¿Qué pidieron obispos a los 3 candidatos a la presidencia?

Obispos del país lograron que los tres candidatos a la presidencia firmaran este lunes un “compromiso por la paz“, que consiste en estrategias para mejorar la seguridad pública en el país.

De los tres, sólo Sheinbaum se distanció de las propuestas y el diagnóstico, pues dijo que ‘no comparto la evaluación pesimista del momento actual’.

El documento está dividido en siete ejes: tejido social; seguridad; justicia; cárceles; adolescentes; gobernanza y derechos humanos.

En materia de seguridad, los obispos llamaron a “promover la desmilitarización paulatina de las funciones de seguridad con base en el análisis riguroso y evaluaciones del actuar de las Fuerzas Armadas en materia de las políticas de seguridad pública, buscando que la Guardia Nacional se construya como un cuerpo civil (no militar) profesional, con capacidades y recursos adecuados a sus funciones”.

Además, llamaron a “diseñar y ejecutar una estrategia nacional de desarme y control de armas que contemple registros confiables y actualizados; mecanismos de coordinación para el control, aseguramiento y rastreo de armas de fuego; y programas de desarme focalizados y basados en evidencia”.

Así mismo, piden “construir estrategias para atender los municipios más violentos del país a través de una coordinación entre ejército, guardia nacional, policías estatales, programas sociales efectivos, incluyendo a la sociedad civil con mecanismos claros para fortalecer la institucionalidad local en las tareas de seguridad”.

A nivel municipal, proponen implementar mecanismos y procesos de certificación policial, otorgada por expertos externos en la materia y en colaboración con las dependencias públicas de seguridad de nivel municipal.

Además de mejorar las condiciones laborales de las policías municipales a través de la implementación de modelos de financiamiento sostenible para aumentar los beneficios de la policía local, con el respectivo monitoreo y evaluaciones periódicas.

En ese sentido, plantean formar consejos municipales de seguridad con la participación de instituciones de gobierno y representación territorial y sectorial de la ciudadanía, con mecanismos para evaluar y construir estrategias de seguridad locales.

Sobre el tejido social, propusieron cuatro estrategias:

1. La recuperación y desarrollo de las capacidades de las unidades familiares y de los colectivos sociales para formar individuos que valoren la vida, la integridad y la dignidad de las personas con una perspectiva de cuidados y paz.
2. La atención prioritaria a las víctimas para que accedan a la verdad, la justicia, la reparación del daño, recuperen sus condiciones de vida y se incorporen sin estigmas a sus comunidades.
3. La reintegración de las personas involucradas en actividades delictivas en calidad de víctimas-victimarios a sus familias y comunidades.
4. La utilización de las nuevas tecnologías para contrarrestar los efectos en la convivencia pacífica y respeto por la vida que provoca su abuso y mal uso especialmente entre las infancias y las juventudes.

En materia de justicia, los obispos recomiendan un “mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Adicionalmente una Comisión Nacional e Independiente de Verdad“.

En ese sentido, sugieren “la creación de una robusta carrera profesional para ministerios públicos, policías ministeriales y peritos”.

En el tema de cárceles, pugnan por “retomar el control de los centros penitenciarios, dado que la falta de recursos y el abandono que crónicamente ha padecido el sistema penitenciario, propicia la corrupción por parte del personal y la toma del poder de facto por parte de grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad y la gobernabilidad de dichos centros pudiendo llegar a cobrar la vida de funcionarios, custodios y de los propios internos”.

En cuanto a gobernanza, los obispos buscan “impulsar un pacto que nos comprometa apegarnos a un estado de derecho. Garantizar la supremacía de las leyes como norma de convivencia y fundamento de un estado de derecho”.

Sobre derechos humanos, piden considerar la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda y Programa Nacional de Exhumaciones para establecer una ruta de trabajo que contenga metas concretas de la administración.

Y también “establecer un trabajo coordinado entre todos los actores que deberían invervenir en la búsqueda y localización: fiscalías, institutos de ciencias forenses y la comisión nacional de búsqueda con mecanismos de vigilancia y rendición de
cuentas”.

En la elaboración del documento participaron “iglesias, sociedad civil, víctimas, indígenas, migrantes, universidades, empresas y colectivos para identificar necesidades y recursos locales y, a partir de los territorios y las comunidades, desarrollar estrategias conjuntas para el tejido social, justicia, seguridad, cárceles, gobernanza y adolescentes”.

Consulta aquí el documento íntegro: