El inconveniente menos inconveniente

Las inundaciones de octubre de 2007 y 2020 han quedado grabadas en la memoria de Tabasco. En las fotografías, los videos y las anécdotas aparecen personas resguardadas en los techos de sus casas, negocios fuera de operación, escuelas sumergidas, hospitales que dejaron de serlo. En 2007 el agua colapsó prácticamente a la ciudad entera de Villahermosa y a municipios cercanos, notablemente a Centla. En 2020 el agua fue inmisericorde sobre todo con los municipios de Nacajuca, Jalpa y, nuevamente, Centla.

Expertos y legos aportaron sus explicaciones sobre la magnitud de los daños por las inundaciones. Nadie dudó la obviedad, faltaba más, de que las abundantes lluvias fueran la causa principal. ¿Se debieron al cambio climático o simplemente a los caprichos de la suerte? No hay respuesta definitiva.

Pero la discusión más interesante, por compleja, comenzó en donde la naturaleza cedió su papel protagónico a los tomadores de decisiones. Las lluvias en la cuenca del río Grijalva amenazaron la integridad del sistema de presas hidroeléctricas de la zona, Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. En ambos casos, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, asesorado por CONAGUA, y con el apoyo del presidente, decidió desfogar la presa de Peñitas. El agua corrió, los campos y los pueblos se inundaron, los ahorros se esfumaron, la vida fue todo menos que cotidiana y las esperanzas quedaron interrumpidas.

La corrupción, la incompetencia y su cercana compañera la negligencia, fueron mencionadas como otras protagonistas. Si los funcionarios locales y estatales hubieran hecho su trabajo, la selva no se hubiera deforestado a tan elevado ritmo ni por lo tanto el agua hubiera corrido como lo hizo. Si los alcaldes hubieran procurado los principios de planeación urbana, la multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de riesgo hubiera sido menor. Si los expertos de CFE y CONAGUA hubieran tomado medidas preventivas ante las noticias meteorológicas y si tan solo hubieran evitado “errores de cálculo” (como lo argumentaron en 2020) respecto del volumen adicional que recibirían las presas como resultado de las lluvias abundantes, la presión sobre el sistema de presas hubiera disminuido.

Cualquiera que haya sido la causa, dos decisiones fueron ineludibles. La primera, quizá la menos difícil, pero de todos modos sumamente desagradable y triste, fue decidir en ambos episodios el desfogue de la presa. Predominó implícitamente el criterio utilitario de Bentham, el de afectar a la menor cantidad de gente (o buscar el beneficio neto mayor) y, de paso, preservar la integridad de la presa y su capacidad de generar electricidad.

El dilema todavía más serio llegó con la segunda decisión: ¿a quiénes inundar más?

En 2007, todo indica, el cálculo no previó un escenario de este tipo. El director general de CFE argumentó que el desfogue de la presa fue en realidad pequeño comparado con la enorme magnitud de las lluvias que llegaron al estado. Con o sin desfogue, pareció sugerir, el desastre en Villahermosa y gran parte del estado hubiera ocurrido.

En 2020, con el registro de la experiencia de 2007 en el trasfondo, el presidente explicó su entendimiento del dilema y cómo lo resolvió. El domingo 15 de noviembre observó: “Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera…Desde luego, esto perjudicó a la gente de Nacajuca, pueblos chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión”. Al día siguiente, abundó: “si no cerrábamos esa compuerta que se llama ‘El Macayo’, Villahermosa se hubiese inundado completamente, entonces también estábamos hablando de más gente afectada… Esa compuerta, que no se cerraba en 12 años, se cerró para quitarle agua a Villahermosa y esto significó más agua por el río Samaria que va hacia la zona baja (de Tabasco), que son las zonas de las comunidades indígenas”.

Nuevamente el criterio aparente de la decisión fue el utilitario de salvaguardar a una mayoría. Algunos comentarios de ese episodio sugirieron otras interpretaciones (y condenas) sobre las prioridades del gobierno: favorecer a las zonas urbanas antes que, a las rurales, poner a los ricos antes que a los pobres (en contra del discurso oficial), privilegiar a los descendientes de europeos y mestizos sobre las comunidades indígenas.

Discriminar entre grupos es inherente a las decisiones de política pública, sea en decisiones como las anteriores o en la asignación del gasto público entre múltiples opciones. Lo difícil es fijar el criterio ético para decidir. ¿Quiénes van primero? ¿Las mayorías, las minorías, las ciudades, las centrales de generación eléctrica, los animales de los ranchos ganaderos, los ricos, los pobres, los blancos, los mestizos, los indígenas, la generación de hoy o la de mañana, los seres humanos a secas? ¿Y si la decisión, como en el ejemplo de 2020, no permite una separación perfecta entre estos atributos? ¿Cuál es el inconveniente menos inconveniente?