inmunidad y la respectiva legislatura local ratifica. Así se fugó en su momento la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, aprovechando ese lapso. En el caso de García Cabeza de Vaca, la Suprema Corte de Justicia confirmó la semana pasada que el gobernador mantiene la inmunidad, toda vez que el Congreso de Tamaulipas no confirmó la pérdida de la inmunidad. La decisión es consistente con la norma constitucional, pero eso no debería ser excusa para no revisarla.

En el caso de “Alito”, es poco relevante si es inocente o culpable si Morena y aliados controlan el pleno. La presidencia de la Mesa Directiva es un agente de partido, y el dictamen sobre la solicitud de procedencia lo hace un órgano que toma decisiones por criterio políticos antes que técnicos: la sección instructora. ¿Qué pueden hacer el PRI, el PAN y el PRD? Ejercer su derecho al pataleo.

Con lo anterior, viene la pregunta de los 64 mil pesos, indexada: ¿podrá “Alito”, o alguna otra persona compañera mártir presente o futura, aprovechar este tipo de abusos para ganar popularidad? Difícilmente: en el caso de Andrés Manuel López Obrador en 2005, se le percibía como honesto, promotor de causas justas y a quien la “mafia del poder” quería tirar a la mala. En el caso del priísta, la ciudadanía ve que por primera vez un carnicero se convierte en res.

¿Qué hacer? Hay propuestas para reformar los procedimientos de declaración de procedencia y juicios políticos según estándares internacionales, de tal forma que no fomenten impunidad. Sin embargo, ningún partido está dispuesto a hablar en serio del tema, pues perderían atribuciones. Es más: las iniciativas que han presentado no solo parten del desconocimiento del tema, sino que son meramente simbólicas, en el mejor de los casos.

Si nadie en la clase política hablará del tema, es hora de responsabilizarnos, pensar, y presionar.