Los 32 gobernadores piden a la SCJN no eliminar la prisión preventiva oficiosa

Gobernadores de los 32 estados del país pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la prisión preventiva oficiosa, y alertaron sobre los efectos que representaría su desaparición.

A través de un amicus curiae (amigos de la Corte) presentado en el buzón judicial de la Corte el pasado 26 de abril los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno del país.

Señalaron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa se aplicaría a quienes están siendo juzgados por delitos de alto impacto “y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves”.

Los mandatarios estatales emanados de distintos partidos políticos argumentaron que la figura es parte de una política nacional de combate al crimen que posibilita un adecuado proceso penal, protegiendo a las víctimas, la no impunidad y la reparación de los delitos.

“Hacemos un llamado para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables”, expresaron.

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara el año pasado a México la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares internacionales, los gobernadores solicitaron a la ministra presidenta Norma Piña mantener la “supremacía constitucional” sobre cualquier norma internacional.

“(Esto) con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”, señalaron los gobernadores.