Presidencia pide que el ministro Laynez se excuse de revisar extinción de fideicomisos

La Presidencia de la República busca evitar que el ministro Javier Laynez se haga cargo de la acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), al tiempo que retrasa el trámite de dicho juicio en la Suprema Corte de Justicia. 

María Estela Ríos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, pidió el jueves que Laynez se excuse de seguir conociendo de la acción 214/2023, promovida por senadores de oposición para invalidar la reforma legal que elimina fideicomisos judiciales que suman 15 mil 800 millones de pesos.

La Corte no ha notificado si Laynez ya admitió a trámite la acción, pero el Ministro no podrá seguir realizando actuaciones en ese expediente hasta que se aclare la supuesta excusa.

Previamente, Laynez fue el instructor en la controversia que eliminó el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por el gobierno, y ha sido un voto consistente en el bloque mayoritario que ha anulado varias reformas inconstitucionales.

Plantear impedimentos o excusas, sin importar si existe alguna razón sólida para argumentar que el juez no será imparcial, es una de las tácticas dilatorias más recurridas.

En el caso de los fideicomisos, la estrategia del Ejecutivo busca retrasar el trámite de esta acción, que puede llevar a la invalidez total de la reforma a la Ley Orgánica del PJF, y por la otra, presionar a la Corte para que revoque las suspensiones que varios jueces federales ya han concedido para detener la extinción de los fideicomisos, en amparos promovidos por personal judicial.

El pasado miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encomendó al ministro Javier Laynez Potisek analizar si admite a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al mismo tiempo, el máximo tribunal se negó a atraer el primer amparo promovido en contra de esta medida.

Luego de que se promulgó la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que ese dinero se destinara a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, lo que en principio fue aceptado por Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Sin embargo, días después la ministra respondió que sería necesario que primero se resolvieran los amparos promovidos en contra de los cambios a la Ley Orgánica del PJF.

Al respecto, la Consejería Jurídica de la Presidencia pidió que la SCJN atrajera el primero de estos amparos, pero el máximo tribunal le respondió que esto no será posible. “Esta Suprema Corte de Justicia carece de atribuciones para conocer de juicios de amparo indirecto en primera instancia“, señala el acuerdo publicado en los estrados de la SCJN, firmado por Norma Piña.