Al menos dos de esas reformas son constitucionales por lo que requerirían de los votos de dos terceras partes del Congreso.
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien acordó impulsar diferentes reformas.
Entre ellas se acordó impulsar la reforma constitucional de la modificación del artículo 33 constitucional para no expulsar a extranjeros por motivos políticos; la ley de aviación civil y aeropuertos; y la iniciativa para reducir la edad a 18 años para poder ser diputado.
Sobre la primera de estas reformas, Adán Augusto López comentó que “el espíritu es que haya pleno respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión… que nunca más haya un perseguido en el país y mucho menos la amenaza de expulsión o inicio de un procedimiento contra un extranjero que hace uso de su derecho a expresarse, esté o no de acuerdo con nosotros, debe tener plena libertad para expresarse”.
López Hernández adelantó que el próximo sábado acompañarán al presidente Andrés Manuel López Obrador en el acto que encabezará en el zócalo capitalino con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera.
La reforma para que extranjeros opinen de política y la que busca reducir la edad para ser diputado son constitucionales, por lo que se requeriría de dos terceras partes de los votos del Congreso, es decir mayoría calificada.
En el caso de la de extranjeros, fue presentada a inicios de este mes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para modificar el artículo 33, por el que actualmente se permite deportar a extranjeros que opinen de cuestiones políticas en México.
Aunque el cambio básicamente radica en que las expulsiones sólo ocurrirían bajo el argumento de que la persona constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional.
La reforma del artículo 33 quedaría de la siguiente forma: “Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución, por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley llevado a cabo ante autoridad competente, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuano se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional“.
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