Opinión

Proponen la categoría desaparición por género en México

La propuesta de Ivonne Roldán de crear la categoría deaparición por género podría tener un impacto tan relevante como lo fue la creación del término feminicidio por Jill Radford en Estados Unidos y Marcela Lagarde en México

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México es un país que vive una crisis sin precedentes de desapariciones forzadas en todo su territorio: al día desaparecen en promedio 32 personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Por eso, Ivonne Roldán León, doctorante en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana, propone crear la categoría socio-jurídica ‘Desaparición por género’, para que se estudie el fenómeno como una violencia específica, equiparable a lo que el feminicidio es al homicidio.

La propuesta surge en un contexto que demanda acciones urgentes: hasta mayo de 2023 se registró un total de personas desparecidas de  4,787, de las cuales 3,302 son hombres (68.98 %) y 1,479, mujeres (30.90 %) y mientras que de 6 % no se conoce su género.

Sin embargo, hay dos factores a considerar a raíz de estas cifras: en las mujeres se observa un aumento en la frecuencia de desaparición entre las edades de 15 a 19 años, lo que puede estar relacionado con la trata de personas, de hecho, el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2022 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestra desafortunadamente que las mujeres siguen representando la mayoría de las víctimas detectadas en Norteamérica y las niñas, en Centroamérica y el Caribe.

Otro elemento relevante a considerar es la cifra negra en este delito, que a su vez se debe a dos motivos: las personas no denuncian  por temor a que lastimen a su hija o familiar desaparecida porque autoridades pueden están vinculadas y también la negligencia institucional de funcionarios que catalogan -deliberadamente o no- mal las denuncias pues aseguran, sin investigación de por medio, que no se tratan de desapariciones forzadas sino de ausencias voluntarias lo que pierde tiempo valiosísimo para su aparición.

En entrevista, Roldán explicó que el impacto de esta nueva categoría busca incluir tres esferas relacionadas con la desaparición y búsqueda de mujeres: las instituciones, comunidades y las familias, así como los sesgos patriarcales que entorpecen los trabajos de búsqueda y que imposibilitan las labores de prevención.

La primera esfera se refiere a que pese a los avances de mecanismos para la búsqueda oportuna de personas como la Alerta Alba, las autoridades reproducen violencia institucional cuando dicen “es que se fue con el novio y al rato regresa”, o al perder sus expedientes o al no brindar atención expedita a familiares, la segunda a que cuando una mujer desaparece, la comunidad suele enunciar ideas basadas en prejuicios de género que justifican su desaparición, lo que provoca que las familias abandonen la búsqueda.

Y en tercera instancia, para la incorporación de esta categoría jurídica no sólo en códigos penales, sino en el conocimiento que la sociedad debe tener sobre la violencia de género se debe entender que la desaparición de la mujer es específica porque cuando una mujer desaparece obedece a factores relacionados con su género: las células del crimen no son siempre quienes las desaparecen, si no sus parejas que en ese manto de impunidad piensan que su crimen puede desaparecer entre todos los delitos de alto impacto que se registran en México.

Por supuesto, si tienes una tasa de homicidios de 24.5 por cada 100 mil personas (Índice de Paz México 2023) es un caldo de cultivo perfecto para que cuando haya una desaparición se quede impune y que todas las partes incluidas las familias, asuman que fue el crimen organizado, así en abstracto, y no su pareja o conocidos que suelen ser quienes más perpetran feminicidios.

Esta categoría también podría impulsar nuevos mecanismos de búsqueda, sobre todo especializados dependiendo en qué regiones de México se reporta la desaparición de mujeres. De acuerdo con El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., 56.13% de los casos reportados en todo el país se encuentran en Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México (cerca del registrado corredor de trata de personas que incluso pasa por Tlaxcala), Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero (entidades con grande de células delictivas vinculadas con el narcotráfico).

Aunque la desaparición forzada en México es un problema general, se requiere de perspectiva de género para prevenirlo y atenderlo.

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